El insólito período de reflexión de Pedro Sánchez respecto a su continuidad al frente del Ejecutivo español tras la persecución judicial y mediática sobre su pareja, Begoña Gómez, culminó con la promesa de un plan de «regeneración democrática» centrado, sobre todo, en los medios de comunicación. La prensa conservadora y de extrema derecha ha puesto el grito en el cielo aludiendo a la supuesta censura y control por parte del Gobierno. Pero, ¿de qué se trata y qué contiene ese plan?

Para Pedro J. Ramírez, director de ‘El Español’, el proyecto de Sánchez «supondría el mayor retroceso de un derecho constitucional en casi medio siglo de democracia», porque, a su juicio, «ni siquiera cuando ‘Egin’ ejercía de correa de transmisión de ETA hubo un presidente del Gobierno que uniera en una misma declaración pública el verbo ‘acabar’ con ‘medios de comunicación’». Al exdirector del diario ‘El Mundo’, artífice de las insidias sobre el 11-M, se le olvida que ‘Egin’ fue cerrado ilegalmente, y también las palabras de un presidente español, José María Aznar, que, al contrario que Sánchez, sí se jactó de hacerlo: «¿Alguien pensaba que no nos íbamos a atrever a cerrar ‘Egin’?».

Más allá de las quejas de los medios conservadores y tabloides digitales que propagan bulos, lo cierto es que Sánchez todavía no ha desvelado el paquete de medidas, pero en cambio sí ha enmarcado su plan en el Reglamento Europeo sobre Libertad de Medios de Comunicación aprobado en mayo por la Eurocámara y de obligado cumplimiento por parte de todos los estados miembros. Ni censura, por tanto, ni tampoco control, ya que la norma europea se centra mayormente en la transparencia sobre la propiedad de las empresas mediáticas y la publicidad institucional, y no tanto en el contenido. Si los gobiernos desean aplicar medidas adicionales, deberán ser acordes a ese marco europeo. Queda por comprobar si el plan de Sánchez es suficientemente ambicioso como para garantizar una distribución justa de publicidad y ayudas que no siempre beneficie a quienes más tienen, en aras de garantizar un ecosistema mediático sostenible y veraz que contrarreste lo que el presidente español califica de «máquina del fango».

¿Qué incluye el reglamento?

El texto legal fue aprobado en el Parlamento Europeo con 464 votos a favor –entre ellos, los del Partido Popular Europeo–, 92 en contra y 65 abstenciones. Aunque ha entrado formalmente en vigor, su completa aplicación no será obligatoria hasta agosto de 2025. Se trata de una norma que tiene el objetivo de «salvaguardar la libertad de prensa, el pluralismo y la independencia editorial en la Unión Europea (UE)».

De esta forma, los medios de comunicación deberán revelar públicamente la información sobre sus propietarios. Cada Estado miembro debe establecer una base de datos nacional que contenga información sobre los dueños de cada medio de comunicación, incluyendo tanto la propiedad directa como la indirecta, y en cualquier caso, de quienes posean un porcentaje de acciones suficiente para influir en las decisiones editoriales. «Es crucial que los destinatarios de servicios de medios de comunicación sepan con certeza a quién pertenecen los medios de comunicación y quién está detrás de ellos, de modo que puedan detectar y entender posibles conflictos de intereses», señala el texto.

Por otro lado, el reglamento responde a las crecientes preocupaciones en los estados de la UE sobre «la asignación de fondos estatales para publicidad a los proveedores de servicios de medios». Con la nueva norma, los medios de comunicación están obligados a informar sobre los fondos recibidos de la publicidad estatal, autonómica o municipal y sobre las ayudas financieras del Estado, incluidas aquellas procedentes de países de fuera de la UE.

En este sentido, el reglamento establece que la asignación opaca y sesgada de los fondos puede convertirse en una poderosa herramienta para influir en la libertad editorial de los medios de comunicación, captar a los proveedores de servicios mediáticos, o subvencionar y financiar de manera encubierta a estos proveedores, con el fin de obtener una ventaja política o comercial injusta o una cobertura favorable.

