Los crímenes se produjeron en la denominada Cumbre de Alaska, cuando más de 2.000 personas convocadas por la organización indígena de los 48 Cantones de Totonicapán protestaban contra el alza del precio de la electricidad, la modificación de la carrera de Magisterio y una reforma constitucional. El entonces Gobierno de Otto Pérez Molina envió al Ejército para aplacar el descontento ciudadano que derivó en el lanzamiento de piedras, palos y objetos a los policías antidisturbios que se retiraron del lugar. Al llegar los militares, los manifestantes se enfrentaron a ellos y quemaron un camión de cemento y otro del Ejército, y los soldados comenzaron a disparar indiscriminadamente.

Pese a ello, las tres juezas que integran el Tribunal de Mayor Riesgo B señalaron en su sentencia que no se demostró que las balas disparadas por los militares causaran la muerte de los seis manifestantes. Por ello, absolvió al coronel Juan Chiroy Sal y al soldado Manuel Lima de los delitos de ejecución extrajudicial en agravio de los fallecidos y ejecución extrajudicial en grado de tentativa en agravio de las 14 personas heridas constituidas como querellantes.

Delitos menores

El Tribunal también modificó los delitos imputados a otros siete militares a los que la Fiscalía también acusaba de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa. De este modo, las juezas condenaron a siete años y diez meses de prisión a seis de ellos por el delito de lesión en riña. Entre ellos figura un soldado que fue condenado a otros 16 meses de cárcel conmutables a 5 quetzales diarios (60 céntimos de euro) por el delito de homicidio culposo en grado de tentativa, mientras que un séptimo militar fue condenado por el delito de disparo de arma de fuego.  

La jueza presidenta, María Eugenia Castellanos, criticó a los manifestantes, a quienes espetó que «el problema es cuando se dejan llevar por líderes violentos», mientras defendía al Ejército por ser una institución «destinada a mantener la integridad del territorio, la paz, la seguridad interior y exterior, la soberanía y el honor de Guatemala».

«Tuvimos 36 años de conflicto armado que se terminó, pero no pueden ver a un militar porque es como si se les echara fuego», censuró al referirse a que cuando llegaron los soldados, los manifestantes «agarraron piedras, palos, tubos, arrancaron rótulos publicitarios y fueron al encuentro de ellos dando lugar a que se produjeran problemas».

Pese a que la presidenta del Tribunal aseguró que los manifestantes «tenían razón» en los motivos por los que protestaban, recalcó que los militares «no tenían culpa». Asimismo, lamentó que el coronel Chiroy, que estuvo seis años y seis meses en prisión preventiva hasta que fue excarcelado en 2019, «nunca disparó su fusil», aunque «tenía su arma y el ambiente estaba caldeado». En el caso del otro militar absuelto, el Tribunal resaltó que «no hay ningún peritaje que establezca que él tuviera un arma con la que disparó».

En cuanto a los otros siete militares que sí han sido condenados, el Tribunal apuntó que sí quedó demostrado que usaron sus armas y llegaron a disparar, hasta en 25 ocasiones algunos de ellos. «La mayoría de testigos coincide en que fue el Ejército el que disparó, si bien no se individualizó a ninguna persona», por lo que las juezas no sentenciaron a ningún militar por causar la muerte de seis manifestantes y herir a otros 14, sino por delitos menores.

El fallo fue rechazado por el presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Edin Rafael Tzul, quien lamentó el trabajo «deficiente» de la Fiscalía y rechazó la «parcialidad» de las juezas, a las que acusó de «racismo». La abogada de las víctimas, Lucía Xiloj, criticó que la Justicia «les ha fallado».