Independientemente de sus éxitos electorales, la extrema derecha ha logrado influir en la sociedad europea, estableciendo una nueva normalidad que valida sus discursos simplistas ante problemas complejos. Un ejemplo es el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea (UE), aprobado en abril, que fortalecerá los controles fronterizos y no evitará más muertes en el Mediterráneo. Este pacto recibió apoyo de conservadores, socialdemócratas y liberales, mientras que fue rechazado por la Izquierda y los Verdes, y despreciado por la ultraderecha, que busca endurecerlo aún más tras las elecciones del domingo.

El pacto marca el culmen de una serie de políticas migratorias restrictivas adoptadas tanto por los Gobiernos de los estados miembros como por las instituciones europeas. Surgió tras una década de negociaciones, motivadas por la llegada de refugiados sirios en 2015, que sacudió el Sistema Común Europeo de Asilo y propulsó a las formaciones de extrema derecha. La era de las ‘fronteras abiertas’ de la ex canciller alemana Angela Merkel es historia, al igual que el enfoque humanista de la UE. Hoy, los líderes europeos buscan controlar las fronteras exteriores y detener la entrada de migrantes a cualquier costo.

¿Qué contempla el pacto?

En el centro del Pacto Migratorio, que entrará en vigor en 2026, se encuentra el principio de ‘solidaridad a la carta’. El objetivo es trasladar al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir aparte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente. Es decir, que podrán comprar su falta de solidaridad.

El Pacto endurece además las condiciones para los solicitantes de asilo en las fronteras europeas mediante más detenciones, incluyendo a familias y menores. Así, cualquier persona que llegue a las fronteras europeas será sometida a un sistema de identificación y control mediante el registro de datos biométricos a través de Eurodac. Si no cumple con los requisitos para solicitar asilo, será devuelto.

Otro aspecto preocupante es la externalización de fronteras impulsada por la UE mediante acuerdos con países de tránsito en África y Oriente Próximo. La UE ha proporcionado importantes sumas de dinero a estados que violan los derechos humanos, como Marruecos, Egipto, Túnez o Turquía, a cambio de que restrinjan la llegada de migrantes. Esta medida no solo condiciona las relaciones exteriores europeas al chantaje de regímenes autoritarios, sino que también pone en peligro la vida de personas que huyen de la guerra, crisis económicas o catástrofes ambientales. En lugares como Libia, se han documentado casos de compraventa de migrantes en centros de detención, y en Marruecos, Túnez y Mauritania se han registrado casos de abandono de migrantes en áreas remotas o en pleno desierto.

El Pacto Europeo de Migración y Asilo refuerza además el rol de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), la cual ha sido señalada por graves irregularidades en la gestión de los refugiados. Un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) reveló que Frontex utilizó fondos europeos para financiar algunas devoluciones en caliente de migrantes en el Mar Egeo.

El Reglamento de Crisis del pacto presenta varias excepciones en situaciones de crisis, casos de fuerza mayor e instrumentalización. Este concepto plantea un riesgo para la acción humanitaria al incluir de manera vaga acciones de «actores no estatales hostiles» destinadas a «desestabilizar la UE». En la práctica, podría ser utilizado, según Médicos Sin Fronteras, para criminalizar a las organizaciones humanitarias, especialmente en el ámbito del rescate en el mar. Así, el pacto no aborda los problemas de fondo que originan la migración, ni ayuda a detener las muertes en el Mediterráneo. Desde 2014, más de 20.000 personas han muerto intentando llegar a Europa, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El ritmo lo marca Meloni

Las políticas de Bruselas irradian un cambio de postura respecto a la anterior década. Pese a que UE activó en 2022 la Directiva de Protección Temporal (DPT) para facilitar permisos de residencia a los refugiados de Ucrania, la respuesta ha sido totalmente diferente e incluso peligrosa para las personas procedentes de Asia, Oriente Medio y África. El nuevo pacto recoge precisamente esas malas prácticas y se aleja de la respuesta que se ha dado para Ucrania.

