El Ayuntamiento de Marinaleda tiene derecho preferente de compra, pero no el dinero con qué pagar la tierra. Sergio Gómez Reyes, alcalde del municipio sevillano, mantendrá este lunes una reunión con la consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, para tratar de resolver una situación de la que depende el futuro de las cooperativas que trabajan la finca de El Humoso. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha supuesto un duro revés para una localidad que no alcanza los 2.700 habitantes. Aunque les reconoce su derecho preferente de compra, avala que la venta sea a precio de mercado, con lo que las cooperativas corren riesgo de ser desalojadas de las tierras que llevan trabajando, en usufructo, desde hace más de 30 años. El último año pagaron en arriendo 170.000 euros a la Junta. 

Se trata de 1.200 hectáreas a las que, durante estos años, han dotado de regadíos e infraestructuras. 

«Nuestro planteamiento ante la Consejería es que se puedan seguir trabajando como hasta ahora, porque las cooperativas son el motor económico de la localidad», explica el alcalde de Marinaleda a NAIZ.

«De no lograrlo, sería la ruina para el pueblo y su comarca. Nos condenarán a la emigración, porque aquí no hay industria, ni atractivo turístico; aquí no hay nada», prosigue el primer edil que lidera la coalición IU-Podemos. 

Las cooperativas que labran hoy El Humoso no pueden competir con los fondos buitre que están comenzando a invertir en el campo andaluz. Juegan en otra liga. Unos buscan maximizar el beneficio y los otros, maximizar los puestos de trabajo. 

En las fincas de El Humoso se escogen productos como la alcachofa, el haba de verdeo que se recoge a mano, el pimiento o el brócoli. Alimentos, en definitiva, que requieren de mucha mano de obra y permiten que salgan muchos jornales, tanto durante la recogida como durante su procesamiento para la venta de latas y botes.

Alternan, además, productos que tienen distintas temporadas de recogida para que haya trabajo en distintas fechas del año. 

En El Humoso se escogen producciones que requieren de mucha mano de obra, priorizando repartir jornales sobre los beneficios.

Las ocho cooperativas son entidades sin ánimo de lucro porque el dinero se va en pagar los jornales. Y si apenas hay beneficios porque todo se va en jornales, no hay con qué pagar el precio de mercado de esas mil hectáreas, que puede estar entre 10 o 15 millones de euros, según indica el alcalde. Varias veces el presupuesto total del municipio. 

«Los fondos buitre están interesando por terrenos en Andalucía para poner cultivos superintensivos y minimizar costes. No queremos una agricultura así», afirma Gómez. 

Además del revés judicial, la sequía

Juan Prieto, que entró de «jornalero pelón» a trabajar en las cooperativas hace 30 años, no teme solo a los buitres sin rostro como Acon Southern Europe o Quarza Inversiones, que están acumulando tierras de características similares. Basta –dice Prieto– con que intervenga algún terrateniente a quien los precios disparados del aceite hayan afilado los colmillos. 

«Aquí llega un fondo o cualquier terrateniente. La compra y pone olivar en intensivo. Olivos, olivos, olivos. ¡Y claro que ganaría más que nosotros! Ellos buscan el dinero, nosotros otra cosa –remarca el gerente–. Las cooperativas están aquí para que un chaval de 16 años que deja los estudios por la necesidad que sea pueda tener un salario». 

Hoy aquel jornalero pelón es el presidente de las cooperativas, que dan trabajo fijo a 50 personas, pero que, sobre todo, reparten jornales de temporada. «Dependiendo de la campaña podemos tener aquí 300 personas o hasta 500», asegura. 

Se trabaja y cobra con equidad, detalla este responsable. «Aquí no nos repartimos ni plusvalías ni regalos. Cobramos todo lo mismo: el jornalero y el gerente. Un poquito por encima del convenio, nada más». 

La situación ha llegado a este punto después de que las cooperativas rechazaran una primera oferta. La Junta, en un primer momento, les planteó que las cooperativas crecieran. Que pasaran de 50 trabajadores fijos a 95. Los jornaleros dijeron que no.

En respuesta, la Junta emitió en 2021 una orden de desalojo contra los cooperativistas. Para defenderse, estos jornaleros organizados interpusieron el pleito que se ha resuelto hace dos semanas y que, más allá de decretar al Ayuntamiento como comprador preferente, avala que se vendan los terrenos a precio de mercado. 

«Nos pidieron seis millones, pero es que eran muchos impedimentos. La reflexión que hicimos es que, si accedíamos a pasar a 95 cooperativistas fijos, lo que ocurriría es que dejaríamos a gran parte del pueblo fuera. Nosotros entendemos que las tierras tienen que ser públicas», explica. 

«Si accedíamos a subir a 95 cooperativistas, dejaríamos a gran parte del pueblo fuera. Las tierras han de ser públicas», afirma Prieto.

Visto ahora en perspectiva, menos mal que no lo hicieron. Prieto asegura que las cooperativas estarían hoy en la ruina. Pues, además del revés legal que puede acabar con el desalojo, las ocho cooperativas de Marinaleda están en una situación muy complicada por la extrema falta de agua. 

«Echamos entre 30 y 40 hectáreas de pimiento. Unas veces del piquillo y otras, del gordo. Este año, por la sequía, no hemos podido poner nada. Tampoco hemos podido sembrar el brócoli. Y para las alcachofas que tenemos ya plantadas no sabemos si habrá agua con qué regarlas en verano», se lamenta este agricultor. 

Más allá de su decisión de continuar litigando, los cooperativistas de Marinaleda aún no están formalmente en lucha. Confían en encontrar una salida negociada con la consejera, por más que esta sea del PP. Encontrar un precio justo que resuelva la situación y puedan seguir repartiendo trabajo. 

En caso de que no lleguen a un acuerdo, entonces sí que necesitarán «toda la ayuda del mundo», reconoce Prieto.