Distintas movilizaciones han denunciado este viernes el accidente laboral que el jueves le costó la vida a un vecino de Altsasu que trabajaba en Cementos Portland de Olazti.

La última movilización ha tenido lugar en la localidad natal del trabajador fallecido y ha sido convocada por los sindicatos LAB, CGT/LKN, ESK, STEILAS, EHNE e HIRU, bajo el lema ‘La patronal y las instituciones nos enferman y nos matan’.

Por otro lado, trabajadores de Cementos Portland, convocados por el comité de empresa, han celebrado otra concentración ante las instalaciones de la empresa.

En la concentración de este mediodía se ha recordado que este es el segundo trabajador que fallece en esta empresa en año y medio, ya que en septiembre de 2022 también murió un vecino de Olazti de 55 años, al ser atropellado por una carretilla elevadora.

El sindicato ELA ha recordado que en lo que va de año 6 personas han fallecido en accidente laboral en Nafarroa, donde es «especialmente grave la situación de la siniestralidad laboral, ya que cada semana muere una persona en su puesto de trabajo y cada día más de 70 personas sufren un accidente laboral».

Además, la situación derivada de las enfermedades profesionales «es peor aún», porque «aunque se conocen varias víctimas provocadas por el amianto, las estadísticas oficiales no recogen ni una sola muerte de este tipo».

ELA apunta como «principales responsables de esta situación» a los empresarios y al Gobierno de Nafarroa, puesto que los primeros «priman el rendimiento económico sobre la seguridad de las plantillas, incumpliendo la normativa preventiva con total impunidad». Como consecuencia, la mitad de los accidentes laborales mortales y graves se producen por falta de medidas de seguridad adecuadas, dicen.

Por su parte, el Gobierno «se niega a establecer los mínimos recursos para un adecuado control de dichos incumplimientos, mientras continúa dilapidando el dinero público destinado a políticas de salud laboral en un diálogo social totalmente ineficaz».

Por todo ello, el sindicato reclama «acabar con la impunidad de la patronal y la complicidad de las instituciones públicas», para lo que exige dotar al ISPLN de capacidad sancionadora y triplicar la plantilla de una inspección de trabajo «totalmente colapsada», con el fin de controlar estrictamente las condiciones de seguridad que se dan en los centros de trabajo de Nafarroa.