El 31 de octubre. Es la fecha límite para las familias de Gros (Donostia), hasta ahora cuatro, que han recibido un burofax del fondo buitre Azora en el que se les insta a abandonar su vivienda. Residen en tres bloques diferentes que suman 75 pisos, de los cuales unos 50 están ya vacíos, ha explicado Alberto López, uno de los afectados, en una comparecencia justo delante del edificio de Ijentea 2, que fue desalojado por esa misma empresa y que se está reformando para ofrecer viviendas de alto standing.   

La solución podría pasar por la declaración de zona tensionada, que otorgaría una prórroga de tres años en los contratos. Pero los plazos aprietan. Las plataformas Inquilinos Azora, Stop Desahucios y Alokairu reclaman al Ayuntamiento que pise el acelerador, y para ello han redactado una moción de control que EH Bildu y Elkarrekin presentarán en el Pleno de este jueves. Los tres colectivos invitan a la ciudadanía a concentrarse ante el edificio consistorial ese día, a las 11.45.

La demanda a las instituciones no se detiene ahí, y reclaman a la Diputación de Gipuzkoa que remita al Ministerio español de Vivienda, una vez termine esta semana la campaña de la renta, los datos de los contribuyentes necesarios para calcular los índices de referencia de los precios de los alquileres. Ello permitirá fijar las cantidades máximas a pagar en los municipios tensionados.

Errenteria, a la espera

Y la tercera pata la conforma el renovado Gobierno de Lakua, que acaba de ponerse en marcha. El anterior dejó tareas pendientes en el cajón, como la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) de la declaración de Errenteria como municipio tensionado. Una vez que se ejecute ese trámite se abrirá un plazo de 20 días para alegaciones.

Rosa García, de Stop Desahucios, alertaba de que si el Gobierno municipal de Donostia espera hasta septiembre para entregar su documentación y el Departamento de Vivienda remolonea en dar el visto bueno y publicarlo en el BOPV, será tarde para estas familias de Gros.

Además, Inquilinos Azora, Stop Desahucios y Alokairu han anunciado que solicitarán tras el verano poder comparecer ante el nuevo consejero autonómico de Vivienda, Denis Itxaso (PSE), para instarle a que aplique la Ley estatal de Vivienda, después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado los recursos presentados, entre otros, por el anterior Ejecutivo que presidía Iñigo Urkullu.

En su primera intervención una vez asumido el cargo, Itxaso ha subrayado que «ante la emergencia social que vive nuestro país por las dificultades de acceso a la vivienda de muchos jóvenes, tendremos una posición de combate».