El Gobierno de Lakua ha anunciado este mediodía, domingo de precampaña electoral, que ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda estatal, «después de agotarse hoy el plazo previo de negociación con el Gobierno español sin haber alcanzado un acuerdo».

La iniciativa de este recurso es obviamente del PNV, socio principal del Ejecutivo autonómico, ya que la Ley de Vivienda salió adelante en abril de 2023 gracias al pacto entre el Gobierno español que lidera el PSOE, ERC y EH Bildu, con el objetivo principal de frenar la desregularización que beneficia a los grandes propietarios. De hecho, el Departamento de Vivienda es uno de los que gestiona el PSE.

La formación jeltzale ya insistió entonces en el argumento de invasión competencial y amenazó con un recurso de Lakua al TC. Colectivos como Stop Desahucios ya han advertido que le invasión de competencias no es sino «una excusa» para no regular el precio de la vivienda y molestar a la propiedad privada. Le Ley de Vivienda será la que permita, entre otras posibilidades, que municipios como Errenteria o Donostia sean declarados zonas tensionadas.

En la nota remitida este domingo a los medios de comunicación, desde Lakua aseguran que se han agotado «todas las posibilidades de negociación» y que han planteado al Ejecutivo estatal «un acuerdo interpretativo para que reconociera las competencias vascas en esta materia y no ocupe el espacio del Gobierno Vasco para poder desarrollar políticas propias de vivienda, y para que su orientación no prevaleciera sobre la regulación autonómica», un acuerdo que, según dicen, ha sido rechazado desde Madrid.

«El Estado ha rechazado toda posibilidad de acuerdo y ha abocado al Gobierno Vasco a interponer el recurso por vulneración de competencias en materia de vivienda, por lo que solicitará una sentencia que anule la ley estatal en las partes recurridas», matizan.

Consideran que la Ley de Vivienda estatal «vulnera competencias de Euskadi», que tiene su propia Ley de Vivienda desde 2015, y detallan que, en concreto, se recurren un total de 7 artículos, una disposición transitoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales.

Paso corto pero necesario

En el debate de abril de 2023, EH Bildu la calificó la apropiación de la Ley de Vivienda estatal de paso corto pero necesario, ya que «la alternativa era la desregularización y que los grandes propietarios siguieran campando a sus anchas», según destacó entonces el diputado de EH Bildu Oskar Matute.

Matute ya se refirió por aquel entonces a la afirmación de que esta Ley supone una invasión competencial, como señalaban desde el PNV, recordando que la Ley de Vivienda de la CAV, que no apoyaron los jeltzales, permite gravar viviendas vacías, expropiar las pertenecientes a los bancos que están vacías o obligar a sacar al mercado de alquiler las casas sin ocupar. «No se ha hecho nada de eso, aunque se podía hacer», insistió.

Matute subrayó también que este es un «debate de fondo e ideológico, en el que se elige que la vivienda sea un derecho o un bien de mercado y esto es algo que incomoda a las derechas».

Gorrotxategi: «Apuesta por los fondos buitre»

La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, ha lamentado el recurso de Lakua contra la Ley de Vivienda y ha denunciado que supone una «apuesta decidida» por «los fondos buitre y por la especulación inmobiliaria».

«Una vez más el PNV, con la complicidad del PSE, deja claro que defiende a los arriba. En Elkarrekin Podemos creemos que la vivienda es un derecho, no una cadena perpetua», ha considerado en un comentario en redes sociales.