Los fiscales del ‘procés’ ya han trasladado al fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, su rechazo a aplicar la Ley de Amnistía a los políticos catalanes condenados por el referéndum del 1 de octubre de 2017. Se ha sabido el mismo día en que se ha aprobado definitivamente la ley en el Congreso, lo que confirma la voluntad de muchos jueces de intentar sabotear la norma. La pasada semana ya se conoció incluso un manual para ello, difundido a 5.000 jueces y magistrados desde un correo electrónico del Consejo General del Poder Judicial.

«Estamos ante actos de malversación de fondos públicos a los que no es de aplicación la Ley de Amnistía», sostienen en este caso Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, en un documento al que ha tenido acceso Europa Press, en el que advierten de un supuesto «ánimo de lucro».

Hablan de un «beneficio patrimonial» en el caso del expresident catalán Carles Puigdemont, del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, de los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

A su juicio, los políticos, que han cumplido penas de prisión o permanecen en el exilio, percibieron ese supuesto «beneficio» en cuanto dedicaron fondos públicos «a fines inconstitucionales de extraordinario costo que les beneficiaban para conseguir sus propósitos».

Sostienen que en la propia Ley de Amnistía «quedan excluidos» los actos constitutivos de delito de malversación «siempre que haya existido propósito de enriquecimiento».

Y afirman que, siempre según su interpretación, Puigdemont, Junqueras, Comín, Puig, Romeva, Turull y Bassa se «apropiaron de fondos públicos, con beneficio patrimonial propio y sin restitución alguna de los bienes separados para siempre de su función legítima y constitucional».

«Con el dinero sustraído de las arcas públicas se pagaron servicios y contratos públicos que daban cobertura, respaldo y solvencia a un proyecto político exclusivo de los autores beneficiados», añaden.

En contra de levantar las ordenes de detención

Asimismo, los fiscales inciden en que Ley de Amnistía no afectaría a las inhabilitaciones impuestas por el Tribunal Supremo a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa bajo la acusación de malversación.

Según indican, «no pueden considerarse finalizadas y extinguidas, ya que las acciones por las que fueron condenados no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Amnistía».

También se oponen al levantamiento de las ordenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig. Llama la atención que las ordenes de arresto sigan vigentes, cuando la euroorden está desactivada.