El pasado 13 de enero se produjo un hecho difícilmente compatible con el respeto a las víctimas. En el contexto de los actos conmemorativos del bicentenario de la Policía española en Gasteiz se llevó a cabo un homenaje a los agentes muertos en atentados de ETA, entre ellos el inspector de la Brigada Político Social Melitón Manzanas, colaborador obsequioso del nazismo, destacada pieza del franquismo y responsable directo de las torturas sufridas por cientos de ciudadanos vascos.

La afrenta, salpimentada con una rancia parafernalia policial y en presencia del delegado del Gobierno español, Denis Itxaso, la alcaldesa Maider Etxebarria y el edil del PNV Iñaki Gurtubai, apenas provocó algunas protestas en las redes sociales por parte de particulares, grupos memorialistas e izquierda independentista.

A cincuenta kilómetros de la Plaza Nueva gasteiztarra una manifestación recorrió por la tarde el centro de Bilbo para pedir el fin de las políticas de excepción contra los presos y presas, una cita que cosechó una respuesta multitudinaria, acorde a la posición que mantiene la sociedad vasca en este tema. La exitosa movilización se saldó, sin embargo, con una campaña de acoso a una de las personas que portaron la pancarta, Itziar Ituño.

La actriz basauriarra sufrió un linchamiento que tuvo como colofón el cese de la colaboración con un concesionario de BMW y la retirada por parte de Iberia de un anuncio con ella como protagonista.

Llueve sobre mojado, ya que Ituño ha sido objeto de insultos y amenazas en otras ocasiones, pero la virulencia en su contra fue sobrecogedora, y es resultado de una agenda ultra que lleva tiempo condicionando la actividad polí- tica de este país, en concreto, los esfuerzos tendentes a restañar heridas y superar las consecuencias del conflicto.

Colectivo de víctimas o lobby

Poco antes, Pirritx, Porrotx eta Marimotots fueron igualmente puestos en la diana, y Joxe Mari Agirretxe, que interpreta al carismático payaso bigotudo, ha llegado a ser investigado por la Ertzaintza. Un video elaborado para mostrar su adhesión a la citada convocatoria de Sare fue denunciado en las redes por Covite, y una legión de energúmenos les saltaron al cuello.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo es punta de lanza de una estrategia que señala a quien discrepa del discurso oficial y preponderante, no en Euskal Herria, donde muchas de sus declaraciones parecen antediluvianas, pero sí en Madrid, donde gran parte de los medios y la derecha política le hacen de caja de resonancia.
El grupo que lidera Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, edil donostiarra del PP muerto en atentado de ETA en 1995, mantiene una actividad frenética, centrada en gran medida en denunciar todo tipo de actos en solidaridad con los presos y presas.

Si alguien teclea en Google «Covite denuncia», las decenas de miles referencias que aparecen son ejemplo de su celo en el trabajo. El problema, sobre todo para los destinatarios de esas denuncias, es que más que salvaguardar el respeto a las víctimas su labor tiene un componente mucho mayor de censura y de señalamiento.

Ese colectivo lleva años ejerciendo de lobby político, pues de carácter político son la mayoría de sus críticas y demandas. Ejemplo de ello es su valoración de la investidura de Joseba Asiron en Iruñea, cuando desde la red social X afirmó que «EH Bildu no es rechazable solo por su pasado, también por su presente y futuro».

Con todo, esta y otras afirmaciones del mismo tenor, aun con su rancio reflujo, no dejan de expresar una opinión. El salto se produce cuando se pasa a la denuncia concreta, con más ímpetu que rigor y con bastante mala fe.

¿466 actos de apoyo a ETA?

Ocurrió, por ejemplo, cuando a principios de año “informó” de que en 2023 había registrado «466 actos de apoyo a ETA».

En una nota generosamente difundida por los medios y sobre la que llegaron a editorializar “El Correo” y “Diario Vasco”, calificaba de «actos de apoyo explícito a ETA y a sus terroristas» movilizaciones totalmente legales, como las desarrolladas en favor de los presos, y abría un cajón de sastre donde metía la «aparición de pintadas y pancartas», «homenajes públicos a etarras muertos» o «fiestas populares celebradas específicamente para enaltecer a ETA».

Por supuesto, cualquiera que conozca la realidad de este país sabe que el año pasado no hubo cerca de medio millar de actos de «apoyo explícito a ETA», pero la nota regaló jugosos titulares a quienes buscan asentar un determinado marco de opinión en el Estado.

Cualquiera que conozca la realidad de este país sabe que el año pasado no hubo cerca de medio millar de actos de «apoyo explícito a ETA», pero la nota regaló jugosos titulares a quienes buscan asentar un determinado marco de opinión

Además, ese documento señalaba que «cada vez más, es Sortu como partido político quien organiza todos estos actos de legitimación pública de ETA y de sus terroristas».

Es una afirmación que va más allá de la opinión y que puede tener consecuencias indeseables –o ha vuelto a poner de manifiesto el juez García Castellón hace unos días–. Acusar a alguien de celebrar actos «de legitimación pública de ETA» no es cualquier cosa.

