El Consejo de Estado francés ha atendido la demanda presentada por varias asociaciones y lo ha hecho para retocar la redacción de un artículo del código que rige los derechos de los extranjeros y al derecho de asilo o Ceseda.

Esa modificación viene a poner límites al derecho de las autoridades francesas a denegar «en toda circunstancia y sin ninguna distinción» la entrada en su territorio, aplicando de facto una política generalizada de retorno desde la propia frontera, en el marco de la vuelta de los controles que aplica París desde 2015.

El Consejo de Estado anula precisamente la redacción incluida en Ceseda, en base a la cual, la Policía gala procede de manera sistemática a la expulsión de personas que, a su entender, tratan de entrar «de manera irregular» en su territorio.

Explícitamente, en esa resolución datada el 2 de febrero, la alta institución viene a decir que corresponde al legislador definir las normas aplicables a la situación de las personas que los servicios policiales pretenden reenviar de vuelta hacia otro estado miembro del espacio Schengen con el que el Estado francés mantiene acuerdos de readmisión, como sucede, entre otros, con el Estado español, pero también con Italia.

Un acuerdo de readmisión permite facilitar la expulsión de los extranjeros limitando los trámites, pero siempre que se garantice la vigencia de «un marco legal sobre la detención, los recursos y la posibilidad de solicitar el asilo».

Según señalan las asociaciones que denuncian de manera insistente las políticas de frontera, finalmente, y tras ocho años de batallas judiciales, «el Consejo de Estado pone fin a las prácticas ilegales de la Policía, en particular en lo que respecta al confinamiento de personas fuera de cualquier marco legal y sin tener en cuenta su derecho básico a la libertad».

Así lo hace constar La Cimade, que añade que, con esa decisión, el Consejo de Estado refuerza las disposiciones de Ceseda «que proporcionan un marco y unas garantías mínimas», además de recordar la obligación de «respetar el derecho de asilo».

También la Defensora de los Derechos había remarcado en las informaciones que puso a disposición del Consejo de Estado que los procedimientos de readmisión, particularmente en Italia, eran «poco habituales», además de alertar sobre prácticas de denegación de entrada.

Concentraciones, esta tarde, en Hendaia y Donapaleu

Precisamente este 6 de febrero, coincidiendo con la jornada internacional dedicada a denunciar las muertes en frontera, las asociaciones han reivindicado, con sendos actos en Hendaia y Donapaleu, que «migrar es un derecho».

Kandelak piztu dituzte mugetan hildako pertsonak oroitzeko Hendaian. Hildakoen izenekin afitxak erakutsi dituzte. Frantziar Estatu Kontseiluak emandako ebazpena baikorki hartu dute. Halere migratzaileentzat bide seguruak galdetu dituzte. https://t.co/DXt6wykZsv pic.twitter.com/CliTW7evOR

— Maite Ubiria (@Maite_Ubiria) February 6, 2024

Organizadas por Etorkinekin Diakité, esas concentraciones, en las que se ha rendido memoria a las 9 personas migrantes fallecidas en los últimos años en la muga del Bidasoa, han servido  para reivindicar la libre circulación de personas que, pese a ser uno de los pilares fundacionales de la Unión Europea, no rige de forma real, sin ir más lejos, en Euskal Herria, debido a la existencia de controles permanentes en los pasos.

Al mismo tiempo, las asociaciones han solicitado con esas concentraciones realizadas en el contexto del décimo aniversario de las muertes en Tarajal que se dote de seguridad a los tránsitos de las personas migrantes a fin de evitar que estas se vean obligadas a arriesgar su vida tratando de alcanzar una vida mejor.