El negacionismo, los intentos por minimizar los crímenes de la dictadura de Videla y por reinstaurar la teoría de «los dos demonios» se ha instalado en la política y en el Gobierno argentino. A la visita de seis diputados a represores presos, se le suma la promesa de la vicepresidenta de reabrir las causas contra militantes de la década de los 70 y los planes revelados por una diputada de Milei para liberar a condenados por delitos de lesa humanidad y cerrar sumarios alegando el tiempo transcurrido.

En un homenaje este martes en la Cámara Alta a «víctimas del terrorismo» –los cerca de 30.000 desaparecidos que dejó la dictadura de Rafael Videla estaban excluidos– la vicepresidenta del Gobierno y titular del Senado, Victoria Villarruel, con vínculos con militares, afirmó que «reabrirán todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió de hacer hace más de 20 años».

Los homenajeados fueron principalmente los 1.094 fallecidos entre 1969 y 1979 por accionar de las guerrillas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros.

También lo fueron los 29 fallecidos en 1992 en el atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires, los 85 muertos en 1994 en el ataque contra la sede mutualista judía AMIA también en la capital argentina, los cinco argentinos fallecidos en 2001 en los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, los dos argentinos heridos en Madrid en 2004 y en París en 2015,y los ocho argentinos muertos y 21 secuestrados en Israel el pasado 7 de octubre

Haciendo referencia únicamente a las víctimas del ERP y Montoneros, Villarruel defendió que «todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación». Acusó a los expresidentes Néstor Kirchner –quien derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y ordenó retirar el retrato de Videla del Patio de Honor del Colegio Militar de la Nación en Buenos Aires el 24 de marzo de 2004– y a Cristina Fernández de construir «una muralla de oscuridad pestilente para proteger y garantizar la impunidad de los represores de actos terroristas que intentaron que flameara un trapo rojo ajeno a lo que Argentina es, fue y será».

Plan para liberar a represores

Estas declaraciones de Villarruel se producen a un poco más de un mes de la visita que seis diputados realizaron en la cárcel de Ezeiza a represores condenados por delitos de lesa humanidad. El encuentro, el 11 de julio, quedó inmortalizado en una fotografía de familia.

Entre los condenados que visitaron está el exmarine de la ESMA, Alredo Astiz, apodado el «ángel rubio», el «ángel de la muerte» o «Gustavo niño», responsable del secuestro, tortura y desaparición de tres madres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, dos monjas francesas y siete activistas de derechos humanos tras infiltrarse en la incipiente asociación haciéndose pasar por un hermano de un desaparecido. Todos ellos fueron arrojados en los llamados «vuelos de la muerte».

Una de las diputadas presentes, Lourdes Arrieta, de la Libertad Avanza de Milei, ha desvelado un presunto proyecto de ley para dejarlos en libertad. Sostuvo que le dijeron que era «una visita de carácter humanitario e institucional» y que «nunca» pensó que eran «detenidos por crímenes de lesa humanidad».

Según el borrador difundido por ella misma en su cuenta oficial de X, el texto estipula que «transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo, se considerará inconstitucional la prolongación indefinida de los procesos».

También se fija en 25 años «el plazo máximo que tendrá el Estado para arribar una sentencia definitiva en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada a una persona».

«Doloroso y preocupante»

La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos del Congreso analizó este miércoles una posible sanción a los seis diputados. A la sesión acudieron referentes de derechos humanos y representantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y de Abuelas de Plaza de Mayo.

Uno de los testimonios más emotivos fue el del nieto recuperado Guillermo Pérez Roisinblit, quien leyó un comunicado en nombre de Estela de Carlotto, titular de Abuelas.

«Mis padres fueron secuestrados el 6 octubre de 1978, mi madre cursaba el octavo mes de embarazo, yo estaba en su vientre cuando fuimos secuestrados. Fuimos llevados a un centro a una cuadras de la plaza de Morón. Ahí mis padres fueron salvajemente torturados. Después cuando el parto se acercó, mi mamá es traslada a la ESMA y ahí soy apropiado. Creo pasé solo tres días con mi mamá. No guardo un solo recuerdo de ella. No se como es el sonido de su risa. No recuerdo una sola caricia».

"Por eso hablamos de la falta de idoneidad, la poca ética para ocupar estas honorables bancas. Desde Abuelas les pedimos que tomen las riendas, conformen una comisión investigadora y analicen la responsabilidad y si compete o no una sanción", cerró Guillermo Pérez Roisinblit. pic.twitter.com/ETRUUIUG9w

— Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) August 28, 2024

En el comunicado, Abuelas considera «doloroso y preocupante que la vicepresidenta dé vuelta las cosas y hable de impunidad. Los que gozaron de impunidad durante casi 30 años fueron los responsables de los más de 800 centros clandestinos que funcionaron en el país, los torturadores y ejecutores de órdenes de los delitos más aberrantes. A estos criminales los quieren hacer pasar como pobres ancianos que están privados injustamente de su libertad».

«De haber cometido algún delito, nuestros hijos e hijos debieron ser juzgados, no desaparecidos», remarcan.

«Resulta doloroso que haya legisladores que nieguen la verdad histórica, que conspiren a espaldas de la sociedad para otorgar impunidad a quienes tienen información sobre el destino de nuestros nietos y nietas y de los 30.000 desaparecidos», subrayan.

Dirigiéndose a los legisladores, pidieron «generar una acción ejemplificadora, pedagógica, para que en la Argentina no se banalicen, de ningún modo, los crímenes de lesa humanidad».

«La visita de estos seis diputados oficialistas a los condenados por delitos de lesa humanidad no puede quedar en el olvido. Deben ser sancionados por sus pares y aquí mismo deben pensarse las estrategias para que el negacionismo no avance en Argentina», concluyó el comunicado de Abuelas.