El pasado domingo Lakua anunció la presentación de un recurso contra la Ley de Vivienda estatal ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo de Urkullu ha impugnado siete artículos, entre ellos el artículo 18, que regula la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, una herramienta que tiene por objeto limitar el auge del precio del alquiler. También ha recurrido cuatro disposiciones, entre las que destaca la disposición final primera, que establece medidas de contención de precios.

La decisión de interponer un recurso contra la norma se basa en una supuesta invasión competencial, una idea que no es compartida por todos los miembros del Gabinete autonómico. De hecho, los cargos del PSE no ocultan su rechazo al mismo, y defienden las bondades de una norma aprobada la pasada legislatura gracias al acuerdo alcanzado por EH Bildu y ERC con el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos. El propio consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, del PSE, declaró este lunes que la Ley de Vivienda «no impone sino que facilita y permite que las comunidades autónomas adopten una serie de medidas».

Esto no convence a los jeltzales, que dicen no estar en contra de limitar los precios. «Pero hay un ‘pero’», afirmó el martes en una rueda de prensa la responsable del Área de Ordenación del Territorio, Transporte y Desarrollo Sostenible del PNV, María Eugenia Arrizabalaga, que cuestionó la eficacia de una ley que «extralimita en multitud de cuestiones de su propia competencia, la del Estado, para meterse hasta la cocina en la nuestra». Apuntó que «la política de vivienda pública vasca se ha demostrado mucho más eficaz y eficiente que la de ninguna otra comunidad autónoma», y citó algunas de las medidas previstas en la Ley Vasca de Vivienda, aprobada en el año 2015 con el voto en contra del PNV y del PP.

«En Euskadi venimos aplicando políticas pioneras, como el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda», destacó Arrizabalaga, obviando que hace nueve años, su compañero de filas, Josu Erkoreka, aseveró que dicho derecho «tal y como se recoge en la ley, no está presente ni en los países que inventaron el Estado del bienestar». «La Ley de Vivienda es inviable y provocará un ‘efecto llamada’ masivo», señaló el entonces portavoz de Lakua.

En 2015, Josu Erkoreka, por aquel entonces portavoz de Lakua, afirmó que la Ley Vasca de Vivienda «es inviable y provocará un ‘efecto llamada’ masivo»

Derecho Subjetivo a la Vivienda

La oposición de los jeltzales a la norma podría explicar la demora en la aplicación de algunas medidas, como el citado derecho subjetivo (DSV), que se ha desarrollado de forma paulatina y ha quedado regulado por un decreto que fue aprobado el pasado 10 de octubre, hace tan solo cuatro meses.

En aquel entonces 8.200 personas tenían reconocido el DSV, y a buen seguro serían muchas más si no fuera por unos requisitos que fijan en 13.000 euros anuales los ingresos máximos permitidos en caso de personas solas, en 17.000 para unidades de convivencia de dos miembros, y 19.000 para unidades de tres o más miembros. El SMI está establecido en 1.134 euros mensuales en 14 pagas, lo que se traduce en 15.876 euros anuales. Así, una persona sola que cobre el SMI no podría solicitar el DSV.

Además, este derecho no implica la adjudicación directa de una vivienda social de alquiler. En el portal digital de Etxebide se advierte de que, «consciente de la insuficiencia del parque de vivienda de protección pública y alojamientos dotacionales existente para cubrir esta necesidad», la Ley Vasca de Vivienda «establece la posibilidad subsidiaria de que la satisfacción de ese derecho se lleve a cabo mediante el pago de prestación económica» que permita acceder a un alquiler privado.

En declaraciones a NAIZ, Unai Fernández de Betoño, edil de EH Bildu en Gasteiz e impulsor de diferentes iniciativas vinculadas a la vivienda en el Parlamento autonómico, señala que en la CAV hay entre 25.000 y 26.000 viviendas destinadas a alquiler social, incluidas las que gestionan los ayuntamientos, mientras que el total de demandantes de un alquiler social en las listas de Etxebide se sitúa en 69.000.

