El capitalismo ha entendido que tiene un problema, que la crisis climática también le va a afectar. Solo así se entiende que instituciones fundamentales en la arquitectura del libre comercio como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea estén buscando la manera de limitar los tratados que permiten a las empresas llevar a estados a tribunales comerciales cuando aplican políticas que, a su juicio, dañan sus inversiones.

Estos mecanismos de resolución de disputas entre inversores extranjeros y estados (ISDS, por sus siglas en inglés) permiten, por ejemplo, que una empresa fósil con interés en el sector del carbón pueda denunciar en un tribunal parajudicial –al margen de la jurisdicción de los estados– a un país que decida cerrar las centrales de carbón en nombre de la lucha contra la emergencia climática.

La semana pasada, la OCDE celebró una conferencia con el título “Apoyo a la transición energética mundial: Métodos para alinear los tratados de inversión con el Acuerdo de París”. Esa organización no quiere acabar con el libre comer- cio, sería tanto como atacar su razón de ser, pero ha entendido que todo este sistema, a través del cual los estados han cedido soberanía en nombre de la protección de los inversores, se ha convertido en un grave problema para aproximarse al menos mínimamente a los objetivos climáticos fijados en el Acuerdo de París.

Son más de 2.500 los tratados que en todo el mundo incluyen estos mecanismos favorable a los inversores, y la industria fósil se ha convertido en uno de sus principales usuarios. Según una estimación publicada en 2022 en ‘Science’, la acción global para enfrentar el cambio climático podría generar, al menos, demandas legales por valor de 340.000 millones de dólares por parte de inversores petroleros y gasísticos.

El Tratado sobre la Carta de la Energía, en la cuerda floja

El acuerdo comercial que más demandas de este tipo está generando es el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), firmado en 1994 por 54 estados sobre todo europeos y asiáticos. Tanto que numerosos países de la UE, como el propio Estado español, pesos pesados como el Estado francés y Alemania, además de Dinamarca, Países Bajos, Polonia y Luxemburgo, han anunciado su firme intención de abandonar el Tratado.

Ante semejante sangría, la Comisión Europea propuso a los estados miembro salir en bloque, algo que se encontró con algunas resistencias. La semana pasada, Bruselas propuso a los países que quieren salir que ayuden a culminar la reforma del TCE que está en marcha antes de salir en bloque. Se trata de unos cambios que, entre otras cosas, en sus aspectos positivos, acortaría de 20 a 10 los años en los que un estado seguiría atado a las draconianas condiciones del acuerdo después de haberlo abandonado.

Pese a ser, a priori, una buena noticia, colectivos ecologistas y contra los tratados de libre comercio ya han advertido contra la tentación de reformar el TCE para intentar darle una capa de pintura y hacerlo más amable a los tiempos que corren. «La modernización del TCE es un intento de relegitimar un tratado anticuado, peligroso y cada vez más controvertido. Incluso si los Gobiernos se ponen de acuerdo en modernizar el TCE, las propuestas que están actualmente sobre la mesa no lograrán adaptar el nuevo TCE al Acuerdo de París», han advertido el Transnational Institute, el Corporate Europe Observatory y PowerShift.