Primer retrato de una relación que se augura tumultuosa: la Casa Rosada de Javier Milei y un Parlamento en el que tiene una ostensible minoría. El escenario fue la maratónica sesión de más de 40 horas, con dos recesos, en la que se debatió el proyecto de ley  ‘ómnibus’ con el que el Gobierno argentino planificaba unas reformas radicales de alma neoliberal y de desmantelamiento del Estado.

Finalmente, tuvo el paquetazo una «media sanción», como se le llama en el argot local a la aprobación de una de las cámaras mientras falta la de la otra. La de Diputados suele ser la más díscola, porque es donde las minorías están más representadas (se reparten  los escaños según la ley D’Hont), mientras que el Senado, al estilo estadounidense, representa los intereses de las provincias federadas (y sobre todo, de sus Ejecutivos, cuyo interés es poder cuadrar sus cuentas).

El sistema presidencialista y federal hace que la dinámica política sea muy diferente a la del Estado español y sus autonomías. El jefe del Gobierno muy pocas veces ostenta una mayoría propia en las Cámaras por lo que la negociación y fiscalización del poder es constante, como lo quisieron quienes se inventaron el modelo en Estados Unidos. Con una minoría tan notable de legisladores (tiene solo 39 de 257 diputados y 7 senadores de 72) el sistema se complejiza.

Conociendo esto, la Casa Rosada envió un proyecto gigantesco con material de sobra para negociar: 664 artículos en donde incluía una cantidad enorme de asuntos, desde cambios fiscales hasta permisos para privatizaciones y delegación de facultades legislativas en el Ejecutivo.

Este último aspecto fue el que más impacto ha causado en los sectores de centro y socialdemócratas con voluntad negociadora. Convertir al presidente en un virtual monarca no cae bien en un segmento del electorado que quiere cambio, pero no una tiranía neoliberal. Por eso es allí donde hubo más concesiones.

Para ganar adeptos, el Gobierno retiró la mitad de las áreas en las que pedía delegación de facultades (de 12 a 6) e hizo lo mismo con el llamado paquete fiscal (que incluía moratoria, amnistía y un cambio en las pensiones). Esto último fue pedido por el peronismo de centro vinculado a los gobernadores de las provincias más pobres (y dependientes, por tanto, de la cartera de la Casa Rosada).

Se confirmó lo que hacía unos días era un acuerdo no firmado: de las 40 privatizaciones, la más polémica (YPF, la gigante petrolera estatal y mayor empresa argentina) fue retirada del proyecto y se concedió que el Banco Nación y Arsat (la empresa de fabricación de satélites) mantengan mayoría accionaria del Estado aunque se permita la entrada del capital privado.

Milei, en su primer gran test legislativo de su breve mandato, triunfa en su estrategia de obtener la aprobación (144 «síes» y 109 «noes») de muchas medidas impensables hace dos años. La táctica de enviar un paquete gigante apenas jurar su cargo y sin miedo al coste político en las encuestas le ha resultado bastante exitosa, aunque debió dejar caer la mitad de los artículos (se da por descontado que eso lo sabía de antemano). Amenazar con convocar un referendo sobre los proyectos también ha puesto contra las cuerdas a los partidos llamados «dialoguistas».

El esquema político argentino que venía articulado hace una década en dos grandes bloques con una fuerza intermedia menor ha implosionado y la votación lo retrata. El peronismo se ha fragmentado (su sector kirchnerista ha rechazado todo, igual que los trotskistas) y lo que era Juntos por el Cambio ha volado por los aires: ahora son taifas que responden a liderazgos puntuales y regionales. El único grupo que votó a favor de todo fue el macrista PRO. La atomización de la oposición, además de su 49% de aprobación popular, es la mejor noticia para el líder ultra que no lleva todavía dos meses de gobierno.

La semana que comienza serán las votaciones en particular (la del viernes por la tarde fue sólo en general) y se esperan más cambios. Pero el próximo reto será si también logra un triunfo en el Senado.