La Red de Personas Torturadas de Nafarroa ha celebrado su tercera conferencia internacional. La primera estuvo marcada por el trabajo del Instituto Vasco de Criminología que cifró en un millar las víctimas de esta práctica en Nafarroa. La segunda trató sobre las secuelas de la tortura. Y esta tercera, abordó el papel de las comisiones de verificación como las que mantienen activas Nafarroa y la CAV en virtud de sus respectivas leyes de reparación a las víctimas de funcionarios policiales y grupos de extrema derecha.

La chilena Rita Peña, letrada víctima de tortura y miembro de la comisión Valech, ha explicado la experiencia en su país que, en lo fundamental, ha tenido un desarrollo mucho mayor que las comisiones abiertas en Euskal Herria.

Peña ha abogado en favor de que las víctimas se presenten para ser reconocidas, ahondando en la necesidad de aprovechar los momentos políticos. Ha señalado que en su país muchas víctimas no presentaron su caso y luego se arrepintieron.

También ha confesado que los avances conseguidos requirieron de muchas renuncias, como el pacto de silencio, para que los testimonios no se difundan hasta pasados 50 años.

«Aquí tenéis nuestra experiencia como referente, pero también vosotros sois referente nuestro», ha afirmado Peña, argumentando que en Chile hay comisiones de verdad que han sido un éxito, pero solo para la dictadura. Sobre torturas en democracia no han logrado aún nada, a pesar de que la práctica ha continuado.

Primeros obstáculos en Euskal Herria

La segunda parte ha entrado más de lleno en el papel que están jugando las comisiones de verificación activas en Euskal Herria. El catedrático Jon Mirena Landa, miembro de la comisión en la CAV y exdirector de Derechos Humanos con Ibarretxe, ha detallado que estas comisiones han visto la luz tras muchas dificultades, recordando que Nafarroa fue pionera, pero que la ley la tumbó el Constitucional por el potencial que veía en ella.

«Estas leyes tienen muchas limitaciones, pero tienen la capacidad de romper el muro», ha explicado Landa, que ha asegurado que ese potencial fue el motivo por que el PP denunció la ley ante el TC.

«Nos dijeron que no éramos jueces, que no podíamos investigar, pero sí que podíamos», ha recordado el catedrático de Derecho Penal de la UPV-EHU. Si bien, para poder hacerlo tuvieron que renunciar a que su investigación conllevara consecuencias penales.

Landa ha asegurado que estas comisiones tienen sentido porque la sociedad «tiene derecho a saber qué pasó», que se suma al derecho de las víctimas a que su verdad «sea entronizada en la plaza pública».

Las responsabilidades «semiconcretas»

El miembro de la comisión para Araba, Gipuzkoa y Bizkaia ha detallado que el primer año les costó más hacer los primeros informes (solo 35 expedientes), pero que luego ha sido más rápido, hasta los 238.

Ha explicado que es un trabajo arduo, que hay que poner de acuerdo a diez personas con muy distintos perfiles técnicos y nombrados por estamentos diferentes. Y que, sin embargo, todos los reconocimientos han sido aprobados por unanimidad.

Landa ha añadido que de su trabajo se han desprendido patrones en la violación más habitual de los derechos humanos, la tortura. Ha explicado que mayoritariamente era la Guardia Civil la que ejecutaba este tipo de maltrato para quebrar a los detenidos. Y que han aflorado patrones de tortura y prácticas concretas según el año y según la comisaría implicada.

En este sentido, ha defendido que sería un error renunciar a encontrar «responsabilidades semiconcretas», ya que las comisiones de verificación tienen limitada la posibilidad de dar con el autor individual de cada episodio de tortura.

«¿Para cuándo una petición de perdón de la Guardia Civil? Sé que hay miles de guardias civiles que han funcionado perfectamente, pero lo que se hizo se hizo en su nombre», ha manifestado el experto.

Las recomendaciones desde Catalunya

La tercera de las ponentes ha sido Gemma Ubasart, la última consejera de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat catalana. Ha explicado la importancia de la participación de la sociedad civil para eliminar los espacios de impunidad, como el que amparó la tortura.

Ubasart ha defendido la implicación ciudadana, para tomar decisiones políticas que son, a la postre, las que pueden traer los cambios que se precisan.

La exconsejera también ha insistido en la necesidad de «una disculpa institucional» en línea con el discurso de las responsabilidades semiconcretas. Y ha subrayado que, para ello, las comisiones de verificación, aun con todas las limitaciones, pueden ser más válidas que la justicia ordinaria.

Ubasart ha argumentado que los procesos penales se adscriben a hechos individualizados muy concretos, por lo que no resultan tan eficaces a la hora de describir fenómenos masivos como el que ha supuesto la tortura en Euskal Herria.

Además, ha señalado que la justicia penal en el Estado español es particularmente ineficiente y no está dispuesta a escuchar ciertos testimonios, que la prescripción es un problema para muchos de los episodios de tortura y que recabar pruebas es muy complicado. Por todo ello, recurrir a los tribunales puede suponer una revictimización inútil y en muchas ocasiones, solo puede llevarles a más frustración y sufrimiento.

Frente a ello, Ubasart ha propuesto impulsar un diálogo con todos los agentes que muestran un interés sincero por aclarar todo lo sucedido y dispuestos a crear las herramientas de no repetición.

En su opinión, este diálogo puede cristalizar en una «coalición garantista» que aproveche «grietas de oportunidad» para seguir avanzando.

Y ese es, para Ubasart, el camino que ha emprendido la Red de Personas Torturadas.