Los países miembros han normalizado el discurso de la extrema derecha, que pone el foco de la inmigración sobre los traficantes de personas y el ‘efecto llamada’. El miedo ha penetrado en diversas capas de la población y son muchos los ejecutivos que quieren ir más allá del pacto migratorio. Antes de los comicios del domingo, quince países miembros de la UE pidieron en una carta enviada a la Comisión Europea (CE) que sea posible trasladar a solicitantes de asilo a países terceros no pertenecientes al club comunitario, y también plantean que sirva de modelo para la política migratoria de los Veintisiete el acuerdo cerrado entre Italia y Albania.

El país transalpino, donde gobierna la extrema derecha de Giorgia Meloni, es el que marca en estos momentos el paso de la política migratoria europea. El Senado italiano dio luz verde en febrero a un acuerdo con Albania para albergar en ese país solicitantes de asilo durante la tramitación de sus casos, un procedimiento que las organizaciones humanitarias criticaron por vulnerar el derecho internacional.

Dinamarca es otro país de la UE con políticas migratorias restrictivas. Gobernado por una coalición de socialdemócratas y liberales, ha implementado medidas para dificultar la llegada de inmigrantes y aumentar las deportaciones, reduciendo además la protección para los refugiados.

Pero las grandes capitales europeas han seguido la misma línea. El presidente francés Emmanuel Macron ha sacado adelante su ley de inmigración con los votos de Marine Le Pen, y el canciller alemán, Olaf Scholz, ha endurecido su política migratoria y de asilo con el objetivo de hacer que el país sea menos atractivo para los recién llegados. Fuera de la UE, el líder británico Rishi Sunak ha establecido un precedente para las derechas europeas al aprobar una ley que permite el envío de migrantes que ingresaron al país de manera irregular a Ruanda.

Correlación de fuerzas

El pacto migratorio se aprobó en un momento en el que vieron la luz varios estudios que señalan el grave problema de agotamiento demográfico –1 de cada 3 europeos tiene más de 55 años– en varios países de la UE. Esta situación pone en riesgo la capacidad para cubrir millones de puestos de trabajo y, en este sentido, grandes consorcios empresariales alemanes han iniciado una campaña en contra de la extrema derecha de cara a los comicios europeos, que incide en que el desarrollo económico precisa de mano de obra migrante.

De 450 millones de personas de la UE, el 5,3% son migrantes, alrededor de 24 millones. Las propuestas de los partidos de cara a estos comicios, en cambio, se centran en menos del 1% de los migrantes que viven en Europa, los denominados «irregulares». Estas medidas se basan principalmente en la lucha contra la migración en lugar de ofrecer vías seguras, la acogida necesaria y trabajos dignos. En este sentido, esta misma semana Oxfam ha publicado un informe que señala que uno de cada cuatro trabajadores del sector agrícola europeo son migrantes víctimas de explotación laboral.

Con un Consejo Europeo inclinado hacia la derecha, que lidera la toma de decisiones a nivel europeo, no se anticipa un camino fácil para una política migratoria de acogida. Sin embargo, el Parlamento Europeo también debe ratificar las propuestas de los estados, lo que implica que tendrá influencia en este proceso. En esta perspectiva, la aprobación del Pacto Migratorio se percibió como una opción menos desfavorable. Conservadores, socialdemócratas y liberales lo respaldaron para contrarrestar el avance de la extrema derecha en las elecciones europeas, evitando depender de una mayoría aún más conservadora.

No obstante, adoptar el discurso y las políticas de la extrema derecha solo alimenta su influencia. Los grupos de ultraderecha en la Eurocámara, ERC e ID, consideran que el pacto es insuficiente y abogan por endurecerlo con más repatriaciones. Mientras tanto, Jordan Bardella, el candidato de Le Pen, ha defendido en varias ocasiones la preservación del modo de vida europeo frente a lo que él llama «inmigración masiva». En esta competencia extremista, Meloni propone una medida aún más drástica: una misión naval de la UE para «bloquear las salidas ilegales», a pesar de que el derecho internacional considera que los bloqueos navales constituyen un acto de guerra.

El Partido Popular Europeo (PPE) también quiere endurecer los controles, aumentar la cooperación con terceros países y triplicar los agentes de Frontex. Los socialdemócratas apoyan el pacto, pero insisten en que debe respetar los derechos humanos. Solo los Verdes y la Izquierda lo rechazan. Ambos apuestan por un sistema de asilo justo, repudian la externalización y, en el caso de La Izquierda, incluso propone la disolución de Frontex.