Frente a la precarización generalizada de las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora vasca, el sindicato LAB reivindica el reparto del empleo, los cuidados y la riqueza. Se trata, así la ha expuesto este lunes en rueda de prensa el coordinador general Igor Arroyo, de una propuesta de reordenación del trabajo «que pone en el centro los trabajos de cuidados» y de «redistribución de recursos en un contexto en el que las limitaciones biofísicas del planeta se están poniendo de manifiesto».

La iniciativa de LAB parte del análisis sobre las condiciones de trabajo y vida de la clase trabajadora de Euskal Herria elaborado por la fundación Ipar Hegoa, en el que se concluye que la precarización es predominante. «La diferencia entre quienes tienen unas condiciones laborales dignas o muy buenas y quienes las tienen precarias es cada vez mayor», ha advertido Edurne Larrañaga, de Ipar Hegoa.

Así, el empleo ya no garantiza poder superar la situación de precariedad. «Cada vez más personas viven en una situación precaria; es decir que, aunque con empleo, no disponen de ingresos suficientes para garantizar una vida digna», alertan.

Mientras que el 73,3% de la afiliación a la Seguridad Social pertenece al sector servicios, en el que predomina la precariedad, se sigue sin recuperar el empleo que se destruyó tanto en el sector de la construcción como en el industrial como consecuencia de la crisis de 2008. Frente al 7,8% de afiliación al sector de la construcción en 2009, en 2023 descendió al 4,6%. En el caso de la industria, pasó del 25,4 al 21,9% en ese mismo periodo.

El informe destaca que hace tiempo que el paro dejó de ser un indicador de tendencia tanto del mercado laboral como del empleo. «A pesar del descenso del paro –ha manifestado Larrañaga–, uno de cada dos ciudadanos y ciudadanas se encuentra en situación de precariedad económica, sin ingresos suficientes para una vida digna, a pesar de tener un empleo».

Calidad del empleo

Asimismo la calidad del empleo se ha convertido en una fuente de preocupación de primer orden. «El empleo que se crea se está generando en el sector servicios, con predominio de condiciones laborales precarias, mientras que el descenso más acusado del desempleo se produce en colectivos en situación de vulnerabilidad», apunta.

Otro aspecto que resalta el análisis de Ipar Hegoa es que cada vez más mujeres dedicadas al trabajo doméstico –lo cifran en 21.700– han hecho un tránsito hacia un mercado laboral precario, forzadas por la situación de sus unidades vitales, manteniendo la responsabilidad principal de las tareas de cuidado.

También se advierte de que no se garantiza la igualdad de oportunidades y las desigualdades entre las y los ciudadanos van en aumento. «Ante el encarecimiento de la vida hemos visto la pérdida de poder adquisitivo tanto de las y los trabajadores como de los y las pensionistas. El consumo doméstico baja mientras se gasta más en productos básicos. El aumento de los gastos de vivienda está asfixiando el bienestar de las y los ciudadanos, especialmente entre la población en situación de vulnerabilidad. En Hego Euskal Herria —ha denunciado Larrañaga– hay 439.580 ciudadanos y ciudadanas en riesgo de pobreza y exclusión social, con una tasa de riesgo más elevada y en constante aumento entre las mujeres».

Ante ese escenario, LAB propone un triple reparto del empleo, los cuidados y la riqueza. El sindicato aboga por reorientar la actividad económica para garantizar unas condiciones laborales y de vida dignas de toda la ciudadanía.

Arroyo ha destacado que «la huelga feminista general ha puesto en el centro de la agenda dos retos: por un lado, visibilizar las tareas de cuidado que realizan especialmente las mujeres, destacando la necesidad de reconocerlas y repartirlas; por otro, ha puesto encima de la mesa la necesidad de un sistema público comunitario que garantice el derecho universal al cuidado».

El coordinador general ha incidido en que esa propuesta del Movimiento Feminista pasa ahora por un «acuerdo social» en torno a estos dos retos. La propuesta de triple reparto, ha explicado Arroyo, es una propuesta sindical que responde a estos dos retos y en la que se va a profundizar este jueves, en Arrasate, en un seminario con la vista puesta a que se contemple en la negociación colectiva.

Claves de la propuesta

LAB aboga porque la Administración garantice el derecho al empleo, de modo que, en caso de no hacerlo, se pague una indemnización equivalente al salario mínimo por el que cotizará, fijado en 1.400 euros. Además propone una limitación del salario máximo y de la plusvalía a una proporción de 1 a 3, con el fin de reducir las desigualdades.

Para que los trabajos de cuidados ocupen el lugar que les corresponde, ven necesario reducir la jornada semanal a 30 horas y abrir un debate social en torno a la jornada de cuidados sin carácter de empleo. ¿Habría que fijar una jornada máxima también en los trabajos de cuidado? ¿Una mínima? ¿Cómo se podría hacer el seguimiento de la jornada de cuidados?», se preguntan.

Para LAB es necesario regular la posibilidad de que el trabajo de cuidados tome prioridad sobre el empleo. «En la actualidad solo existe la posibilidad de la excedencia sin sueldo ni cotización, mientras que en la propuesta de Código Laboral Vasco elaborada por LAB cabría la posibilidad de acogerse a la suspensión por guarda, total o parcialmente, siempre de forma voluntaria y corresponsable», ha comentado Arroyo.

Este trabajo de cuidado se remuneraría y cotizaría tanto como la media de los salarios de Euskal Herria, de 2.330 euros brutos en 14 pagas en 2021. Para poder financiar la suspensión por cuidados, sostienen, se crearía un fondo comunitario solidario para el cuidado (cotizaciones de personas empleadas, patronal y Administración).

En cuanto al reparto de la riqueza, al que se debería realizar en el ámbito del empleo a través de los salarios, se suma el que debería realizarse a través de las políticas públicas. A través de una política fiscal progresiva, ha señalado Igor Arroyo, «se deben establecer políticas públicas que garanticen el derecho a la salud, el cuidado, la educación o la vivienda de todas y todos los ciudadanos. Urge, en este sentido, invertir en Osakidetza, fortalecer como eje a la escuela pública y configurar el Sistema Público Comunitario de Cuidados, tal y como se ha señalado en la última huelga feminista general».