Van seis años de Venres Negros (viernes negros). Más de 300 jornadas desde 2018 en que los trabajadores de la televisión pública gallega (TVG) hacen una protesta en la puerta del edificio donde trabajan. Una iniciativa contra la manipulación informativa y a favor de la pluralidad que surgió de los profesionales, no de los sindicatos ni de la oposición, y que se sostiene en el tiempo y con los cambios de  presidente de la Xunta.

El problema con la corporación de radio y televisión públicas de Galiza viene hace tiempo, como los Venres Negros demuestran, pero la situación ahora escala. La Xunta que lidera Alfonso Rueda ha presentado recientemente un anteproyecto de ley que pasará a tramitarse al concluir el verano y que busca reformar la ley de medios de forma tal que amplíe el control político en la CRTVG y desgalleguice los contenidos.

Con la excusa del «bloqueo» y la «interinidad», en alusión a que el Partido Popular no se ha puesto de acuerdo con una nueva dirección general de la corporación en la última década y media, Rueda ha defendido el anteproyecto que cambia la normativa que su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, había aprobado en 2011. Con ello se da marcha atrás a varios de los avances conseguidos en aquel momento y que contaron con el aval del Partido Socialista (en aquel momento, líder de la oposición).

En caso de aprobarse la nueva ley se eliminará el Concello Informativo o se abrirá la puerta a otras lenguas que no sean el gallego

De aprobarse la nueva ley (que ahora entra en un período consultivo con diferentes órganos del gobierno autonómico antes de comenzar a ser debatida por el Parlamento de Galiza), quien esté a cargo de la Xunta podrá designar unilateralmente al director de la CRTVG al tercer intento (en caso que no consiga dos tercios de primeras y tres quintos en segunda votación).

Además, se elimina el Concello Informativo, un órgano que la ley de 2011 creó para asegurar la pluralidad y libertad, aunque nunca se materializó, y se borra la idea (también nunca concretada) de crear un estatuto profesional. También se abre la puerta a que haya contenidos en otras lenguas que no sean el gallego.

«Absolutamente reaccionaria»

El sindicalista de la CIG y productor de programas en la TVG, Tiago Alvite, dijo en conversación con NAIZ que el anteproyecto «es diametralmente opuesto a todo» lo que desde la comisión de trabajadores y los colectivos de prensa venían reclamando: «Es una ley absolutamente reaccionaria en todos los sentidos, en términos de contenidos y de gestión del servicio público y del control social, da pasos atrás de forma muy grave».

Alvite, que trabaja en la TVG desde 1992 y asegura que el servicio informativo es «cada vez peor, incluso peor que con Fraga». Recuerda que la ley de 2011 «se viene incumpliendo desde su aprobación» porque se mantiene al mismo director general nombrado por el Ejecutivo de Feijóo apenas asumió el cargo en 2009, Alfonso Sánchez Izquierdo. «En 2015 a través de una Ley de Acompañamiento de los presupuestos, por la puerta de atrás, permitieron que se lo mantenga interinamente en el cargo hasta que no haya acuerdo parlamentario», añade.

Tiago Alvite: «La CRTVG funciona como un gabinete de prensa, hay un secuestro por parte del Ejecutivo gallego que se legaliza con este proyecto de ley»

«La situación actual de la CRTVG es de secuestro por parte del Partido Popular, es así desde 2009, con episodios agudos de manipulación informativa, de los que Sánchez Izquierdo es el máximo responsable, además del desmantelamiento del servicio audiovisual. El control informativo se puede apreciar tanto en la TV como en la radio, incluso en la radio se agudizó en la última etapa. No hay objetividad ni contraste de opinión, funciona como un gabinete de prensa. Lo que está pasando lo calificamos como un secuestro de los medios por parte del Ejecutivo gallego y con este proyecto de ley se legaliza ese secuestro», enfatiza.

El dirigente sindical pone en duda que la potencial nueva normativa cumpla los requisitos de la directiva de la Unión Europea sobre las «necesidades democráticas y culturales que debe tener un medio público». Frente a este contexto, la CIG ya ha decidido ir «a la movilización en septiembre y estudiar todas las medidas posibles en el ámbito jurídico que sean oportunas».