Basta con señalar que un estudio publicado este mismo viernes por el Observatorio Vasco de la Vivienda refleja que más de 43.000 familias residen en viviendas de alquiler libre pese a ser solicitantes de un arrendamiento social. El documento alerta de que los ingresos mensuales netos de las unidades convivenciales formadas por más de una persona se sitúan en 1.385 euros, y la renta media que abonan es de 678 euros, lo que supone un esfuerzo económico que supera ampliamente el 30%, incluso sin tener en cuenta los gastos de suministros. En el caso de las personas que viven solas, el nivel de ingresos mensuales es todavía inferior, 1.138 euros mensuales, y la renta de alquiler se sitúa en 620 euros.

«Esta situación tan precaria supone que algo más de la mitad de estas unidades de convivencia se planteen mudarse en los próximos doce meses al no poder afrontar el pago del alquiler, siendo esta proporción algo más elevada (54,7%) en el caso de las familias que en el caso de las personas que viven solas (52,7%)», apunta el Observatorio, que incide en que, «en todo caso, tanto los hogares formados por una sola persona, como las unidades de convivencia con más de un miembro son beneficiarias en su mayoría de algún tipo de prestación para el pago de la vivienda».

Fernández de Betoño critica que Lakua eche mano de ayudas económicas para subsanar la falta de vivienda púbica de alquiler. «Se ponen 300 euros del dinero público que acaban en manos de propietarios privados, y con eso están calentando el mercado, que en los últimos cinco años ha aumentado un 20%», remarca y hace un cálculo: 300 euros multiplicados por doce meses y por 40.000 perceptores supone un total de 144 millones de euros que acaban en manos de los caseros.

Reconoce que este sistema no se puede suspender de un día para otro, pero insiste en la necesidad de establecer una hoja de ruta para ampliar el número de viviendas en régimen de alquiler social que, asevera, suponen el 3% del parque inmobiliario, un porcentaje que se «triplica en Europa». Y recuerda que la Ley establece una apuesta por el alquiler público. La norma dicta que «el Gobierno Vasco y las administraciones públicas de carácter territorial orientarán los recursos disponibles en materia de vivienda preferentemente a la promoción de viviendas en régimen de alquiler, para destinarlas a los colectivos más desfavorecidos».

«Pero las administraciones han creado un truco, y venden suelo a promotoras privadas para que realicen vivienda de protección pública destinada a venta, algo que la ley prohíbe desde 2020», subraya el edil soberanista, que reclama medidas fiscales para fomentar el alquiler, así como el uso por parte de las instituciones del derecho de tanteo y retracto, establecido en el artículo 65 de la ley autonómica. «Permite a la administración comprar viviendas en algunos casos, y ese derecho existe en todas las viviendas de protección pública», detalla. Sin embargo, «se ha utilizado muy pocas veces».  

Canon a viviendas deshabitadas

También ayudaría a ampliar el parque de vivienda, tanto el público como el privado, la implementación de medidas dirigidas a fomentar el alquiler de viviendas deshabitadas. Una posibilidad recogida en la Ley y regulada mediante un decreto que fue publicado en 2021, seis años después de la entrada en vigor de la norma. El decreto enumera una serie derechos y obligaciones, con ayudas a la rehabilitación y la posibilidad de establecer un canon de 10 euros por cada metro cuadrado útil. Pero esta última medida depende de los consistorios.

«Les han pasado el marrón a los ayuntamientos, sin ningún tipo de ayuda. No han dado ayuda técnica ni económica. Y no se ha aplicado en ningún sitio», destaca el concejal gasteiztarra, que compara la norma de Lakua con la estatal. «Por ejemplo, ahora con las zonas tensionadas han sacado un protocolo para explicar qué hay que hacer, pero en el caso de las viviendas deshabitadas no se ha hecho así». Lo que sí han hecho algunos municipios ha sido establecer un recargo en el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) a los propietarios de viviendas vacías, y solicitar la declaración de zona tensionada tomando como referencia la ley estatal. Concejales del PNV han votado a favor en Gasteiz o Donostia. ¿Una contradicción?