El último Sociómetro Vasco, encuesta que se realiza desde la propia estructura de Lehendakaritza, ha confirmado que la ciudadanía de la CAV considera la situación de Osakidetza su segundo «principal problema». En 2022, el porcentaje de encuestados que veían el Sistema Público de Salud como uno de sus problemas más acuciantes era del 16%. Ahora es del 35%. En el caso del Deustobarómetro realizado por la Universidad de Deusto, sube al 39%. Y en algunos otros sondeos publicados  estos días, se observa que la gestión de Osakidetza es incluso una preocupación para una buena parte de los votantes de PNV y PSE. Llamativamente, el electorado de PP y Vox es el que más tranquilo está, debe de ser que tienen importantes seguros privados. 

La imagen que la ciudadanía tiene de Osakidetza y de otros servicios públicos, según el todavía lehendakari, Iñigo  Urkullu, no es fruto de sus propias experiencias, sino de la labor de zapa que están haciendo «el populismo y el catastrofismo». Y es que, aunque hay ocasiones en las que los gobernantes del PNV esbozan cierta «autocrítica» –bueno, más bien hablan  con pomposidad de que «no me duelen prendas en reconocer con visión crítica los ámbitos necesitados de reforma y mejora»–, después, de inmediato, inciden en todo lo que están gastando en Sanidad y otros servicios y –como Urkullu– censuran a la mayoría sindical y a la izquierda parlamentara criticando que «dicen lo que una parte de la sociedad quiere escuchar cada vez que se les pone un altavoz. Y dicen que los servicios públicos están en declive, que las condiciones laborales del sector público van a peor, que las administraciones son un saco sin fondo de dinero y que la privatización de los servicios públicos es constante. Los populismos no ofrecen ningún dato objetivo, no citan las fuentes. Esta actitud irresponsable es muy peligrosa».

Si de datos se trata, se puede recordar, que, entre el 30 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2023, los pacientes que esperaban una primera cita con el especialista en Osakidetza subieron de 39.034 a 69.523, nada menos que un 78,13%. O que, según los últimos datos, Osakidetza recibió en los nueve primeros meses de 2023 un total de 36.060 reclamaciones y quejas de sus pacientes, según datos oficiales remitidos al Parlamento. Son un 10,3% más que las recibidas en el mismo periodo de 2020 y más que las registradas en el total de cada año entre 2017 y 2021.

Y aunque se quiere negar el problema, lo cierto es que GARA desveló en septiembre que el Servicio Público de Salud no solo estaba derivando, como siempre, pacientes para ser operados en clínicas privadas, sino que ya lo hacía por lotes y con el fin declarado de reducir las listas de espera, según documentos que tenía.

Movilizaciones y Ararteko

Las deficiencias de Osakidetza no solo se reflejan en las encuestas, sino que han dado lugar a manifestaciones de miles de pacientes en las tres capitales y en muchas otras localidades. Movilizaciones trasversales, con importante participación de gente mayor, y enormes muestras de cariño al personal sanitario, con clara precisión al distinguirlo de quienes los y nos gobiernan. Ha habido huelgas convocadas por todos los sindicatos. Y cabe recordar que en cada huelga el trabajador pierde su salario.

También el Ararteko, en su informe anual de 2023, recoge que «resulta obligado hacer mención, nuevamente, a la situación de tensionamiento que aún soporta el sistema sanitario vasco, en especial la atención primaria y especializada». Describe que en el conjunto de las quejas tramitadas han ganado peso específico las relativas a la falta de personal sanitario en algunos centros de Salud, en particular la insuficiencia de médicos y médicas de familia y pediatras, lo que provoca la ampliación de los plazos de asignación de citas presenciales y telefónicas o incluso la necesidad de que las personas usuarias se tengan que desplazar en determinadas épocas del año a los Puntos de Atención Continuada (PAC)».

Sobre el origen de esta situación, el Ararteko asegura que «la pandemia de covid-19 no hizo sino agravar una situación precedente, generada a partir de una insuficiente planificación de las necesidades futuras de las especialidades de medicina de familia y pediatría, de la falta de reconocimiento de este nivel asistencial, de las dificultades para la provisión y retención del personal sanitario, y del progresivo envejecimiento de la población y el consecuente aumento de las enfermedades crónicas».

El Gobierno de Lakua suele culpar de todo a la pandemia, pero el Ararteko apunta que no hizo más que «agravar una situación precedente» y sus carencias.

La gestión de la pandemia

A nadie se le escapa que la gestión de la pandemia del covid-19 fue una situación de enorme estrés para todos los gobiernos y administradores de lo público. Algo desconocido, nunca antes vivido o, mejor dicho, padecido. Pero, una vez más, la humildad no fue la principal características del Ejecutivo de Urkullu, que se empeñó en asegurar en el Parlamento que «Euskadi es donde más test realizamos» y que «en Euskadi han enfermado y fallecido menos personas que la media del Estado». Ambas afirmaciones resultaron cuestionables con datos oficiales en la mano. Habría que mencionar, además, la evidencia de que las vacunas administradas fueron durante mucho tiempo por detrás de las dosis recibidas.

