Inés Soria es la nueva asesora de prisiones del Gobierno de Lakua en sustitución de Jaime Tapia y una de sus primeras comparecencias se ha producido este jueves en unas jornadas de la AVT en Donostia. En la misma mesa ha estado Carlos García Berro, fiscal de la Audiencia Nacional española. Ambos han detallado en base a qué criterios se adoptan las decisiones sobre los presos condenados en relación con ETA, y pese al esfuerzo pedagógico no ha sido una sesión cómoda. «Veo caras de escepticismo», ha admitido el fiscal en un momento de su intervención.

Ha sido cuando estaba explicando que «con otro tipo de presos yo me fijo mucho en los requisitos ambientales, socioeconómicos, pero en estos no se da ese problema porque no provienen de ámbitos desestructurados, ni de un espacio delincuencial, ni hay un problema de extranjería... Tampoco suele haber problemas laborales porque cuentan con ofertas, el riesgo de reincidencia está calificado como bajo porque la actividad no está activa…». Al fiscal se la había planteado, en tono de reproche, por qué no se habían recurrido desde el Ministerio Público algunas de las últimas progresiones.

A partir de ahí, «tenemos que ir a los signos inequívocos, a los requisitos legalmente establecidos». Y ha asumido que «cuando uno se desvincula y pide perdón, no hay manera de saber si es consecuencia de un arrepentimiento sincero fruto de un proceso de reinserción o no. Solo puedes intuirlo». Con ello ha coincidido Soria, que llega al Departamento de Justicia desde los juzgados de Bilbo y Barakaldo: «Es imposible saber la intención».

Con todo, tanto García Berro como Soria han dejado claro que a estos presos en concreto se les aplican requisitos especiales. El fiscal ha dicho que el tratamiento abarca «la desvinculación, el arrepentimiento y el perdón». Y la asesora ha incluido una referencia a la «colaboración». Como resumen, Soria ha explicado que «exigimos ese plus porque guarda profunda relación con el daño que se ha causado. Requiere un plus que no se da para otros condenados: ese hecho no se tenía que haber cometido, y no nos vale un pero».

Soria defiende que estos casos «requieren un plus» que «no se da en otros condenados: ese hecho no se tenía que haber cometido, y no nos vale un pero»

La responsable del área ahora asumida por el PSE ha hecho una introducción dura, quizás especialmente consciente del auditorio al que se dirigía: «La reinserción no es el único fin, hay que equilibrar el fin retributivo o de sanción con la finalidad rehabilitadora –ha dicho–. Es nuestra obligación trabajar para que el tiempo de la condena sirva para algo, que se haya podido producir una transformación en la persona. Tiene que poner de su parte. Tenemos que conseguir que no vuelva a delinquir. Tiene que haber reconocimiento del hecho y asunción de la responsabilidad. Y para la víctima, dar un sentido a su dolor si es posible».

¿Cómo se articula eso? «Valoramos toda la evolución personal del penado, todas las circunstancias -ha detallado–. Es un tratamiento individualizado, intervienen muchas personas. Y una evaluación cada seis meses, en la que puede progresar o ir hacia atrás. Hay quienes quieren someterse a este tratamiento y quienes no y por tanto cumplirán íntegramente la condena». «No hay derecho a la progresión, hay derecho al tratamiento», ha remachado Soria.

En consecuencia, desde el público se le ha planteado un interrogante muy directo: si podía garantizar que «no todos los presos de ETA van a obtener el tercer grado». Ha respondido así: «No van a obtener el tercer grado aquellos terroristas que no sigan un tratamiento y realicen una evolución, no tienen derecho. Una cosa distinta es si a todos nos parece suficiente esa evolución...»

García Berro: «No hemos recurrido los últimos casos porque se cumplen los requisitos. Luego estará la sensación de cada uno de si le parece bien o mal...»

En términos similares se ha expresado el fiscal. Ante otra pregunta en términos semejantes, ha indicado que no se han recurrido los últimos cinco casos de progresión simplemente «porque se cumplen los requisitos. Luego estará la sensación personal de cada uno de si le parece bien o le parece mal».

Según los datos de la AVT, ante los que han asentido los contertulios, se han producido 85 progresiones de grado para 67 de estos presos desde que Lakua asumió la competencia en 2021, de las que el 30% han sido recurridas y el 20% revocadas.

Las cartas, qué y cómo

A las víctimas reunidas en la sesión les ha interesado mucho la cuestión de las cartas exigidas a estos prisioneros y prisioneras. Parecen ver en ello un signo insuficiente. Soria y García Berro han insistido en que este solo es un elemento de valoración y que la «evolución» se analiza en conjunto («es un todo») y además «con total rigor». «No nos serviría una carta que diga lo que diga si no va acompañado de su conducta global: implicación, actitud para el cumplimiento del tratamiento penitenciario… tiene que haber una coherencia», ha dicho la jueza.

La AVT afirma que en su día estos escritos eran «cartas-tipo, estereotipadas». Ahora «son de puño y letra, escritas en castellano», han confirmado los dos responsables jurídicos. A partir de ahí, su valoración es compleja, han reiterado. En palabras de Soria, «no soy experta, evidentemente, pero en algunas cartas en una simple lectura ya veías que había peros... y entonces rechazamos esa progresión de grado y pedimos que se siga trabajando con el interno». Cuando se aprueba el tercer grado es porque «ese cambio existe», ha insistido: «Las resoluciones son motivadas».

Otras víctimas se quejan de que no tienen conocimiento de esas cartas, un asunto en el que el fiscal cree que «tenemos que seguir trabajando: qué se comunica a las víctimas y cuándo. Es cierto que un perdón es a medias si no llega a las víctimas. Hay que encontrar la manera, probablemente por un petición expresa del preso, para que les lleguen. Y luego habrá quien no quiera siquiera abrirla, quien la considerará positiva... Cada víctima es libre de hacer con sus sentimientos lo que pueda».

Tras algún momento complicado, la sesión ha acabado en buen tono y con aplausos a ambos. Entre medio, el fiscal había dejado este apunte significativo: «No nos compete como institución pública entrar en la lucha por el relato. El Ministerio Fiscal no hace política, eso corresponde a los democráticamente elegidos».