El pleno del Tribunal Constitucional español ha estimado parcialmente los recursos de los ex presidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán contra sus condenas por prevaricación y malversación en el llamado «caso de los ERE» y ha ordenado a la Audiencia de Sevilla dictar nuevas sentencias.

El Constitucional ha considerado vulnerado el derecho a la legalidad penal de Chaves en las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que lo condenaron por un delito de prevaricación a la pena de nueve años de inhabilitación especial.

La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, ha sido aprobada con los votos de la «mayoría progresista», con los votos particulares de los magistrados «conservadores» Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel.

El planteamiento del TC es el mismo que en los fallos anteriores de los ERE, es decir que la elaboración de los anteproyectos y su aprobación como proyectos de ley no constituye prevaricación y que a partir de 2002 se actuaba conforme a la cobertura de la Ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento andaluz, de modo que solo se mantiene la condena por ayudas concedidas antes de 2002 y por una modificación presupuestaria ajena a las ayudas sociolaborales aprobada en 2004.

En el caso de Griñán, el TC también ha estimado parcialmente su recurso y ha anulado su condena a seis años de prisión por malversación. Como en el caso de Chaves, la votación se ha cerrado con siete votos a favor y cuatro en contra.

Aunque Griñán fue condenado a pena de cárcel, su ingreso en prisión quedó suspendido por un plazo de cinco años debido a la enfermedad que padece. Al exonerarle del delito de malversación, el TC aleja la posibilidad de que el expresidente andaluz ingrese en un centro penitenciario.