El exministro José Luis Abalos ha decidido mantener el escaño tras el estallido del ‘caso Koldo’ y, ante la exigencia del PSOE de que renunciara al acta en 24 horas, ha optado por pasarse al Grupo Mixto del Congreso. La primera consecuencia es que este martes estará situado en las últimas filas del hemiciclo.

Así lo ha anunciado en una comparecencia ente los medios de comunicación para explicar lo que considera «la decisión más importante» de su vida política.

A raíz del llamado ‘caso Koldo’ sobre una supuesta trama de cobro de comisiones en contratos de material anticovid y la implicación de Koldo García Izaguirre, que había sido asesor de Ábalos en el Ministerio de Fomento, el PSOE dio este lunes un ultimátum de 24 horas a su diputado para que renunciara al escaño.

Horas después, Ábalos renunció a la Presidencia de la Comisión de Interior, para la que había sido propuesto por el Grupo Socialista, pero decidió seguir con el escaño. Y al dejar de ser presidente de comisión, el PSOE ya le envió a las últimas filas del Salón de Plenos ante las votaciones que van a tener lugar este martes.

«No puedo rendirme»

En su comparecencia, el exministro ha querido defender su «honorabilidad», ha insistido en que no está implicado en ninguna causa y ha lamentado no haber estado acompañado por su partido en este trance.

Ha señalado que ha tomado una de las decisiones «más duras» de su vida y que nunca podría haberse imaginado estar «fuera de las siglas del PSOE».

«No puedo rendirme... Si yo renunciara en este momento se interpretaría como signo de culpabilidad y solo provocaría mi estigmatización no solo política sino personal. Sé lo que es ser un apestado político», ha aseverado.

Ábalos, que se ha mostrado emocionado en ocasiones y molesto con la falta de «compañerismo» de algunos compañeros del PSOE, ha señalado que se debe a aquellas personas que le han rogado que siga adelante, y que «no se rinda».

En todo momento ha invocado a su «honorabilidad» y ha recordado que no está acusado «de nada» ni forma parte de la investigación ni tampoco se ha beneficiado de «ningún enriquecimiento ilícito».

«No tengo necesidad de invocar el principio de inocencia», ha proclamado.

El exministro ha dejado en manos de la Justicia la investigación y ha asegurado que la querella señala que el procedimiento de contratación de compra de mascarillas fue correcto cuando él ejercía como titular de Transportes.

Ante la decisión de pasar al grupo mixto, una decisión que ha calificado de «drástica», Ábalos ha criticado a los que le pedían su renuncia al acta por motivos «éticos».

«Quienes exigen mi dimisión apelan a una supuesta ética, pero no tienen en cuenta como repararlo si hago un sacrificio público. ¿Cuál sería la reparación y quién se acordaría de repararlo?», se ha preguntado, toda vez que el diputado ha formalizado ya su paso al grupo mixto en el registro, aunque esta tarde no acudirá al pleno.

En una comparecencia sin preguntas, ha lamentado que no se haya visto respaldado por la dirección de su partido al que ha contribuido –ha puntualizado– para formar un Gobierno progresista y tras haber «servido como ministro a España».

«Y habiendo ayudado como secretario de Organización al PSOE para cohesionar la militancia en tiempos complejos tras primarias de 2017. Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo», ha recalcado.

Suspendido de militancia

Ante ello, el PSOE ha decidido suspender cautelarmente al exministro, según una resolución firmada por el actual número 3, Santos Cerdán. En su escrito, Cerdán justifica la decisión adoptada para «salvaguardar la imagen del PSOE» porque la situación y los hechos que la han generado y su repercusión pública exigen la adopción «inmediata» de medidas que también permita que la instrucción del expediente se siga «con las máximas garantías» para el expedientado.

Considera además, según refleja el documento, que Ábalos ha incumplido varios artículos de los Estatutos Federales que prevén sanciones contra quien falte a los acuerdos o resoluciones de los órganos del partido.

Por ejemplo, señala que el artículo 10.3 «establece como un deber de las personas militantes del PSOE cumplir los estatutos, el Código Etico y de Conducta, el Reglamento Federal de Desarrollo, las normas que conforman el Sistema de Cumplimiento Normativo y demás normativa interna, así como acatar las resoluciones, directrices e instrucciones que, en el ejercicio de sus competencias, dicten los órganos del Partido».

Indica además que los hechos podrían ser constitutivos de varias faltas «muy graves» como «el abandono del cargo público para el que hubiera sido designado o elegido sin la previa autorización del órgano competente del Partido o imposibilitar por acción u omisión la representación del Partido en las instituciones».

También califican como falta «muy grave» la «actuación, por acción u omisión, en contra de acuerdos adoptados por los órganos de dirección del Partido» o «menoscabar la imagen de los cargos públicos o de las instituciones socialistas». Le achacan también una «falta grave» por «la obstrucción a la labor y decisiones de los órganos del Partido».

El informe señala además que Ábalos cuenta con cinco días para hacer llegar al instructor del expediente, Alberto Cachinero, las pruebas con las que pretende defenderse. Además podrá interponer un recurso contra esta resolución ante la Comisión Federal de Etica y Garatías en el plazo de diez días hábiles.

Bruselas declara «tolerancia cero»

Ante el ‘caso Koldo’ también ha tomado la palabra la Comisión Europea, que ha pedido a la Oficina Europea Antifraude (OLAF) que investigue si el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas pudo afectar a los fondos de la Unión Europea.

«La Comisión Europea tomará todas las medidas necesarias para proteger el presupuesto de la Unión Europea y tiene tolerancia cero con el fraude», ha asegurado a Europa Press un portavoz comunitario, al ser cuestionado por el caso y su impacto en las arcas comunitarias. Los servicios comunitarios están en «estrecho contacto» con las autoridades estatales responsables de la gestión de los fondos europeos, en este caso el Ministerio español de Hacienda, para determinar si hay dinero comunitario «involucrado».