El Congreso Internacional de Fútbol Femenino que ha acogido Irun esta semana abordó ayer la violencia y los abusos de poder en el deporte. Una lacra que afecta a infinidad de personas, muchas menores de edad, pero en el que el número de responsables supera al de víctimas. Y es que si en algo coincidieron las expertas que participaron en la mesa redonda es en la importancia de la implicación de todo el entorno de las personas afectadas o en riesgo potencial en un proceso que arranca con educación, para la identificación y, en caso de que se produzca algún tipo de violencia, la detección y sigue con el acompañamiento y protección de la víctima, la toma de medidas o el seguimiento del proceso para que las consecuencias sean las debidas.

Isabel Abella Ruiz de Mendoza, abogada y especialista en igualdad y violencias, cree que uno de los cambios fundamentales necesarios pasa por «la responsabilidad individual y colectiva. Hasta que no tengamos conciencia como personas de la necesidad de construir sociedades igualitarias, deportes libres de violencia..., no vamos a hacer nada».

Sin conciencia y sin educación específica, el recorrido de las leyes y sus efectos siempre serán limitados. Aunque ayudan, claro está. La propia Abella recordaba el avance que han supuesto la aprobación  de la Ley de Garantía Sexual en el Parlamento de Madrid o de la LOPIVI en Gasteiz, que se centra en la protección de niños y adolescentes.

Adultocentrismo

En la elaboración de esta última participó Eukene Arana, que lamenta que el primer problema con el que se enfrentan los menores es el «adultocentrismo de nuestra sociedad. Tienen más derechos que los adultos pero si no los conocemos, ellos tampoco, y esa es la raíz de muchas violencias que se perpetúan. Más difícilmente todavía van a saber que tienen herramientas para protegerse ante situaciones de desprotección».

Es ahí donde inciden los protocolos y la figura de delegados de protección a la infancia y adolescencia, que deben existir en cualquier ámbito en el que se trabaje con menores, lo que obviamente incluye clubes, asociaciones y federaciones deportivas. Pero, recalca Arana, esos delegados deben estar específicamente formados. Y el entorno de los futbolistas también. «Personal técnico, directivos, familias... La parte adulta tiene que ser consciente para evitar violencias de las que podemos ser responsables por acción, dejación o negligencia. Tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad con esas niñas y niños, que tienen derecho a practicar deporte en un entorno seguro».

«Es más fácil hablar de casos aislados que de un problema al que nos tenemos que enfrentar»

Eso no pasa. Según el informe CASES, elaborado basándose en 10.000 encuestas realizadas en seis países europeos, el 70% de los menores ha sufrido violencia psicológica en su práctica deportiva, el 43% violencia física, el 36% violencia sexual sin contacto y el 20% violencia sexual con contacto. Es prácticamente el único estudio de prevalencia que existe porque, como lamenta la periodista Elena Giovio, especializada en temas de igualdad y abusos, «imagino que así es más fácil decir que es un caso aislado, una manzana podrida y no un problema real al que nos tenemos que enfrentar». Y en el que la prensa también tiene algo que decir. «Empezando por llamar a las cosas por su nombre. Los abusos sexuales no son incidentes, son delitos. Igual que a veces damos una idea del deporte, de la alta competición, que no puede ser, nos parece normal que siete nadadoras sincronizadas acaben vomitando o vayan llorando a casa por el abuso de una entrenadora. No se pueden sobrepasar unos límites y los medios tenemos una responsabilidad».

A veces, muchas, se ve coartada por la ley del silencio. La propia Giovio junto a otros compañeros del diario “El País” investiga desde hace un tiempo los abusos en el deporte. Y uno de los ejemplos que ofrece es clarificador: enviaron encuestas a 152 federaciones y, tras bastante insistir, consiguieron que les contestaran 52, ocho de ellas de forma incompleta.

El miedo

Al silencio de quien no quiere ver, se une en muchas ocasiones el de quien no quiere hablar. «Por miedo», sentencia Vero Boquete, futbolista internacional con una extensa experiencia, que incluye represalias por hablar en voz alta. «Una de las cosas que más me ha dolido durante la investigación –coincide Giovio– es cuando las víctimas, con historias muy duras, dicen que no quieren denunciar por miedo y sobre todo porque están convencidas de que el sistema no va a cambiar. Eso genera dolor, tristeza e impotencia». «Es que el sistema nos ha fallado tantas veces... –denuncia Boquete–. Cada vez que no funciona, es un palo, genera desconfianza y hace que te protejas de otra manera; no denunciando, sino hacia dentro, cerrándote y ‘pasando el trago’, que es algo de lo que lamentablemente las mujeres sabemos mucho».

«Cada vez que el sistema falla es un palo, te genera desconfianza y hace que te protejas de otra manera; no denunciando sino cerrándote»

El miedo a las represalias, el peligro de la revictimización, es mayor cuanto más jerarquizadas son las estructuras, lo que todavía en demasiados casos se une a la ausencia de protocolos adecuados dentro de esas estructuras. Por eso Boquete cree, y coincide Giovio, que debería existir un organismo autónomo e independiente del poder deportivo que reciba las denuncias, investigue y actúe. Abella recuerda que por ley, las organizaciones con más de cincuenta personas están obligadas a contar con un canal de denuncias que admita denuncias autónomas y Arana destaca la puesta en marcha del sistema «Kirola On» de la Diputación Foral de Bizkaia, enfocada al deporte escolar y con el que pueden contactar menores y adultos, tanto para consultar dudas como para realizar denuncias.

En lo que coinciden todas es en la necesidad de la «educación de todos para identificar e intervenir» pero también de la determinación personal de utilizar las herramientas a nuestra disposición. «Todos tenemos que ser mucho más activos», resume Boquete.