De hecho, Sánchez ya apuntó que hay administraciones públicas que no cumplen la ley, y deslizó que los gobiernos de coalición de PP y Vox podrían estar financiando a «pseudomedios» dedicados a «propagar bulos» y contribuir a la «máquina del fango». Lo cierto es que la información de las instituciones autonómicas, incluidas las vascas, respecto a las campañas en medios es realmente opaca, y la distribución de fondos económicos tiende a responder a criterios ideológicos.

De esta manera, el nuevo reglamento europeo especifica que los fondos públicos destinados a medios o plataformas en línea deberán asignarse mediante «criterios públicos, proporcionados y no discriminatorios». En esa línea, una de las medidas que considera el Ejecutivo podría ser la reforma de la ley de publicidad institucional, para hacerla más estricta. Sánchez también valoró en la pasada legislatura modificar la ley de transparencia. Ahora, las dos formaciones que componen el Gobierno de coalición, el PSOE y Sumar, trabajan conjuntamente para lanzar la batería de medidas que, si cumplen lo prometido, presentarán antes del mes de julio.

Asimismo, la norma europea también introduce garantías para fortalecer la independencia de los medios públicos frente a las instituciones. Así, señala que el responsable de la gestión y los miembros del consejo de administración de los prestadores del servicio público de medios de comunicación «serán nombrados siguiendo procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios».

Otro de los aspectos clave del reglamento europeo es que obliga a evaluar el impacto que tienen las concentraciones de publicidad en el mercado de medios de comunicación televisivos y cómo afectan al pluralismo y la independencia. Es decir, exige comprobar si hay demasiado poder en muy pocas manos, algo evidente en el Estado español cuando, según InfoAdex, Mediaset y Atresmedia concentran el 85,3% de la publicidad del mercado televisivo. El año pasado ingresaron un total de 1.480 millones de euros en publicidad.

Límites

La ley europea de medios prohíbe a las autoridades ejercer presión sobre periodistas y redactores para que revelen sus fuentes de información, incluyendo métodos como detenciones, sanciones, registros de oficinas o la instalación de programas de vigilancia intrusiva en sus dispositivos electrónicos. Sin embargo, este último punto fue el principal obstáculo que prolongó las negociaciones en el seno de la UE, ya que varios países presionaron para incluir una cláusula que permitiría espiar a periodistas o sus fuentes por motivos de «seguridad nacional». Sin embargo, tras la presión de la Eurocámara y de las organizaciones de periodistas, la ley no incluye esa excepción, sino que se limita a hacer una mención general a «respetar las responsabilidades de los Estados».

A pesar de ello, el uso de programas espía será posible en casos concretos, aunque con previa autorización de una autoridad judicial que investigue delitos graves castigados con penas de prisión. Los periodistan tendrán derecho a ser informados después de que se haya producido la vigilancia y podrán impugnarla ante los tribunales.

Desinformación

El reglamento tampoco entra de lleno en la desinformación y las fake news. No obstante, la UE puso en marcha la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), aunque principalmente afecta a las grandes plataformas en línea o motores de búsqueda como Youtube o Google, y busca luchar contra la difusión de contenidos nocivos como la incitación al odio y los bulos.

Durante las elecciones de Finlandia, por ejemplo, expertos constataron que plataformas como Youtube promovieron excesivamente los vídeos de la extrema derecha y también contenido contra la inmigración. A partir de ahora, la Comisión Europea (CE), así como los estados miembros, tendrán acceso a los algoritmos de plataformas en línea. El propósito es frenar ese tipo de publicaciones, pero expertos sugieren que hay muchas dudas sobre la capacidad de las instituciones comunitarias para hacer cumplir esa ley.

Con todo, el reglamento europeo afecta a 19 grandes compañías, las cuales cumplen el requisito de contar con al menos 45 millones de usuarios activos mensuales. Si incumplen la norma, las plataformas se exponen a multas de hasta el 6% de su facturación anual a nivel global, según la CE. Además, las empresas tendrán que explicar a los usuarios por qué les recomiendan contenido en función de su perfil y estarán obligadas a especificar si una información tiene carácter publicitario, así como quién es su promotor.