«Las instituciones públicas tienen la obligación de actuar para tratar de frenar este fenómeno», azuzaba Covite en las redes sociales al hilo de la noticia. Solo habían pasado 48 horas desde la última vez que había aireado públicamente sus obsesiones. «Como cada año, los proetarras han aprovechado el fin de año para pedir la excarcelación de los etarras», apuntaba el día 2, aña- diendo que «la mayoría de actos han sido realizados por Sortu o su lobby afín, Sare».

Acompañaba la denuncia con un largo listado de videos e imágenes de movilizaciones de todo tipo celebradas durante las festividades navideñas. Mesas vacías con fotografías de presos, excursiones al monte con banderolas, concentraciones, torneos deportivos, eventos culturales aparecen señalados con el mismo lápiz rojo. «Es indignante que algunas instituciones vascas puedan actuar así con total impunidad», valoraba ante la imagen de una concentración que había sido retuiteada por el Ayuntamiento de Ondarroa.

Ocurre que no cabe hablar de «impunidad» cuando se trata de actos totalmente legales, y es incomprensible hacerlo para referirse a personas que han cumplido 20 o 30 años de condena y tienen cerca de 80 años. Pero el marco es el marco, y Covite trabaja con denuedo para asentar el suyo.

Las instituciones, a rebufo

Ejemplos así son innumerables, e incluyen, solo en enero, desde actos o mensajes en recuerdo de presos o expresos fallecidos, como José Ramón Foruria y Kandido Sagarzazu, charlas organizadas en Bernat Etxepare Lizeoa, en Baiona, o incluso el homenaje tributado a Txillardegi en el aniversario de su muerte. «La legitimación pública de ETA no cesa», valoraba ante el acto en recuerdo a uno de los grandes referentes de la lengua y la literatura vasca, protagonista también, como es sabido, de los albores de la organización armada medio siglo antes de su deceso.

A Covite le ampara, como a cualquiera, el derecho a opinar lo que le apetezca, criticar lo que le venga en gana y denunciar lo que quiera. Otra cosa es que esa labor de zapa consiga condicionar a las instituciones, causando situaciones hilarantes, y dolorosas, como la vivida en Bilbo hace meses.

A instancias suyas, el gobierno local retiró el monolito que recordaba a Jon Urzelai, tiroteado por la Guardia Civil en 1974. «Homenaje ayer en el barrio de Zorroza, en Bilbao, al etarra Jon Urcelay Imaz, asesino de Martín Duran Grande. Basta ya de legitimar a los asesinos y olvidar a las víctimas», escribió el 12 de setiembre, legitimando a los asesinos franquistas y olvidando quién era víctima en aquella dictadura.

Y el Consistorio, pese a haber usado durante años su nombre para designar el parque de Zorrotza en sus propias convocatorias, acató el mandato y hurtó a Urzelai su condición de víctima del franquismo.

No fue Covite, sino el edil del PSE Víctor Trimiño quien denunció la web Galdakao Oroimena por reflejar la situación de dos presos locales, pero sí fue ese colectivo el que subido a la ola de la polémica informó de que había otros Ayuntamientos que tenían páginas de similar carácter, e instó a las instituciones a que «ejerzan las actuaciones oportunas» para que eliminaran «toda presencia de los asesinos de ETA» en las mismas.

A pesar de que cumplían a rajatabla lo establecido en el documento “Bases y criterios para la elaboración de Informes Municipales de Derechos Humanos y Memoria Reciente (1960-2018)”, publicado por Gogora en 2018, la presión sobre los consistorios fue enorme, igual que la sufrida por Aranzadi. También desde el PNV y el Gobierno de Lakua. La Sociedad de Ciencias acabó pidiendo que se desactivaran las páginas memorialistas.

«Si no se desvinculan de la izquierda abertzale...»

El 9 de enero Ordoñez se reunió con representantes de Lakua para expresarles su «preocupación» porque «hay presos etarras que están accediendo al tercer grado que no están arrepentidos». Según publicó al respecto “El Correo”, la presidenta de Covite argumentaba que «si no se desvinculan de la izquierda abertzale, está claro que no están arrepentidos». Dicho de otro modo, ningún preso que exprese su cercanía o simpatía con la izquierda abertzale debería acceder al tercer grado.

Y tampoco deberían poder concurrir a unos comicios yendo en listas de la izquierda independentista. Fue Covite quien denunció que en las más de trescientas planchas de EH Bildu para las elecciones municipales y forales del 28M había 44 expresos. Aquello causó un tremendo revuelo que afectó a toda la campaña.

La línea que separa el necesario respeto a las víctimas y la censura política es suficientemente gruesa para atravesarla de forma tan burda, y demasiado importante para saltarla sin miedo a las consecuencias sobre la sociedad

Aquella denuncia expresaba la intención de aplicar a las listas electorales un cedazo ideológico inasumible por cualquier mentalidad democrática. Una posición inaceptable que, sin embargo, exhibe sin rubor un grupo que parece tener línea directa con el Ejecutivo español y el autonómico, y que ha mostrado su capacidad de incidir sobre ellos.

Y no debería, porque la línea que separa el necesario respeto a las víctimas y la censura política es suficientemente gruesa para atravesarla de forma tan burda, y es demasiado importante para saltarla sin miedo a las consecuencias sobre una sociedad que se esfuerza en avanzar. Guardando  (toda) la memoria, sí, pero sin hacer de ella una coartada para el rencor y el desistimiento.