La consejera de Paz y Convivencia de Nafarroa, Ana Ollo, ha pedido «perdón» en nombre de las instituciones navarras por «no haber hecho caso durante tanto tiempo» a las demandas de las doce primeras víctimas de violencia cometida por funcionarios públicos o grupos de extrema derecha en Nafarroa.

Además de ello, ha felicitado a estas personas, a sus familias y a los colectivos que les han arropado durante décadas por una «perseverancia» que ha permitido llegar hasta el acto de este jueves.

En todo momento se ha dejado claro que estas doce son «las primeras» y que pronto la comisión de verificación resolverá más expedientes que le están llegando al amparo de la ley 16/2019 de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

Ollo, a su vez vicepresidenta segunda de Nafarroa, ha asegurado que estas personas fueron objeto de «una violencia injustificada e injustificable».

Ana Ollo ha pedido perdón en nombre del Gobierno y ha asumido que estas personas fueron víctimas de «una violencia injustificada e injustificable»

Y ha lamentado que se haya llegado tan tarde a un «día importante», cuestión que ha achacado a las trabas que han existido por parte de otras instituciones y partidos políticos.

Ha recordado que ha pasado casi una década de la ley de memoria de 2015, que fue cercenada después en elementos sustanciales tras un recurso del Partido Popular, una formación que no ha enviado representantes al acto (a diferencia de UPN).

Los doce primeros casos resueltos (que fueron además los primeros en presentarse ante la comisión de verificación) son todos ellos palmarios y referenciales.

Hay dos víctimas mortales (Mikel Zabalza tras ser torturado en Intxaurrondo y Mikel Arregi, ametrallado en un control policial en Sakana) así como heridos de bala durante los sucesos de Sanfermines del 78, torturados y una víctima de una carga policial que le dejó lesiones permanentes.

Este reconocimiento formal habilitará que sean reparados no solo moralmente, sino también económicamente por la violencia sufrida, con un tope fijado en 250.000 euros en caso de fallecimiento y que incluso puede llegar al medio millón de euros para una invalidez absoluta. Y también les confiere derecho a recibir asistencia sanitaria y sicológica.  

Cerrar casi un siglo de enfrentamientos

Martín Zabalza, el director general de Memoria y Convivencia y presidente de la comisión que está verificando las decenas de denuncias que se están tramitando (la mayoría de ellas relativas al uso sistemático de la tortura), ha asegurado que fue un día clave para la consolidación de «un marco estable de convivencia en un estado de postviolencia tras casi un siglo de enfrentamientos».

Zabalza ha defendido la comisión que preside como un elemento de justicia transicional equiparable a una comisión de la verdad. En este sentido, aseguró que se están moviendo dentro del corsé que les impuso el Constitucional, esto es, fuera del marco penal, pues este implica la atribución de responsabilidad, cosa que dijo que les está «taxativamente vedada».

En consecuencia, ha explicado que los nueve miembros de la comisión se están centrando en exclusiva en verificar si los hechos denunciados son ciertos y, por consiguiente, refrendando la condición de víctima con los efectos que eso conlleva.

A juicio del director, se ha iniciado en Nafarroa un «proceso histórico de reconocimiento y reparación» que acabará en la «consecución de una paz justa».

Y ha sostenido, además, que actuar fuera del ámbito penológico puede tener «ciertas ventajas» a la hora de asentar la verdad, citando para ello declaraciones de las Naciones Unidas.

Las palabras de las primeras víctimas oficiales

Cuatro representantes de las víctimas reconocidas, incluida una hermana de Zabalza y otra de Arregi, han sumado sus voces al acto. Lo han hecho celebrando un día muy importante para ellos, pero añadiendo que vienen muchos por detrás, porque el proceso no se ha acabado.

Además, tanto Idoia Zabalza como Mintxo Ilundain, herido de bala en los sanfermines de 1978, han insistido en la necesidad de que se elimine la Ley de Secretos Oficiales para que de verdad se esclarezca lo ocurrido y sentir así «una satisfacción plena».

Txaro Arregi ha recordado que han pasado 45 años desde que la Guardia Civil ametrallara a su hermano, concejal de HB en Lakuntza. Y ha manifestado sentir una pena enorme por sus padres, que se murieron sin que el reconocimiento llegara. Cosa, ha explicado Arregi, que «les hubiera aliviado mucho».

La hermana del fallecido también ha tomado la palabra por otra de las víctimas ayer reconocidas, su pareja Josu Imaz, contra quien grupos de extrema derecha atentaron en dos ocasiones.

Ilundain, el herido en sanfermines, ha insistido en que la ley navarra tiene que verse como una vía abierta al esclarecimiento y no convertirse en un tapón.

Y ha dado varias pinceladas sobre su vivencia del 8 de julio de 1978. Ha recordado cómo acabó herido de bala escondiéndose en los bajos de un coche y cómo fue testigo de la muerte de Germán Rodríguez de un tiro en la frente.

Josu Irañeta: «Hemos sido durante demasiado tiempo invisibles. Esto no es solo para mí, sino para toda Navarra y todas las víctimas del Estado»

«Hemos sido durante demasiado tiempo invisibles», ha sentenciado Josu Irañeta, que fue víctima de la tortura. «Este reconocimiento no lo siento para mí, sino para toda Navarra y todas las víctimas del Estado».

Irañeta ha afirmado que cientos de torturados están «expectantes» a causa de este acto. Aseguró que durante años jamás pensó que pudiera llegar a un reconocimiento como este.

La víctima ha proclamado que no se puede «vivir con odio y rabia».  Dejando a un lado el papel con el discurso, ha terminado así: «Quiero vivir en paz. Quiero que nunca más se maltrate a ningún ser humano. Ni siquiera a los que me maltrataron a mí y a mi familia».

Idoia Zabalza ha realizado un breve recorrido a tantos años de lucha y frustración, recordando que se logró abrir el caso en dos ocasiones, pero que jamás pasó de la fase de instrucción.

Ha asegurado que el caso de su hermano muerto y lanzado al Bidasoa «no fue inusual por la práctica de la tortura, sino por el resultado». También, como Arregi, ha lamentado que sus padres no hayan podido vivir este acto.

Egiari Zor y la Red de Personas Torturadas han emitido una nota conjunta en la que resaltaron la «importancia del evento» y han defendido que la ley 16/2019 «está dando resultados».

Eso sí, para que se pueda hablar de una igualdad entre las víctimas, ambas organizaciones postulan que los actos de reparación deben de convertirse en una cita anual como sucede con las víctimas de otras violencias.