Dice el Departamento de Seguridad de Lakua que «por respeto al hombre fallecido y sus personas allegadas», así como para «cumplir con la obligación de las instituciones de proteger sus datos personales y policiales», no ofrecerá información sobre los detalles que rodean la actuación policial tras la que murió Eneko Valdés, «orientada, en todo momento, a prestar atención asistencial y sanitaria a esta persona».

El hecho objetivo es que ese deseo no se cumplió, porque Eneko Valdés falleció. Y que son sus allegados, a quienes los ertzainas no dejaron acercarse a ayudar durante la intervención, quienes demandan saber la verdad.

Para eso, los responsable de estos operativos deben responder a las siguientes preguntas: la intervención de la Ertzaintza, ¿mejoró la situación? ¿Se aplicaron bien los protocolos? ¿Son estos correctos? Si las respuestas son afirmativas, es incomprensible que el Departamento no informara desde un principio sobre lo sucedido. Ni siquiera lo hizo cuando la Comisión de Control y Transparencia de la Policía Vasca consideró que la muerte de Valdés no se había producido «en el contexto de una intervención u operativo policial».

Si la Administración afronta «actuaciones psiquiátricas» con la Policía, eso debe tener un control; que no detenga a estas personas no debe restarles derechos

Valdés no estaba detenido porque se trataba de una «actuación psiquiátrica». Precisamente, si la Administración pública canaliza su actuación con las personas en este estado a través de la Policía, la forma en que se trata a estas personas debe estar sujeta a control, por ser especialmente vulnerables. Que no les detengan no debe restarles derechos.

En el caso de Valdés, que no estuviera detenido no debería, en principio, descartar la necesidad de investigar su muerte. Tanto es así que, contra de lo que dice el Departamento de Seguridad, hay una investigación de un juzgado en curso, y se está recabando información. Entre otros, de la Policía Municipal de Astigarraga, a cuyos agentes relegó la Ertzaintza en Astigarraga. La familia está personada, con un abogado, según ha podido comprobar GARA.

Un caso incómodo para todo el mundo

Tristemente, a falta de los datos de la autopsia, teniendo en cuenta los hechos, los protagonistas y los testigos, conociendo la jurisprudencia por encima, es difícil que esa investigación determine cargos contra nadie. Eso, no obstante, no debería implicar que no se sepa la verdad. Tampoco debería evitar que la Policía revise sus protocolos y actuaciones, porque si las cosas se hacen bien igual menos gente saldrá malparada.

Eneko Valdés era una persona con problemas, con una vida difícil, y estaba bajo los efectos de la droga. Sus allegados no han ocultado nada de esto, por lo que sugerir otras sospechas es bastante miserable. Él pidió que llamaran a la Policía porque estaba aterrado y necesitaba ayuda. Las cosas que él hizo que suponían un riesgo para su vida están claras. Hay otras cosas que no lo están tanto.

La falta de transparencia es irrebatible. Si todo pasó como cuenta Seguridad, lo tendría que haber contado el primer día y comunicarlo como ejemplar

En la autopsia, por ejemplo, llaman la atención las marcas de su frente, que son compatibles con porrazos y difícilmente fruto de autolesiones. La presencia de abundantes patrullas y entre ellas vehículos iguales a los propios de las patrullas Bizkor debe tener una explicación sencilla. Que la den. Esa unidad ya había actuado previamente en «actuaciones psiquiátricas». Claro que igual ya se ha cambiado ese protocolo, pero estaría bien que informaran. Los policías se identificaron ante la familia como miembros de Bizkor (quizás alguien se quiso dar importancia).

Hay otros elementos de sospecha, pero la falta de transparencia es irrebatible. Si todo hubiera pasado como cuenta el Departamento de Seguridad, lo tenían que haber contado el primer día. Su actuación fue tan impecable que debía haber sido comunicada como ejemplar. Como hacen con todo tipo de temas, algunos vitales y otros ridículos. Nada tan grave como la muerte de una persona.

