El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha convocado un referéndum programado para el 5 de noviembre, que coincidirá con las elecciones generales, para votar sobre su estatus político respecto a Estados Unidos y así «acabar con la colonia». Será el séptimo plebiscito de este tipo celebrado en la isla.

«¡Tendremos plebiscito sobre el estatus de Puerto Rico! Firmé una Orden Ejecutiva y una Proclama Oficial convocando a todos los votantes en Puerto Rico a una consulta de estatus el día de las Elecciones Generales del 5 de noviembre de este año y el pueblo va a ejercer su derecho, hacer valer su voluntad y ser parte de la descolonización de Puerto Rico», ha expresado Pierluisi en su cuenta de la red social X.

Los ciudadanos puertorriqueños tendrán la opción de votar entre las opciones de unirse como un estado federal estadounidense más, continuar con su actual estatus de Estado Libre Asociado o lograr la independencia, según ha señalado el diario ‘El Nuevo Día’.

«El problema de nuestro estatus político, que tanto afecta la economía, el acceso a servicios y la falta de igualdad de derechos de nuestra gente, sigue sin resolverse. A solo días de la celebración del 4 de julio, una fecha en la que se conmemora el día en que se fundó Estados Unidos, en el que la libertad, la igualdad, los derechos humanos y el bienestar común son el norte de su Gobierno, es vergonzoso aceptar que los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico no reciban el mismo trato que sus pares en los Estados», ha apuntado Pierluisi.

El mandatario se ha quejado de que no existe igualdad en materia de bienestar social, en proyectos económicos ni en su representación en el Congreso, afectando a la estabilidad y aumentando la «incertidumbre» del territorio.

Puerto Rico ha estado bajo la tutela de Washington desde 1898, cuando fue invadido. Aunque los isleños recibieron la ciudadanía estadounidense en 1917, se han mantenido en un limbo colonial en el que gran parte de la economía del país depende de la superpotencia mundial. La isla está exenta de los impuestos sobre ingresos, pero paga la Seguridad Social y el seguro médico para personas mayores y los impuestos locales. Además, recibe menos fondos federales que los estados de Estados Unidos.