Los sindicatos LAB y ESK, que cuentan con la mayoría en el comité de empresa de Mecaner, han presentado este jueves a la tarde en la Kultur Etxea de Urduliz un plan de transición ecosocial para evitar el cierre de la fábrica de troquelería para automoción que da empleo a 148 trabajadores. Su alternativa es orientar la producción hacia tecnologías asociadas a la «energía verde» que cuenta con financiación pública.

Es la alternativa que van a proponer en el periodo de consultas del ERE de extinción que se inicia el lunes 4 de marzo y que interpela directamente al Ejecutivo de Lakua para que invierta en mantener el tejido industrial de Uribe Kosta. Sostienen que Mecaner es una empresa «viable y de futuro», que necesita reorientar su actividad y apoyo institucional.

Tal y como vienen manifestando los representantes de las y los trabajadores, «los gobiernos deben asumir responsabilidades, compromisos, y por ello les exigimos a que trabajen en la defensa de los puestos de trabajo y del empleo».

El informe, elaborado por la cooperativa Garúa, ha sido financiado por el Ayuntamiento de Urduliz, que gobierna EH Bildu con Elkarrekin, después de que el comité se lo propusiera. El plan se concibe como una herramienta más para la lucha sindical, así como a favor de un modelo de producción social ecológicamente más justo.

El documento aboga por una transición ecosocial para buscar alternativas productivas en otros sectores industriales con mayores perspectivas de futuro que el vinculado a la automoción. Constatan que todo el sector, no solo esta troquelería que arrancó su actividad en 1961, está amenazado.

«La caída en la venta de automóviles hace que los grupos empresariales intensifiquen sus estrategias de reducción de costes, con un fuerte impacto sobre la industria auxiliar y las personas empleadas. Stellantis aumenta sus beneficios –constatan los autores– mientras reduce su plantilla y vende menos vehículos». En el pasado ejercicio, Mecaner obtuvo un beneficio de 606.000 euros.

Alternativas

La propuesta sindical contempla que se oriente la actividad hacia productos de troquelería y estampación metálica cuyo proceso de fabricación sean similares a la experiencia y capacidad industrial de la planta de Urduliz. Además, abren ese abanico a otras manufacturas vinculadas a sectores que deberían aumentar su actividad durante los próximos años como parte de una transición ecosocial más amplia.

También fijan su atención en productos ubicados en sectores que están recibiendo importantes ayudas de financiación pública a través de la política industrial «verde».

Bajo esas premisas, estiman que Mecaner podría vincularse a sectores industriales que van a incrementar su actividad en los próximos años y están recibiendo financiación pública para impulsar la fabricación de las tecnologías asociadas a la transición energética.

Asimismo, el plan describe varias opciones de modelos de gestión y propiedad, desde evitar la deslocalización de Stellantis hasta la entrada de capital público para impulsar el proyecto de transformación. Destacan que las instituciones públicas «cuentan con múltiples herramientas con las que apoyar este proceso» y el papel que deben jugar las diferentes administraciones es «crucial».

«Enfrentar un proceso de cierre con una propuesta de reconversión industrial en un sentido ecológico permite que los trabajadores y trabajadoras asuman mayor protagonismo en la defensa de un futuro para su empleo que coincida con una transición ecosocial justa. Permite poner en discusión elementos centrales de la transformación de la economía: ¿qué fabricamos? ¿cómo lo fabricamos? ¿para quién lo fabricamos? Y permite también disputar las políticas industriales ‘verdes’ que están destinando grandes cantidades de dinero público a empresas privadas», exponen los autores del informe.

Consideran que la amenaza de cierre en un escenario turbulento puede asumirse con resignación o puede aprovecharse como oportunidad para ensayar nuevas herramientas sindicales con la que responder a una situación crítica. La propuesta de LAB y ESK, con seis de los nueve miembros del comité de empresa, va en esa segunda dirección, «porque creemos que mejora la correlación de fuerzas en favor de los y las trabajadoras».

Defienden que el plan ecosocial es «una herramienta más que esperamos que ayude en la defensa de los puestos de trabajo y aporte aprendizajes para futuras experiencias».