El pasado mes de septiembre se conoció el archivo de una de las querellas por presuntos pagos por obras no realizadas en la AP1 (el llamado ‘caso Bidegi’) y ahora ha ocurrido otro tanto con la otra, la original. Llama la atención que la noticia no ha sido difundida por el Juzgado de Azpeitia, sino que como portavoz del mismo ha ejercido la Diputación de Gipuzkoa que lideran PNV y PSE y lo ha rodeado, además, de descalificaciones políticas a EH Bildu.

El auto, que ha remitido posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, es muy escueto: apenas tres folios en que no se hace referencia a los datos principales incluidos en la querella de 2014-15 y se da por bueno que en la denuncia pudieron incluirse cálculos «erróneos».

El archivo se remata señalando que en cualquier caso la Diputación no habría sido perjudicada, con lo que la jueza hace suya la alegación del equipo de gobierno de PNV-PSE: «Se ha acreditado que en la liquidación final de la obra no ha existido perjuicio económico ni para la Diputación Foral de Gipuzkoa ni para Bidegi S.A; por lo que no se puede hablarse de desviaciones de dinero público mediante sobreprecios que pudieran sostener una acusación por delito de malversación de caudales públicos como se sostenía en la querella. Así, la Diputación Foral de Gipuzkoa presentó escrito de fecha 18 de septiembre de 2017 en el que hacía constar que no había presupuesto alguno para la obra, ni por lo tanto inversión de dinero público, sino que Bidegi SA asumía con sus presupuestos propios la obra».

La otra querella fue archivada por el mismo juzgado con un argumento no menos sorprendente. Se estableció que un informe pericial que pudiera aclarar los hechos, como planteaba la Fiscalía, resultaba demasiado caro, lo que delató la insuficiencia de la investigación.

Esta decisión de setiembre ya ha sido recurrida y otro tanto se puede hacer con la conocida hoy.

La primera querella fue interpuesta por la Diputación que entonces dirigía Bildu en otoño de 2014, al detectar pagos de 3,4 millones por un traslado de tierras al depósito de Basagoiti-2 que no constaba y que se consideraba inverosímil. Se amplió luego con otras irregularidades advertidas, como un grosor de hormigón en túneles de la AP1 notablemente inferior al abonado a las constructoras. Posteriormente, se presentó una segunda querella por similares cuestiones en otro tramo de la misma obra.

Ambas fueron admitidas a trámite por el Juzgado de Azpeitia, pero la investigación apenas ha avanzado en toda esta década, supuestamente por la falta de medios para indagar en aspectos técnicamente muy complejos. A ello se suma que el cambio de gobierno en Gipuzkoa (en 2015) hizo que la nueva Diputación se desmarcara de la acusación y pasara en la práctica a ejercer la defensa.

Ubarretxena: «Persecución» de Bildu

La diputada de Infraestructuras Viarias, Maria Ubarretxena, ha mostrado su satisfacción por esta decisión, indicando que «nos acercamos al final de un dilatado proceso en el que se ha perseguido de manera infundada a trabajadores y trabajadoras de la Diputación, de Bidegi y de las empresas adjudicatarias; se ha puesto bajo sospecha a los y las responsables políticos y la integridad de la institución foral».

Estima que «finalmente queda expuesta la estrategia de quienes solamente buscaban menoscabar a toda costa y a cualquier precio al rival político, bajo acusaciones de graves delitos, apoyándose en informes erróneos y generando un daño irreparable a demasiadas personas».