Maite Ubiria

Primer balance sobre devoluciones a cargo de las patrullas mixtas que vigilan la muga

En respuesta a una pregunta de los senadores de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta y Olaia Duarte, el Gobierno español aporta las primeras cifras sobre «readmisión desde Francia a España» de migrantes desde la puesta en marcha de patrullas mixtas que vigilan los pasos de muga.

Varios vehículos se dirigen de Irun a Hendaia por el puente de Santiago en el que la Policía francesa mantiene un puesto de control permanente.
Varios vehículos se dirigen de Irun a Hendaia por el puente de Santiago en el que la Policía francesa mantiene un puesto de control permanente. (Patxi BELTZAIZ)

Fue el compromiso más palpable que salió de la Cumbre Franco-Española que presidieron Emmanuel Macron y Pedro Sánchez en enero de 2023 en Barcelona: La creación de patrullas mixtas que, integradas por policías de ambos Estados, vigilan el entorno de la muga.

El mandatario galo supeditó, de hecho, a la creación de ese servicio la reapertura de los últimos pasos fronterizos que París clausuró en enero de 2021.

Cerrado ese compromiso se liberaron los cuatro pasos cerrados, en octubre de 2023.

Los senadores vascos Olaia Duarte y Gorka Elejabarrieta (EH Bildu) dirigieron una pregunta escrita al Gobierno español, registrada el pasado 18 de enero, en la que se hicieron eco de las preocupación que muestran las asociaciones que trabajan junto a personas migrantes sobre el incremento de las llamadas devoluciones en caliente.

Concretamente los senadores vascos preguntaron al Gobierno de Pedro Sánchez sobre el número de rechazos en frontera producidos en los años 2023 y 2024.

Al tiempo, Elejabarrieta y Duarte dirigieron esta otra pregunta al Ejecutivo: «¿Qué resultado ha dado la colaboración entre cuerpos de seguridad españoles y franceses en la frontera entre Irun y Hendaia a la hora de luchar contra la criminalidad organizada en el 2023?».

El Gobierno español insiste en esa respuesta, a la que ha tenido acceso NAIZ, en que el objetivo de esas patrullas mixtas es «la lucha contra organizaciones criminales» entre las que incluye las que se dedican «a la trata de seres humanos, el tráfico de seres humanos, el tráfico de drogas y la falsedad documental».

En esa nota, datada el 4 de marzo, el Gobierno español no ofrece un balance detallado de esa colaboración en términos de «lucha contra la criminalidad organizada», pero sí aporta, sin embargo, cifras parciales sobre devoluciones en frontera.

Explica que, «en virtud del Acuerdo entre la República Francesa y el Reino de España, sobre la readmisión de personas en situación irregular», que fue firmado, el 26 de noviembre de 2002, en la Cumbre de Málaga, «durante el año 2023 y en el marco de realización de las patrullas mixtas, se llevaron a cabo seis readmisiones de Francia a España y se practicaron 11 detenciones».

A esos datos oficiales se añaden las cifras provisionales de este año. Según el Gobierno español, desde el 1 de enero de 2024 se han realizado ocho patrullas mixtas en el marco de las cuales se habría producido «una readmisión de Francia a España», sin que se hayan reportado detenciones.

El pronunciamiento del Consejo de Estado

La difusión de ese balance provisional de las patrullas mixtas se conoce un mes después de el Consejo de Estado francés decidiera marcar límites al rechazo de personas en frontera.

El Consejo de Estado francés atendió la demanda presentada por varias asociaciones y, mediante una resolución con fecha de 2 de febrero de 2024, estableció el criterio de que corresponde al legislador definir las normas aplicables a la situación de las personas que los servicios policiales pretenden reenviar de vuelta hacia otro estado miembro del espacio Schengen con el que París mantiene «acuerdos de readmisión».

La alta instancia anulaba así  la redacción incluida en el código que rige los derechos de los extranjeros y al derecho de asilo o Ceseda en base a la cual, la Policía gala ha venido aplicando de manera bastante sistemática el rechazo de entrada en su territorio.

Un acuerdo de readmisión, como el que evoca el Gobierno español en su respuesta a los senadores de EH Bildu, permite, efectivamente, facilitar la expulsión de personas extranjeras limitando los trámites, pero, recuerda el Consejo de Estado, «siempre que se garantice la vigencia de un marco legal sobre la detención, los recursos y la posibilidad de solicitar el asilo».

Según recuerdan los senadores vascos en su escrito, ya en 2017, las asociaciones que trabajan con personas migrantes denunciaron que ese año de produjeron 1.500 rechazos en frontera, realizados por la Policía gala en colaboración con las autoridades españolas.