NAIZ

La prisión para los autores intelectuales cierra la investigación del crimen de Marielle Franco

La detención de un diputado, un funcionario y un exjefe de Policía acusados de ordenar la muerte de clara «naturaleza política» de la concejala brasileña Marielle Franco cierra la investigación. Amnistía Internacional advierte de la complicidad del Estado y pide seguir con las pesquisas.

Una mujer camina junto a un cartel que recuerda a Marielle Franco en Río de Janeiro. (Daniel RAMALHO / AFP)
Una mujer camina junto a un cartel que recuerda a Marielle Franco en Río de Janeiro. (Daniel RAMALHO / AFP)

La Policía brasileña dio por concluida este domingo la investigación del crimen de la concejala Marielle Franco en 2018 con la captura de un diputado, un funcionario y un exjefe de Policía acusados de ordenar esta muerte de clara «naturaleza política».

La detención este domingo del diputado federal José 'Chiquinho' Brazão, su hermano Domingos Brazão, funcionario del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, y el exjefe de la Policía Civil de esa ciudad Rivaldo Barbosa, supone el «fin» de la investigación, dijo en rueda de prensa el director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues.

El jefe policial no descartó que pueda haber «otras diligencias» si surgieran «nuevos elementos» y explicó que la conclusión es que acabaron con la vida de Franco por su actuación contra mafias parapoliciales conocidas como milicias, que controlan muchas de las favelas de Río de Janeiro y tienen fuertes vínculos con grupos políticos.

«Tenemos bien claro» quiénes fueron los «ejecutores» y también quiénes ordenaron «ese crimen odioso, asqueroso, que fue un crimen de naturaleza política», enfatizó el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski.

Explicó que hay «claros indicios» de que los autores intelectuales estaban en «conflicto» con Franco, debido a su actuación contra intentos de las milicias de apoderarse de tierras públicas para «sus operaciones inmobiliarias».

Según Lewandowski, «el grupo de Marielle tenía fuerte actuación» en la Cámara municipal «en defensa del derecho a la vivienda y la regularización catastral» de los terrenos pretendidos por esas mafias.

«Todo estaba en contra de lo que esos grupos mafiosos querían», apuntó la Policía Federal.

Obstrucción a la justicia

El ministro también dijo que existe la «convicción» de que los supuestos autores intelectuales «interfirieron» y «obstaculización» la investigación durante los cinco años que estuvo radicada en Río de Janeiro.

El caso fue transferido a la órbita federal a mediados de 2023 y la investigación se aceleró, hasta concluir en la operación de este domingo.

La base de la Policía Federal para su indagación fue un acuerdo de cooperación judicial firmado por uno de los acusados de matar a Marielle Franco, en prisión desde hace cuatro años y quien habría disparado contra la concejala junto a otros dos expolicías.

El acuerdo fue firmado por Ronnie Lessa, exagente de policía de Río de Janeiro y miembro de esas milicias, que controlan muchos de los negocios ilegales en las favelas de Río de Janeiro y hasta ofrecen pistoleros a sueldo.

Complicidad del Estado

Amnistía Internacional alertó sobre la complicidad del Estado y calificó de «alarmante» que solo «agentes públicos» figuren hasta ahora como posibles participantes en el crimen de Marielle Franco.

«Es alarmante que el proceso de investigación haya señalado hasta este momento a tres agentes de seguridad pública como ejecutores del crimen y a otros tres agentes públicos como autores intelectuales», señaló en un comunicado la organización de defensa de los derechos humanos.

Amnistía Internacional valoró que la captura de los supuestos autores intelectuales «representa un importante avance», pero puntualizó que «aún no significa justicia», que solamente llegará cuando «todos los implicados sean responsabilizados».

Según el organismo de derechos humanos, «el surgimiento y la expansión de los grupos paramilitares son resultado, entre otros factores, de la impunidad y la falla de las autoridades del Estado, que no ofrecen respuestas contundentes a los desvíos en sus propias estructuras».

La concejala, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), tenía 38 años, era negra, lesbiana, nacida en una favela y toda su actividad política se volcó a la defensa de los derechos humanos y el combate a los grupos mafiosos que controlan decenas de barriadas populares en Río de Janeiro.

Amnistía Internacional subrayó que, de acuerdo a diversos organismos, «Brasil sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para los defensores de los derechos humanos» y que el Estado tiene «el deber de garantizar medidas para la no repetición» de hechos como el crimen de Marielle Franco.