La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha instado a las comunidades autónomas, las competentes en la materia, a que apliquen la Ley de Vivienda y declaren zonas de mercado residencial tensionado para detener el alza de los precios de la vivienda.

«Instamos a los gobiernos autonómicos a declarar zonas tensionadas en los territorios afectados y así poder poner los medios proporcionados por la Ley de Vivienda para salvaguardar el derecho a una vivienda digna», ha exigido el responsable de Vivienda de CECU, Eloy Gutiérrez, un año después de la aprobación de la Ley de Vivienda.

Actualmente, solo Catalunya ha declarado zona tensionada para 140 municipios, y está en proceso de ampliarlo a 271, mientras que solo 12 municipios han solicitado en el Estado español formalmente la declaración de zona tensionada. En Euskal Herria la solicitud oficial tan solo la ha hecho Errenteria, a pesar de que hay otros posicionamientos en el mismo sentido que todavía no se han tramitado, como el caso de Donostia.

Más del 30% de los ingresos, al alquiler

Desde CECU, han asegurado que un estudio de Atlas Real Estate Analytics cuantifica que el 61,09% de los hogares del Estado español destina más del 30% de sus ingresos para hacer frente al alquiler, más los gastos y suministros básicos, por lo que más territorios podrían ser considerados áreas tensionadas. Esto se traduce en 13.139.070 hogares afectados por los precios excesivos del alquiler.

No obstante, CECU ha reiterado que el índice de precios de referencia, el mecanismo que se activa una vez se declara una área tensionada para limitar el precio del alquiler, no es «del todo eficaz», ya que «su aplicación se limita solo a las zonas declaradas tensionadas y, al poner intervalos de precios cuyos valores superiores son relativamente altos, no asegura una reducción notable de los alquileres ni siquiera en estas zonas».

Rebajar la figura del gran tenedor a tres viviendas

En relación a la figura del gran tenedor, personas físicas o jurídicas que posean 10 o 5 viviendas, en función de la autonomía, que está obligado a limitar el precio del alquiler en sus viviendas, desde CECU ven necesario reducir la consideración de gran tenedor a tres viviendas con el fin de «ampliar la protección al inquilino y reducir la brecha social y económica con los arrendadores».

De igual manera, ha exigido establecer un régimen sancionador para evitar que arrendadores se salten la limitación anual en la actualización de los contratos de alquiler, que en 2024 se sitúa en el 3%, y que se forme un equipo de inspectores que vele por el cumplimiento de la norma.

«Es necesario también desarrollar la regulación del alquiler de temporada, que hasta ahora solo lo ha hecho Catalunya; así como el alquiler por habitaciones o el 'coliving', para proteger a las personas inquilinas ante este tipo de abusos», añaden.

CECU ha reclamado también elaborar herramientas «más efectivas» para que se asegura el descenso del precio del alquiler, como una moratoria en la construcción de nueva vivienda y la expropiación del derecho de uso de las viviendas vacías para destinarla a alquiler público y asequible; así como unas ayudas que prioricen los hogares en situación de vulnerabilidad.