La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia ha enviado al Gobierno de Lakua la documentación necesaria para la declaración de la capital guipuzcoana como zona tensionada en materia de vivienda. Este envío, que es necesario para la declaración, se ha retrasado varias semanas. El alcalde, Eneko Goia, ha justificado este retraso en su comparecencia de este martes señalando que «no ha sido un trabajo sencillo, de esos que se hacen en una tarde».

Etxegintza ha sido el encargado de elaborar la documentación, que incluye un diagnóstico y un plan de medidas. En el proceso, se ha consultado a los grupos municipales, asociaciones y profesionales, que han realizado aportaciones. Fuentes municipales señalan que el documento estaba ya elaborado hace semanas, pero no se ha entregado hasta hoy.

Goia ha recordado que todo este proceso deriva de una decisión adoptada en el Pleno, que instó a presentar la solicitud mediante el procedimiento de urgencia. Stop Desahucios denunció que no se ha tramitado con la debida celeridad.

La conclusión del proceso «no ha sido una sorpresa», según Goia. De este modo, ha quedado en evidencia que todo el municipio de Donostia cumple los requisitos para ser declarada como zona tensionada, ya que supera el límite de 30% del sueldo dedicado al alquiler, situándonse en el 31,6%.

Ahora interviene Lakua

El paso dado hoy no supone que Donostia sea ya zona tensionada. Ahora, corresponde al Gobierno de Lakua continuar con el expediente. Los siguientes pasos son la exposición pública, en la que se permitirán las alegaciones. La concejal delegada de Planificación Urbanística y Vivienda, Nekane Arzallus, ha estimado que este proceso puede concluir a comienzos del año que viene. Posteriormente, intervendrá el Gobierno español, que fijará los índices de referencia.

Cuando todo este proceso concluya, el Ayuntamiento de Donostia dispondrá de nuevas herramientas para controlar el precio de los alquileres. Así, ha explicado Arzallus, vendrá determinado por el índice de referencia para los nuevos alquileres y se limitarán los incrementos de los contratos ya existentes. En el caso de los grandes tenedores, también se aplicará el índice de referencia.

En relación con los grandes tenedores, Arzallus ha señalado que su influencia es «escasa» en Donostia, ya que solo suponen el 3% de los propietarios de las 94.000 viviendas existentes en el municipio.

Además, la documentación enviada a Lakua recoge también el plan de vivienda municipal que hasta 2027 prevé la construcción de 1.900 viviendas, de las que la mitad serán de protección pública, según ha señalado Arzallus.

Goia: «No es la panacea»

Goia ha querido echar un jarro de agua fría sobre las expectativas de la declaración de zona tensionada, destacando que «esto no es la panacea».

«En Donostia, el de la vivienda es un problema complejo. Esta es una de las fórmulas con las que se puede responder, pero los problemas complejos no se solucionan por ley. Hay que aumentar la oferta y estamos trabajando en ello, tal y como dije en el Pleno de Política General», ha señalado Goia, que ha añadido que la declaración era un requerimiento del Pleno municipal.

Junto a ello, tanto como Goia como Arzallus han destacado que desde la aprobación de la Ley de Vivienda estatal se está produciendo un retroceso en la vivienda de alquiler, que también afecta a Donostia. Así, basándose en datos de Lakua, han señalado que en Donostia se han pasado de 2.550 contratos de alquiler en 2022 a 2.100 en 2023, tras la aprobación de la ley estatal.