Iñigo Urkullu y Jonan Fernández se han reunido esta tarde en Lehendakaritza con Ram Manikkalingam y Juan Garrigues, responsables de Dialogue Advisory Group (DAG), organización que verificó el desarme de ETA en 2017.

El encuentro, según el escueto comunicado hecho público por el Gobierno de Lakua, responde «al interés manifestado por Ram Manikkalingam de despedirse de Iñigo Urkullu, antes de que concluya su mandato como lehendakari, y agradecerle su contribución al desarme de la banda armada».

El 8 de abril de 2017, cuando se materializó el desarme de ETA bajo la supervisión de los artesanos de la paz, Urkullu compareció en Donostia –rehusó acudir a Baiona– acompañado por el líder de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), Ram Manikkalingam, para dar lectura a una declaración institucional. Afirmó entonces que el Gobierno de Lakua había trabajado para que el desarme fuera «viable», que tuviera un carácter «legal, unilateral, completo y sin contrapartidas», y además llegase «a buen puerto». Pero también intentó restar importancia a la iniciativa de los artesanos de la paz y dijo que «hoy no empieza ni termina nada» y que lo «fundamental» del desarme era que «las armas han pasado del espacio de clandestinidad al espacio de legalidad».

El lehendakari, de hecho, presentó su propio «modelo de desarme» tres años antes, y lo hizo a los pocos minutos de que la Comisión Internacional de Verificación (CIV) confirmara, el 23 de diciembre de 2014, que ETA continuaba el proceso de sellado y puesta fuera de uso operativo de sus arsenales. Urkullu decidió personalmente contraprogramar su propuesta a la de los verificadores, en una actuación que sorprendió. 

El Gobierno de Lakua elaboró su plan en solitario, sin que previamente informara de su contenido o lo contrastara con los verificadores ni con otros grupos involucrados en su desarrollo, como el Foro Social. La propuesta incluso contradecía y criticaba la labor que estaba realizando la CIV para avanzar hacia el desarme.

Urkullu sí acudió a Madrid a expresar su apoyo a los verificadores cuando estos fueron citados a declarar a la Audiencia Nacional española, unos meses antes.