Cosas que no creerías

Cuando miramos a casos como la muerte de Eneko Valdés tampoco hay que despreciar la lógica humana y la experiencia de la sociedad. Mucha gente tiene familiares con problemas serios de salud mental, y sabe que no es fácil tratar con ellos. También sabe que las cosas empeoran o mejoran dependiendo de que se acierte. Quizás son especialistas en salud mental los que tienen que dirigir estos operativos.

Asimismo, mucha gente ha visto el efecto que las drogas generan en las personas. En todo tipo de contextos y en todo tipo de personas. Desde políticos hasta policías, en este país mucha gente tiene una relación como mínimo esporádica y un tanto complicada con la droga. La Policía presiona para que se adopte una visión punitivista al respecto, pero se debería dar un debate social y político serio. Ese es otro tema, claro. No potenciar el estigma sería un avance.  

La experiencia ciudadana con la Ertzaintza es de autoritarismo injustificado, recurso fácil a la violencia, poca flexibilidad, sesgo ideológico...

Al mismo tiempo, la experiencia ciudadana vasca con la Ertzaintza es acumulativa y no especialmente positiva. Incluso dejando de lado la anterior fase y su historial represivo. Autoritarismo injustificado, recurso fácil a la violencia, poca flexibilidad para gestionar situaciones sencillas, sesgos ideológicos y prejuicios sectarios, formación defectuosa en todo lo que no sea represivo… Es una Policía obsesionada con el orden y poco dada al servicio público.

La deriva de los últimos meses, protagonizada por el colectivo Ertzainas en Lucha y tímidamente apoyada por algunos sindicatos, está minando aún más la escasa credibilidad del cuerpo. Y lo está haciendo entre los suyos, entre quienes han apoyado históricamente a la Ertzaintza.

La Policía, a debate

Esta misma semana, en una pregunta parlamentaria al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y los casos de Mikel Zabalza y el bar Aldana, el diputado del PNV en Madrid Aitor Esteban se cuestionaba si «¿no será que el Gobierno está amedrentado por un cuerpo policial?», en clara evidencia a la Guardia Civil. La misma pregunta se puede hacer en gran medida al PNV respecto a la Ertzaintza, cuyos militantes muestran su preocupación por la deriva autoritaria y españolista de los nuevos agentes. Eso sí, en privado. Públicamente, cierran filas. Más aún si a la posible víctima de los desmanes la perciben como un don nadie, un paria, un loco, un drogadicto, un pringado.

Pienso que ya hay un consenso social sobre que tenemos un problema con la Policía, y por eso sería fantástico que, después de las elecciones, eso se tradujera en un consenso político, y que tras un proceso de participación y negociación se acordase un diagnóstico y una hoja de ruta. Pero tengo dudas de que haya voluntad para algo así. Mientras tanto, lo que no mejora, empeora.

Por eso, en lo que a nosotros respecta, no tenemos otra que alimentar el debate público con argumentos y tratar cada caso de mala praxis policial con rigor y serenidad. Alguno verá en esto una campaña, pero en realidad hay un ejercicio de mesura contrastable. En los últimos meses llevamos, además de la muerte de Eneko Valdés, el disparo con pelota de foam a un chaval en Carnavales de Tolosa, las mujeres heridas en las cargas en el fútbol en Donostia, la intervención en el fútbol en Bilbo y las cargas en Gasteiz el 3 de Marzo. Demasiadas víctimas de violencia policial sin que hayan mediado conflictos serios. Hay que sumarle las acciones de Ertzainas en Lucha a cuenta del Tour y con posterioridad.

No todas estas situaciones son iguales, sin duda. Pero sí pueden ser consideradas diferentes manifestaciones de un mismo fenómeno: una cultura policial represiva, autoritaria, poco transparente e ineficaz, acostumbrada a no rendir cuentas, extemporánea y necesitada de una reconversión. Es hora de que interlocutores válidos inicien esa conversación en serio.