La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha mantenido su petición de 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria al expresident catalán Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 34 excargos de la Generalitat por su presunta responsabilidad contable por el supuesto desvío de fondos para el referéndum del 1-O y la acción exterior del Govern.

En la lista también figuran exconsellers condenados por el Supremo, como Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de EEUU, Estado francés, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).

Asimismo, están encausadas nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Destacan el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.

El fiscal Manuel Martín-Granizo se ha pronunciado así en un escrito de conclusiones, citado por Europa Press, después de que la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, le diera un plazo de 10 días para que presentara su postura.

El representante del Ministerio Público insiste en que «el menoscabo es real y efectivo» y «se encuentra plenamente individualizado, con identificación de cada uno de los actos que dieron lugar al perjuicio».

Defiende asimismo que está «acreditado» que «fueron los actos desplegados por los demandados los que dieron lugar a la producción del perjuicio (...) sin que exista ninguna duda acerca de que los daños resultan objetivamente imputables a su conducta».

Así las cosas, la Fiscalía considera pertinente mantener su reclamación de 3,1 millones de euros: 883.695 euros por los gastos de referéndum y 2.209.503 euros por los gastos de acción exterior.

35 encausados

Además de Puigdemont, constan otros 34 nombres, entre ellos el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

Según las fuentes del órgano fiscalizador consultadas, ahora que el Tribunal de Cuentas ha recibido la respuesta del Ministerio Público, queda a la espera de que se pronuncie la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana para luego dar traslado a las defensas para que se pronuncien.

Cabe recordar que la consejera pidió informe a la Fiscalía después de que el pasado enero rechazara suspender el procedimiento por la tramitación de la proposición de ley de amnistía que pretende perdonar más de una década del ‘procés’, como pedía el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de encausados de ERC.

A ese respecto, la Fiscalía señala que la transformación de una proposición de ley «en una norma que extinguirá la responsabilidad contable que aquí se dilucida es un hecho futuro y no exactamente incierto, pero tampoco dotado de una certeza plena, al desconocer la fecha de entrada en vigor de la ley y su exacto contenido y alcance».

Aunque el Tribunal de Cuentas emplazó a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana a que emitiesen sus conclusiones, ambas se pronunciaron en el marco de la vista del 17 de noviembre de 2023 y presentaron informes incluso antes.

Sociedad Civil Catalana, a la espera de que presente sus conclusiones finales, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.