A juicio de Stop Desahucios el recurso del Gobierno de Lakua a la Ley de Vivienda estatal supone que «el PNV antepone sus intereses partidistas a los del conjunto de ciudadanos y ciudadanas vascas y otra vez ataca contra todos los instrumentos que establecen una limitación a la especulación de grandes y pequeños propietarios, inmobiliarias, bancos, y fondos buitre, como ya hizo oponiéndose e impugnando la Ley de Vivienda vasca», destacando que este modo de actuar es equiparable al de los gobiernos del PP en distintas comunidades autónomas.

Stop Desahucios denuncia que el PNV lleva «ocho años incumpliendo e inaplicando» la Ley de Vivienda de la CAV y recuerda que más de grandes municipios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, entre los que se encuentran las tres capitales, han aprobado la moción para declararse municipio tensionado en el marco de la Ley de Vivienda estatal.

«La politica del PNV en materia de Vivienda no se adapta a las necesidades sociales», añade Stop Desahucios, que reclama que mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie en relación a los recursos, se sigan utilizando las herramientas que proporciona la Ley de Vivienda estatal y se declaren tensionados los 41 municipios de los tres herrialdes que cumplen los requisitos.

Exigen que no se detengan los procedimientos

«Exigimos al Gobierno en funciones, especialmente al PNV, que cumpla con la Ley de Vivienda y no retrase el proceso para que estos 41 municipios, entre los que se encuentran las tres capitales y los más poblados de la CAV, sean declarados tensionados», reclama.

Junto a ello, emplaza a los ayuntamientos de estos 41 municipios, muchos gobernados por el PNV, a que elaboren la memoria justificativa y el plan a tren años para que Lakua envíe al Ministerio español de Vivienda su solicitud de zona tensionada.

«No toleraremos ninguna dilación en la ejecución de estos procedimientos por parte de ninguno de estos ayuntamientos en base a la impugnación del PNV ante el Tribunal Constitucional», advierten.

«La política de Vivienda del PNV se basa en no hacer nada para parar el ascenso de los precios de los alquileres hoy día impagables, no hacer para movilizar la vivienda deshabitada, dar subvenciones a fondo pérdido a los propietarios e incentivos fiscales a la compra de viviendas, no aumentar significativamente los presupuestos ni cambiar las reservas legales de suelo para VPO», señala.

«En fin, una política de vivienda libre y protegida con dinero público solo para los que puedan pagarla cuando hay decenas de miles de familias en Euskadi que no pueden hacerlo», resume.