El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado el Pleno del Congreso este miércoles para volver a instar al Gobierno del PSOE a retirar la reforma que está a punto de aprobarse en el Senado. Por la misma se aplicará al fin el criterio europeo de descuento de periodos de cárcel cumplidos en otro estado, inaplicado primero (2008-2014) y trampeado después (2014-2024) para los presos vascos. Grupos de víctimas de ETA intentan presentarlo como una señal de impunidad, pero la realidad es la contraria:el 65% llevan más de 20 años en la cárcel.

Con los datos actualizados del listado de Etxerat que tiene como referencia GARA en su portada diaria, de los 43 presos a los que atañería la nueva situación, 28 superan ya los 20 años entre rejas, primero en el Estado francés y luego el español, y de ellos 5 llevan presos más de 25.

Estos 43 presos y presas totalizan 869 años de cumplimiento de cárcel hasta la fecha.

Entre ellos las casuísticas son diferentes. Algunos han pasado muchos años encarcelados en el Estado francés antes de pasar al español, por lo que la aceptación del criterio europeo de 2008 tendría un impacto potente en su situación. Por contra, en otros el descuento no sería tan grande, o bien acumulan condenas dictadas por la Audiencia Nacional muy largas, por lo que no sería relevante en este momento.

Hay que recordar aquí que tras esta reforma seguiría vigente una excepcionalidad aún mayor que la de esta norma-trampa de 2014: la ley 7/2003 del Gobierno Aznar, que estiró el tope de cumplimientos de cárcel para presos vascos hasta los 40 años (antes 30), lo que impacta gravemente en las condenas posteriores a esa fecha.

Últimátum absurdo y ratificación del PSOE

En el Pleno de hoy, Feijóo ha trasladado una especie de ultimátum a Pedro Sánchez para que retire esa reforma «en el plazo de cinco días». El planteamiento resulta meramente propagandístico, puesto que ese es precisamente el plazo reglamentario en el que se debe realizar la última votación en el Senado, antes del lunes 15. Cabe entender que tendrá que convocarse un pleno extraordinario a tal efecto.

Hay que hacer dos incisos para completar el cuadro de la situación. Por un lado, incluso en el caso de que se produjera un rechazo en el Senado, la reforma legal quedaría aprobada al no haberse registrado enmiendas (este es el motivo por el que el PP insta al Ejecutivo a retirar el texto, única opción factible de que encalle).

Por otro, es sabido que tanto PP como Vox han aprobado las anteriores fases de esta reforma, que lleva meses de tramitación, en hasta cinco votaciones, bien dándolo por bueno o bien sin haber reparado en su contenido. Ambos sostienen esta última tesis tras las presiones desatadas por la AVT, pero paradójicamente no se tomarán medidas contra los diputados y senadores que han puesto su cargo a disposición del partido. «Se trata de un error colectivo», alegan desde el PP.

Mientras tanto, tanto el Gobierno español como el PSOE dejan claro que no piensan retirar la reforma porque la ven adecuada, además de «pacífica» hasta la irrupción de la AVT este lunes. Patxi López, portavoz parlamentario, ha recordado este miércoles al llegar al Congreso que «no se puede condenar a una persona dos veces por el mismo hecho» (aunque de facto esto sea lo ocurrido durante 16 años al desobedecerse la directriz europea de 2008). Y la portavoz del Ejecutivo Sánchez, Pilar Alegría, ha lanzado un «basta ya» incidiendo en recordar que ETA dejó de atentar, y luego desapareció, hace ya 13 años.

En Euskal Herria, el consejero de Seguridad de Lakua, Bingen Zupiria, ha sostenido este miércoles en ETB-1 que «la mayoría de la sociedad e instituciones vascas decidió hace tiempo que había que superar las medidas de excepción» hacia los presos. «Esas medidas se adoptaron cuando vivíamos en un clima de violencia. Hoy no vivimos ese clima», ha remarcado.