Según Alvite, el anteproyecto fue presentado justo cuando comenzaba el receso de la actividad parlamentaria por el verano con la motivación de «evitar que haya una respuesta social». «El control de los medios públicos es uno de los elementos por los cuales el PP puede seguir manteniendo la mayoría absoluta. Los medios gallegos son una de las principales fuentes de información de la sociedad gallega y ejercer un control rígido de ellos le permite al PP perpetuarse», ha lamentado.

«Hay dos elementos más que hacen a la normativa especialmente reaccionaria: establece una vuelta de tuerca en los procesos de privatización, porque desaparece (de la normativa] la prohibición de ceder a terceros la edición y realización. Y en segundo lugar, permitirá la producción de contenidos que no sean en gallego. La ley anterior recalca que el gallego es la lengua oficial de los medios. El cambio lo justifican de una forma peregrina, diciendo que es para dar a conocer la identidad cultural gallega fuera de la comunidad autónoma. Eso da a entender qué concepción tiene el PP de la lengua», ha añadido.

La CIG continúa la batalla judicial contra la designación «a dedo» de directivos, siguiendo la estela de la sentencia del Supremo que dio la razón a la denuncia similar de LAB en EiTB

Alvite también informa de que la CIG continúa, por «inspiración» de una batalla judicial impulsada en la década anterior por LAB contra EiTB, con la querella contra los directivos de la CRTVG, ya que 31 de los 38 directores actuales son considerados por el sindicato inadecuados para el cargo además de «designados a dedo».

El Tribunal Superior de Justicia de Galiza dictó sentencia rechazando la pretensión «por forma» (se había hecho una demanda por conflicto colectivo). La CIG ha decidido aceptar el fallo, no recurrirlo y ahora hacer una demanda individual por cada uno. «El fallo del Supremo [en 2018] que dio la razón a LAB sobre el directorio de ETB fue una inspiración en su enfoque», recalca.

«Control político sin maquillar»

La diputada del Bloque Nacionalista Galego y portavoz en asuntos de medios públicos, Olalla Rodil, asegura en conversación con NAIZ que este proyecto busca lisa y llanamente «asumir el control político total de los medios públicos ya sin ningún tipo de maquillaje, el dominio absoluto» y cree que «el mayor retroceso democrático» con respecto a la normativa actual es que un solo partido, cuando tenga mayoría absoluta, podrá nombrar en el tercer intento a todos los directores de la CRTVG.

«Es evidente que Rueda quiere cambiar a Sánchez Izquierdo y poner un director general de su cuerda», dice Rodil, en relación a que el actual presidente de la Xunta asumió el cargo con un esquema y unas personas heredadas de la gestión de Feijóo. Tras ganar su propia mayoría absoluta quiere renovar, luego de dos años y medio en el Ejecutivo, la dirección de los medios públicos.

Olalla Rodil (BNG): «En la última campaña el uso y abuso ha sido absolutamente pornográfico»

No es que con Sánchez Izquierdo se lleven mal. No hay elementos para pensar que Rueda está disconforme con el director. «De hecho en la última campaña de las autonómicas el uso y abuso ha sido informativamente pornográfico. La TV era la pasarela de concelleiros todos los días anunciando cosas», recuerda Rodil, quien lamenta que los cambios incluyan la lengua: «Es un ataque a la línea de flotación de la corporación de los medios, porque la CRTVG nace con el objetivo de normalización de los usos, ganar espacios de prestigios para el gallego, una lengua anulada y perseguida».

Según la diputada autonómica, Rueda «es la punta de lanza del sector del PP gallego más alineado al españolismo (el del birrete, como se lo conoce en Galiza)», y cree que sector «boina», más galleguista, «ahora es muy minoritario, se lo han cargado y ha perdido poder territorial».

La estrategia que el BNG percibe es que en su primer año de legislatura el presidente de la Xunta quiere avanzar con una agenda más radicalizada, aprovechando la distancia de las próximas elecciones regionales y con el trasfondo del temor a perder la mayoría absoluta (la cual mantienen pero con dos escaños menos con respecto a 2020): «Hay una clara voluntad de no perder el control y asumirlo sin tapujos para que no ocurra el cambio».

El BNG, junto a colectivos de prensa y la CIG, lanzarán una campaña de recolección de firmas para impulsar una ILP y presentarla en otoño, además de movilizaciones en las calles y el análisis de recursos judiciales.

El curso político que está por comenzar estará marcado en Galiza por la tensión: no solo por este anteproyecto sino por el impulso a una macrofábrica de celulosa de Altri en Lugo y otra propuesta de ley para liberalizar los macroproyectos eólicos.