El compromiso firmado es más o menos claro: «Impulsar un sistema de financiación singular basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos». Así consta en el acuerdo que alcanzaron el PSC y ERC para echar a andar la próxima legislatura, el cual recibió el aval de las bases republicanas el pasado viernes.

La ratificación del acuerdo, que obtuvo el respaldo del 53,5% de la militancia (3.397 votos a favor, por 2.847 votos en contra), permitirá a Salvador Illa ser proclamado el 133 presidente de la Generalitat, una vez los Comuns también le han garantizado su apoyo, tras consensuar varias medidas en materia de vivienda y la cancelación del Hard Rock, el macroproyecto turístico que estaba previsto construir en el área de Tarragona. 

De esta manera, se resuelve la gran incógnita para desencallar la diabólica aritmética parlamentaria surgida tras las elecciones del pasado 12 de mayo. Pese a perder 13 escaños (pasando de 33 a 20), ERC ha hecho valer su peso para comprometer a los socialistas con una de las demandas históricas del catalanismo político en materia de financiación.

También, a cambio de investir a Illa, ERC ha arrancado del PSC la celebración de una Convención Nacional para la resolución del conflicto político; un compromiso para reforzar los pilares del reconocimiento nacional de Catalunya –especialmente el modelo de escuela catalana, el fomento del uso social del catalán y las selecciones deportivas–, y la continuidad de políticas que den impulso a un sistema productivo basado en las energías renovables, la descarbonización de la economía y unos servicios públicos de calidad.

El historial de incumplimientos de PSC y PSOE ha generado dudas en base de ERC, que ha avalado dividida el acuerdo 

División por desconfianza

«No es un sí absoluto. Es un sí vigilante. Es un sí exigente». Con estas palabras, Marta Rovira resumía el viernes la posición adoptada por la militancia republicana, consciente de que el acuerdo alcanzado con los socialistas despierta muchos miedos y contradicciones en las filas del partido de Macià y Companys. De hecho, no hace ni tres meses, tanto la secretaria general como el mismo president en funciones, Pere Aragonés, habían descartado de forma categórica pactar con el PSC, que de la mano de Salvador Illa se ha ido arrimando hacía posiciones cada vez más centralistas y conservadoras para absorber el caladero de votantes proveniente de Ciudadanos.

Aun así, el acercamiento entre ambos partidos para los últimos presupuestos de la Generalitat y el diálogo que mantienen en Barcelona para que ERC entré en el gobierno que lidera Jaume Collboni, han hecho posible este pacto de investidura. Una apuesta que, viendo los incumplimientos del PSOE en materia de inversiones y otras carpetas, «genera enormes desconfianzas en una parte muy relevante de la militancia». Así lo admitía Rovira al analizar los resultados, razón por la cual ERC ha descartado entrar en el ejecutivo y se mantendrá en la oposición. «Entendemos que, haciendo oposición, tendremos más fuerza para ser vigilantes en la implantación de todos los aspectos que contempla el acuerdo», explicó.

En la misma línea, la portavoz republicana, Marta Vilalta, se refería ayer sábado a la necesidad de escuchar la inquietud que ha expresado un sector importante de dirigentes y afiliados. Para Vilalta, estas reservas obligarán a los diputados que ERC tiene en la cámara catalana y en el Congreso español, dónde son claves para articular mayorías, a «utilizar los presupuestos como herramienta para ver si se cumplen las medidas acordadas». Del mismo modo que también servirán para resolver las dudas la Comisión de seguimiento que prevé el acuerdo, así como los «mecanismos de verificación internacional» que ERC tenía anteriormente pactados con el PSOE.

Las miradas se posan ahora sobre Puigdemont y su promesa de regresar. Solo el retorno y su probable detención pueden cambiar el curso de la investidura

Implosión independentista

Si en el último ciclo político, la unidad dentro del soberanismo se resquebrajó con la salida de Junts del gobierno de Aragonès y la decisión de la CUP de romper amarras con los republicanos, este último episodio ha agudizado la fractura entre las diferentes familias del movimiento.

En plena resaca por la decisión ERC, tanto el partido de Carles Puigdemont como los anticapitalistas han salido en tromba para manifestar su decepción ante el acuerdo. Para el secretario general de Junts, Jordi Turull, «ERC ha tomado el peor camino posible», que llevará a que Catalunya tenga un ejecutivo «alérgico a la normalización del catalán» y «sin capacidad real de negociar con la Moncloa». En opinión de la CUP, por otro lado, el pacto avalado por las bases de los republicanos «no supone ningún avance en términos sociales ni nacionales». Así lo advirtió su portavoz, Laia Estrada, para quien «el Congreso español impedirá la soberanía fiscal de Catalunya».

Más allá de estas primeras reacciones, el foco del independentismo continúa pendiente de la vuelta de Carles Puigdemont del exilio. Una promesa retomada durante la última campaña que, en caso de producirse los próximos días y conllevar su detención, haría tambalear el tablero político, ya que, tal y como afirmó Marta Rovira al ser preguntada por esta posibilidad, obligaría a ERC a replantearse su voto favorable a la investidura de Salvador Illa.

En ese sentido, si Puigdemont fuera arrestado, el escenario en Catalunya podría dar un vuelco imprevisible, que seguramente Junts aprovecharía para exigir al conjunto de soberanistas que explorasen la repetición electoral u otras vías alternativas a la investidura. Un escenario que también suscribe la Asamblea Nacional Catalana (ANC), para la cual «hay que evitar como sea un ejecutivo del PSC», mientras que los CDR, que ya han convocado para mañana lunes una concentración en Barcelona bajo el lema «Mobilitzem-nos contra l’unionisme del 155 que ocuparà la presidència de la Generalitat».