El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado este jueves a Hungría a pagar una multa millonaria por no haber ejecutado deliberadamente una sentencia anterior sobre protección internacional de migrantes, algo que ha calificado de «violación inédita y excepcionalmente grave» del Derecho de la Unión.

Según el dictamen, Hungría no ejecutó deliberadamente una sentencia de diciembre de 2020 sobre protección internacional de migrantes y le ha condenado por ello a pagar una cantidad a tanto alzado de 200 millones de euros y a una multa coercitiva de un millón de euros por cada día de retraso.

Se trata de una sentencia en la que el tribunal dictaminaba que Hungría no había respetado las normas del Derecho de la Unión relativas a los procedimientos de concesión de protección internacional y de retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

Este incumplimiento se refería, en concreto, a la limitación del acceso al procedimiento de protección internacional, al internamiento irregular de los solicitantes de dicha protección en zonas de tránsito y a la vulneración de su derecho a permanecer en el territorio húngaro a la espera de una resolución definitiva sobre el recurso contra la denegación de su solicitud, así como a la expulsión de los nacionales de terceros países en situación irregular.

Al considerar que, pese a esa sentencia, Hungría aún no había dado cumplimiento a la misma, la Comisión Europea interpuso un nuevo recurso para pedir la imposición de sanciones económicas.

En su sentencia de este jueves, el Tribunal de Justicia ha dictado la citada multa millonaria al constatar que Hungría no ha adoptado aún las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 2020.

La corte considera que Hungría, al proceder de este modo, vulneró el principio de cooperación leal entre Estados miembros de la UE, al no aplicar deliberadamente la política común de la Unión en materia de protección internacional en su conjunto, así como las normas sobre la expulsión de los nacionales de terceros países en situación irregular.

Este comportamiento constituye una amenaza importante para la unidad del Derecho de la Unión que afecta de manera extraordinariamente grave tanto a intereses privados, en particular a los de los solicitantes de asilo, como al interés público, según el TJUE.

En particular, el tribunal considera que el incumplimiento de Hungría menoscaba gravemente el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros.

Y es que, explica, Hungría transfiere así a otros Estados miembros la responsabilidad, incluso en el aspecto financiero, de garantizar, de conformidad con el Derecho de la Unión, la acogida de los solicitantes de protección internacional, la tramitación de sus solicitudes y el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.