El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno de Lakua, Mikel Torres, ha comparecido en el Parlamento para dar a conocer las líneas maestras de actuación de su departamento a lo largo de la legislatura. En su intervención ha destacado su afirmación de que promoverán un salario mínimo propio diferente del estatal, aunque de momento no pasa de una intención genérica.

Ha ubicado esta intención en la Mesa de Diálogo Social. Torres ha dicho que es en ese foro donde promoverá, «desde el respeto a la autonomía de los agentes sociales, un salario mínimo de negociación colectiva que se corresponda con la realidad socioeconómica del País Vasco».

Los sindicatos han puesto de manifiesto reiteradamente en estos años ese desfase, cuestión que parece recoger ahora el Gobierno de Imanol Pradales, aunque habrá que ver cómo se concreta el compromiso. Por el momento no hay plazos ni cantidades sobre la mesa.

También cabe recordar queel Gobierno de Iñigo Urkullu ya adquirió en diciembre de 2021 un compromiso similar, para «defender y fomentar en todos los marcos de empleo y diálogo social un SMI en convenios colectivos que sea proporcional a la renta media de la Comunidad Autónoma de Euskadi». Lo expresó así en el acuerdo alcanzado por EH Bildu y por el que esta fuerza se abstuvo facllitando la aprobación de los presupuestos de 2022.

Planes personalizados de empleabilidad

Junto a ello, Torres ha dado a conocer que en octubre Lanbide pondrá en marcha la elaboración de los planes personalizados de empleo, una tarea en la que serán prioritarias las personas desempleadas de larga duración y los perceptoras de renta de garantía de ingresos.

En esta primera fase se ofrecerá este derecho, recogido en la Ley vasca de Empleo, a más de 130.000 personas y posteriormente se ampliará la oferta de servicio al resto de demandantes de empleo.

También ha hablado del nuevo modelo de Lanbide, como ente público de derecho privado, lo que permitirá «liberar recursos humanos de nivel técnico», actualmente dedicados a la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos, para dedicarse a la gestión directa de servicios de empleo, «favoreciendo la atención personalizada y la eficacia en los resultados para la inserción laboral o la mejora de empleo».

Reducción de la jornada laboral

El consejero ha puesto en valor el «modelo vasco de relaciones laborales» y ha apostado por la necesidad de que haya una innovación en su seno, con iniciativas como seguir explorando, junto con los agentes sociales, la experiencia piloto de reducción de la jornada laboral, sin reducción de salario, o la promoción del teletrabajo.

Para desarrollar estas materias y el resto de políticas ha puesto en valor la Mesa de Diálogo Social y ha dicho que el Gobierno de Lakua mantendrá su compromiso «firme» con el diálogo tripartito

Ha expresado su confianza en que la Mesa pueda ampliarse y contar con la «totalidad de los agentes sociales», aunque, en todo caso, ha mostrado su «firme intención de mantener abiertas, durante toda la legislatura, todas las vías de diálogo con todos los sindicatos y representantes de los distintos sectores empresariales».

Cultura preventiva

Mikel Torres ha planteado la necesidad de llevar la cultura de la prevención de riesgos laborales a la ciudadanía, que esta «exija prevención» en el trabajo.

El Gobierno de Lakua subvencionará la creación de unidades docentes de personal sanitario especialista de medicina y enfermería del trabajo, incrementará el presupuesto dirigido a la investigación de riesgos laborales y trabajará para la integración de la salud laboral y la pública.

Torres ha explicado que es necesaria una comunicación entre el sistema público de salud y el de salud laboral para que las personas tengan una historia clínica-laboral que incluya los datos de exposición a determinados riesgos en el trabajo.

«De este modo, además, se conseguirán aflorar aquellas patologías que se sospechen producidas por el trabajo y que a día de hoy se encuentran en el sistema público de salud», ha explicado.

Además, ha reiterado su compromiso por aumentar el número de inspectores de trabajo y ha hecho un llamamiento a los empresarios a «invertir más y mejor en temas de prevención».

También ha citado la conveniencia de llevar a cabo un «análisis compartido sobre la alta incidencia de la conflictividad laboral, desde el respeto al derecho constitucional de la huelga, pero siempre como último recurso», así como de las bajas médicas.

El consejero ha expuesto que uno de los retos de esta legislatura va a ser completar la transferencia para la autorización de los permisos de trabajo a personas extranjeras cuya relación laboral se desarrolle en la CAV.

Por último, en el área de economía, el consejero ha actualizado los datos de los fondos europeos MRR que se han asignado a la CAV, 2.503 millones de euros. De esta cantidad, 1.241 millones son de gestión propia del Gobierno de Lakua y otros 1.262 millones de gestión estatal.