Y hablando de vacunaciones, no se puede olvidar –por el daño que hace a la imagen pública de Osakidetza– el caso de las vacunaciones irregulares de los directores gerentes de los hospitales de Basurto y Santa Marina. Ambos compañeros de partido de Gotzone Sagardui y, como ella, exconcejales del Ayuntamiento de Bilbo. Es cierto que finalmente los cesó, pero solo cuando los hechos trascendieron en los medios y con comparecencias parlamentarias en las que ocultó datos y mintió abiertamente. ¿Cómo es eso posible? Lo aclaró el entonces parlamentario y portavoz de Salud Luis Javier Telleria, quien, tras escuchar a la oposición, dejó en el diario de sesiones un «yo también empiezo a cansarme»,  y quiso que nadie olvidara que «somos el grupo mayoritario de largo en este Parlamento y, por ello, representamos de largo al mayor número de ciudadanas y ciudadanos vascos». Quizá así se empiece a perder esa condición.

«Cambio cultural» luego negado

El 8 de junio de 2022, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, participó en el Executive Forum celebrado en Bilbo y en un contexto de –digamos– colaboración público-privada, aseguró textualmente, y hablando en concreto de la Atención Primaria, que «nos enfrentamos al reto de trasladar a la ciudadanía que estamos ante un cambio cultural de usos y costumbres en nuestra relación con los servicios sanitarios. Habrá que desplazarse con más frecuencia para determinados procesos, habrá consultorios que estén atendidos por servicios de Enfermería, incluso que permanezcan cerrados en épocas como las que se avecinan, las vacacionales». Sus palabras, grabadas en vídeo, fueron remitidas por el Departamento de Salud a los medios de comunicación y fueron destacadas, por ejemplo, en los informativos de EiTB.

Sin embargo, cuando en el Parlamento le pidieron explicaciones por ello, Sagardui se aprovechó del reglamento y después de dos interpelaciones y una pregunta sobre el tema, en su último turno de palabra, cuando ya nadie podía responderle, calificó de «despropósito» que de sus palabras sus palabras se pueda deducir que anunciara «una nueva estrategia», que «el personal de Enfermería va a sustituir al de Medicina; no es así, o que vamos a cerrar consultorios».

Pero la credibilidad de Gotzone Sagardui tiene unos importantes enemigos. Ese mismo párrafo sobre el «cambio cultural» lo había pronunciado antes el 25 de mayo, palabra por palabra, en un acto organizado por otra entidad privada, Redacción Médica. Pero, lo que es peor para el Gobierno de Lakua, sus hechos han confirmado lo dicho, y ya se han visto consultorios cerrados y PAC, sin médicos, atendidos por personal de Enfermería. En uno de ellos, en Laudio, murió una persona. ¿Hubiera ocurrido lo mismo de haber médico? Nunca lo sabremos, porque lo cierto es que no lo había. Y también se han visto las carencias en Pediatría en varias zonas, con las graves consecuencias que puede llegar a causar.

Diagnóstico errado

En aquel mismo pleno en el que Gotzone Sagardui trató de negar lo que estaba grabado, su jefe, el lehendakari –que ya tenía experiencia en ese terreno–, la defendió. A su entender, lo que el día 8 hizo la consejera fue mencionar los principales condicionantes que tiene la Sanidad. Iñigo Urkullu aseguró que solo enumeró la incidencia que todavía se mantiene del covid y otras pandemias, la influencia de la investigación y la innovación y de las nuevas tecnologías, y su relación con las nuevas medicinas, y los cambios en las vocaciones de los nuevos profesionales. «Está claro, teniendo en cuenta todo esto, que estamos ante un cambio cultural», concluyó.

Porque cuando al Gobierno de Urkullu y Sagardui se le pone ante el espejo del malestar ciudadano, responden con fríos datos económicos como que «hemos incrementado el presupuesto de Salud y Osakidetza en un 43% en 10 años» y hablando de construcciones de centros de salud, 340 nuevos equipos para resonancias, ecografías, mamografías, TAC.

Hay fuentes que ponen en duda que, en proporción al PIB, se esté invirtiendo en Salud más que hace 10 años. Pero lo que debería preocupar al lehendakari y a quienes ahora pretenden sucederle desde su partido es que si según sus datos este Gobierno gasta más que nunca, es que está gastando mal. Porque hace diez años, en 2012, solo el 6% de la ciudadanía consideraba Osakidetza un problema. Ahora es el 35%. Casi 6 veces más.

El PNV presume de los peores datos de espera de la década

En los últimos días, el candidato a lehendakari por el PNV,  Imanol Pradales, viene presumiendo de los datos sobre listas de espera que ha hecho público el Ministerio de Interior, comparando que la media de espera para cirugías en Osakidetza es de 63 días, mientras la media en el Estado es de 128 días y en Cantabria –que repite que «está aquí al lado»– es de  173. Pero lo que el PNV no dice es que los datos que el Ministerio ofrece son los peores de la CAV en toda la década. Es decir, que durante el Gobierno de Urkullu, el tiempo medio  de espera se ha duplicado. Esa media, que ahora está en los 63 días de los que habla Pradales, era de 30 días en 2013. Por otra parte, hace diez años el porcentaje de citas por encima de los 60 días era prácticamente inexistente o testimonial. En el último informe se eleva hasta el 36,93%, lo que supone que afecta a más de uno de cada tres pacientes.

Por otro lado, la gran promesa del PNV está siendo dejar el tiempo de espera para una consulta en Atención Primaria en 48 horas, que es una media que ahora mismo ya se cumple al menos según la información remitida por la consejera Gotzone Sagardui al Parlamento.