El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reabierto la investigación sobre el supuesto espionaje con el programa Pegasus de los móviles del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y de varios ministros tras recibir nuevos datos de las autoridades francesas acerca de una causa allí investigada. Se constataron «pinchazos» a Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Luis Planas (Agricultura).

Este espionaje conoció después del destapado contra líderes independentistas catalanes y algunos vascos, que fue justificado por las autoridades españoles indicando que eran escuchas con aval judicial. El president catalán, Pere Aragonès, ha culpado al Gobierno español de falta de colaboración para esclarecer este caso.

El magistrado Calama acuerda la reapertura tras haber recibido una Orden Europea de Investigación (OEI) emitida por las autoridades judiciales francesas que incorpora una investigación llevada a cabo allí en 2021 por múltiples infecciones de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros de gobierno francés, ministros y diputados, con el software Pegasus.

En esa documentación, las autoridades de ese país explican que se han dirigido a la mercantil Grupo NSO, sociedad de capital riesgo cuyo domicilio social se encuentra en Israel, y que ha desarrollado y comercializado el software, «en principio de venta exclusiva a organizaciones estatales con el fin de vigilar a personas sospechosas de terrorismo u otros delitos graves», recuerda.

Las autoridades francesas exponen que sus investigaciones pretenden averiguar quien se encuentra detrás de estas infestaciones masivas y que su investigación les ha llevado a solicitar auxilio judicial a Estados Unidos e Israel, toda vez que la empresa NSO negó ser responsable de la infección de los teléfonos y afirmó que cualquier información adicional debía solicitarse a través de las herramientas de cooperación judicial.

 
Según explica la Audiencia Nacional, en el documento enviado por París se recogen los «indicadores de compromiso» (IOCs), que son una serie de datos que pueden indicar que un sistema ha sido comprometido por un atacante. Estos indicadores pueden incluir direcciones IP, nombres de dominio, archivos maliciosos, patrones de tráfico de red y comportamiento anómalo de usuarios, entre otros. Los IOCs se utilizan en la detección y respuesta a incidentes de seguridad informática.

Buscan comparativas

En su auto, el juez Calama explica que el sobreseimiento provisional permite reabrir una causa cuando aparecen nuevos datos. En este sentido, considera que la comparación de los elementos técnicos recogidos en la investigación francesa con los obtenidos por el Centro Criptológico Nacional en los análisis periciales de los dispositivos infectados del presidente del Gobierno y de los tres ministros puede permitir avanzar en las investigaciones llevadas en uno y otro país en orden a determinar la autoría de estas infestaciones.

El magistrado explica que «las investigaciones en Francia determinaron que cada servicio que utilizaba el software Pegasus creaba una infraestructura que podía utilizarse para atrapar varios números». «Por tanto, es posible establecer comparaciones entre las pistas encontradas en los distintos teléfonos infestados para identificar una única fuente de infestación», concluye.

Como principal diligencia, el juez de la Audiencia Nacional acuerda la práctica de un informe pericial que elaborará el Centro Criptológico estatal con objeto de comparar los elementos técnicos recogidos en las investigaciones francesa y española y que lleve a determinar la autoría de los ataques informáticos.

Calama explica que cuando obtenga el resultado de este nuevo examen pericial se podrá llevar a cabo un intercambio más amplio de información con las autoridades franceses y así conocer el contenido de la información que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el proceso del control interno del software Pegasus y un detalle más completo sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI).

«Todo ello permitirá una actuación conjunta y coordinada de las autoridades judiciales francesas y españolas en orden a determinar la autoría de la infestación llevada a cabo a través del programa espía Pegasus tanto en Francia como en España», concluye el juez.