El PNV defiende que el Ayuntamiento de Getxo ha procedido «en todo momento con arreglo a la legalidad y de acuerdo con el criterio técnico de sus funcionarios» en el caso del proyecto de edificación de pisos de lujo en Algorta que ha terminado con el derribo del palacete Irurak Bat en Algorta. No opinan lo mismo los grupos de la oposición que apuntan a la «falta de compromiso» en la protección del patrimonio, «trato de favor» hacia la promotora y consideran «insuficientes» las explicaciones dadas.

Expectación mediática en torno a la comisión informativa que ha tenido lugar este jueves a la mañana en el Consistorio getxoztarra, donde el responsable del Área de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística, Álvaro González, y el del Servicio de Disciplina Urbanística, Iñigo Urkitza, ambos del PNV, han insistido en que en el expediente para la construcción de doce viviendas de lujo en la calle San Nikolas nº 11, en Algorta, han actuado «con arreglo a la legalidad», «con diligencia» y han adoptado las medidas para la preservación de la legalidad existente.

La portavoz del PSE, Carmen Díaz, ha escuchado las explicaciones de sus socios, sin pronunciarse después de que la semana pasada censurasen que los jeltzales les habían ocultado datos.

PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos no están satisfechos con las explicaciones y demandan mayor transparencia en un asunto que ha generado «indignación» en Algorta. Han puesto en cuestión cómo actúa el Gobierno municipal PNV-PSE en la gestión urbanística, acusando a los jeltzales de escudarse tras los técnicos para no asumir responsabilidades políticas.

La presidenta de la comisión, la jeltzale Janire Ocio, se ha parapetado en el reglamento municipal para impedir que se votase, con carácter de urgencia, una propuesta de Elkarrekin Podemos para la creación de una comisión de investigación.

Desde EH Bildu han exigido al Gobierno municipal que ponga la documentación en torno a la demolición de Irurak Bat en manos de la Fiscalía. El jeltzale Álvaro González ha manifestado antes que las posibles acciones penales se podrán plantear en la medida que la instructora del expediente sancionador detecte hechos delictivos.

Evitar la impunidad

Tanto los soberanistas de izquierda como Elkarrekin Podemos han reclamado que la empresa «no se vaya de rositas» porque «una posible sanción de 32.000 euros en una promoción de pisos de 700.000 euros» no es «ejemplarizante».

Urkitza ha asegurado que no tenían conocimiento del inicio de las obras, algo que no han creído los grupos de la oposición, que han explicado que desde febrero se habían iniciado las primeras labores de desbroce y el Ayuntamiento no actuó hasta que llegaron las denuncias vecinales a raíz del derribo total del edificio de 1845.

«A la vista de los actos, comunicaciones y documentaciones presentadas nada hacía presumir el inicio de las obras y las medidas indicadas en las documentaciones aportadas fueron consideradas adecuadas por los técnicos municipales», ha sostenido el responsable de Disciplina Urbanística.

Más adelante, ha indicado que, según lo manifestado por la promotora en un escrito registrado hace una semana, van a proceder a la «reedificación prevista en la licencia, manteniendo las características del edificio preexistente de acuerdo con lo previsto en el proyecto básico aprobado».

En la práctica, desvelan fuentes consultadas, «si les obligaran a rehacer Irurak Bat como estaba antes de la licencia, no podrían construir las dos terrazas en la fachada sur que aparecen en el proyecto. De esta manera, con una multa ridícula se va a ver que económicamente la jugada que han hecho –en referencia a la promotora– les resulta muy favorable».

En la comisión, los responsables municipales han desvelado que el pasado lunes se ha abierto un expediente sancionador y se ha nombrado a una funcionaria como instructora. A partir de ello, se ha concedido audiencia previa a los interesados en el expediente. EH Bildu y Elkarrekin Podemos, ha informado Urkitza, se han personado.

Trato privilegiado

El portavoz del PP, Eduardo Andrade, ha apuntado a una supuesta posición privilegiada de la promotora, que llevó a que la Junta de Gobierno Local concediese la licencia a Biurban SL cuatro meses después de haber iniciado la tramitación, el 18 de octubre de 2022, cuando precisamente el Boletín Oficial de Bizkaia publicó que quedaba congelado el otorgamiento de nuevos permisos hasta la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Getxo.

La participación de dos ediles del PNV en la cooperativa Ereaga Atalaya ha quedado en un segundo plano, aunque Andrade ha deslizado que en la Junta de Gobierno Local que se dio la licencia a Biurban sí voto Irantzu Uriarte Gómez, no así el portavoz jeltzale y pareja de la también edil, Inaxio Uriarte Gorostiaga, que no estuvo presente en esa sesión. Es uno de los aspectos «oscuros» del asunto, por qué ocultaron que eran cooperativistas de la promoción de lujo.

Desde EH Bildu, Ibon Rodríguez ha criticado la «falta de compromiso total» del Consistorio de Getxo en la protección del patrimonio, citando varios edificios singulares que han desaparecido y otros que lo van a ser tras la aprobación del PGOU, gracias a los votos de PNV, PP y PSE, mientras se levantan «auténticos mamotretos».

Les ha recordado que alguno de esos inmuebles tenían la recomendación de Lakua para ser protegidos, a lo que el delegado de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística ha respondido que son los técnicos municipales los que deciden y que si el Gobierno autonómico estima que el edificio merece ser preservado que lo hagan ellos, comentario que ha causado asombro en la oposición.