Iruñea experimentó un regreso de los espacios de cautividad improvisados y masivos que habían proliferado en la ciudad a raíz de la guerra del 36 con el aumento de la conflictividad social en los años 50, 60 y 70 del pasado siglo.

Así se recoge en el informe ‘Cartografía e historia de la cautividad bajo el franquismo: Iruñea-Pamplona (1936–1978)’, publicado recientemente por el Fondo Documental de la Memoria Histórica en Nafarroa (FDMHN), cuyo equipo investigador está conformado por profesorado y personal investigador de la UPNA.

Este estudio amplía otro previo sobre esta cuestión, realizado para el Instituto Navarro de la Memoria, que cubría hasta el año 1945 y que se completaba con una exposición web y un mapa interactivo.

La novedad de este informe que acaba de ver la luz radica en su extensión temporal hasta 1978, lo que permite conocer la cautividad política en la capital navarra desde el golpe de Estado de 1936 hasta la aprobación de la actual Constitución española.

Además de analizar esta forma de represión, se ofrece una relación de los espacios de cautividad en Iruñea organizados según tipo (comisarías y cuarteles, universo penitenciario, universo concentracionario y centros improvisados de detención). Y en cada uno de ellos se recoge el nombre de los diferentes espacios, su localización y las fechas en las que estuvo vigente su uso como espacio de encierro, junto a testimonios relacionados con los mismos.

Miles de encerrados

En el trabajo se recuerda que las cifras de cautividad del régimen franquista «superaron con creces las alcanzadas por la Italia fascista, la Francia de Vichy o el Portugal salazarista». Y que desde que se produjo la sublevación militar en el verano de 1936 y «más allá del fin de la guerra, los sublevados y sus apoyos sociales asesinaron a más de 140.000 personas en el conjunto del Estado español», siendo más de 3.000 las víctimas en Nafarroa.

Junto a la eliminación física, «la oleada represiva implicó también el encierro de centenares de miles de personas». Para poder gestionar ese volumen tan grande de personas detenidas y presas, además de las prisiones y cuarteles existentes, «se volvieron a abrir prisiones clausuradas durante el período republicano. Castillos, escuelas, conventos, iglesias y otros espacios se habilitaron para que pudieran almacenar a las masas de cautivos y cautivas».

En el caso de la capital navarra, los encierros masivos se registraron en lugares ya empleados para este tipo de situaciones como la cárcel de San Roque, la prisión de la Ciudadela o el fuerte de Ezkaba, a los que se sumaron espacios vinculados a la Iglesia, como el colegio de los Escolapios, el de los Salesianos, el de las Ursulinas de Jesús, el Seminario Viejo o el convento de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor.

También se convirtieron en centros de detención el antiguo convento de La Merced, el frontón Euskal Jai, la plaza de toros, el antiguo Vínculo, el campo de fútbol de San Juan, el Hospital Militar Disciplinario (en las instalaciones del actual Museo de Nafarroa) o inmuebles de los que se había apropiado la Falange, como la Maternidad e Inclusa o su cuartel general en Pozo Blanco en los antiguos locales de Izquierda Republicana.

Si las prisiones ya estaban desbordadas durante la conflagración, «la población cautiva se multiplicó excepcionalmente en los primeros años de posguerra por la puesta en práctica de todo el aparato represivo franquista», se recuerda en el informe.

La vida en prisión de esos cautivos fue «especialmente difícil, porque el régimen incorporó a excombatientes, mutilados, presos y familiares de víctimas de la guerra como guardianes de prisiones». Los malos tratos «fueron la norma, pero miles de personas murieron en las prisiones franquistas sin que la violencia directa fuera el motivo», ya que fallecieron por las enfermedades que contraían durante su draconiano encierro.

Los principales cambios en la política penitenciaria franquista se dieron a partir de 1945, con la derrota de las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial. Necesitado de ofrecer una imagen menos represiva, el régimen aplicó decretos o indultos que permitían el acceso a la libertad condicional.

Sin embargo se trataba de un espejismo, ya que esta última era «una dura extensión del sistema penitenciario experimentada por los presos en extramuros», de tal manera que durante la década de los años 40, 50 y 60, aún había vecinos de Iruñea «que permanecían vinculados y dependientes del sistema penitenciario por esa vía de control».

Regreso para frenar la conflictividad social

Parecía que las detenciones y encierros masivos habían terminado en Iruñea, pero nada más lejos de la realidad y su regreso tuvo que ver con «el aumento de la conflictividad social de los años 50, 60 y 70», se apunta en el estudio del FDMHN.

Se detalla que esas detenciones «fueron motivadas por las movilizaciones sociales, laborales y las crecientes muestras de desafección al régimen».

La conflictividad aumentó en Nafarroa y especialmente en Iruñea a través de movilizaciones como la huelga de 1951, y «tuvo un crecimiento sostenido desde finales de los años 60, despuntando especialmente en los 70», se recuerda en el informe. Así, a partir de 1971, Nafarroa se convirtió en uno de los puntos más contestatarios del Estado junto a Gipuzkoa, Bizkaia, Barcelona, Asturias y Madrid.

Teniendo como indicador de esa situación las horas de trabajo perdidas en huelgas, se recoge que «en 1973 se quintuplicaron las de 1972 y en 1976 se duplicaron respecto a 1975». Una conflictividad obrera que «mutó desde los conflictos laborales de empresa hacia el aumento de huelgas generales antirepresivas que daban respuesta a la persecución y castigo de los encierros, manifestaciones, etcétera».

Fue en este contexto cuando «se volvieron a utilizar espacios de encierro improvisados, como la plaza de toros, ante el regreso de las tensiones masivas en las puertas de las fábricas, en las casas, en las manifestaciones...».

La plaza ya había sido utilizada como espacio improvisado de detención para unas 3.000 personas en 1939 a raíz de la llegada a Iruñea de un gran contingente de prisioneros. Y en 1951, quienes terminaron encerradas en ese lugar fueron 300 personas que protestaban por la escasez de alimentos y la carestía de la vida en el marco de la huelga general de mayo.

Según un testimonio del Comité Provincial de la ORT recogido en el informe, los detenidos fueron hacinados en la plaza de toros porque «no cabían en la Comisaría. Las redadas se hacían continuamente y los metían en camiones para su traslado».

También se registró en los años 60 y 70 el paso de militantes antifranquistas por «espacios de difícil documentación, como el acuartelamiento del Cuerpo Nacional de Policía de la calle Beloso Alto y por el cuartel de la Guardia Civil de la avenida Galicia».

Otro punto de encierro por motivaciones políticas fue la comisaria del Gobierno Civil, ubicado en la plaza de Merindades tras su traslado en 1945 desde la esquina de la calle Roncesvalles con Paulino Caballero. E incluso se recurrió, como en 1936, al Depósito Municipal ‘La Perrera’, ubicado en la calle Aralar, hasta su derribo en 1958 para construir el Parque de Bomberos junto a la plaza de toros.

En relación al trabajo forzado penitenciario, se recuerda en el informe el caso de los talleres mecánicos de la fábrica Múgica, Arellano y Cía, situada en el número 2 de la avenida de Sanduzelai y cuyo inmueble alberga actualmente el instituto de Formación Profesional Cuatrovientos. En ese lugar estuvo destinado, al menos entre 1942 y 1944, un destacamento penal con diez presos que fue empleado en la fabricación de maquinaria agrícola.

Todos estos lugares y la información recopilada sobre los mismos en el informe se puede consultar a través de un mapa interactivo accesible en la web del FDMHN, y que nos acerca a la terrible historia de la cautividad bajo el franquismo en Iruñea.