Joxerramon Bengoetxea será proclamado este martes rector electo de la UPV/EHU, más tarde nombrado por el lehendakari y a finales de enero tomará posesión del cargo. Su mandato tendrá, por primera vez, una duración de seis años, improrrogables y no renovables. Al presentarse, dijo que emprendía «este camino con ilusión, con el convencimiento de que con este proyecto compartido daremos un nuevo impulso a la universidad», pero lo cierto es que hay cuestiones relacionadas con el personal que urgen y no son las únicas.

Tras conocer del estado de las cuentas y de los recursos disponibles, tocará comenzar a adoptar decisiones. El profesorado sustituto a tiempo parcial, el personal investigador en formación y un segmento del Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) con los salarios más bajos aguardan medidas que ayuden a paliar su precariedad, aunque hay más sectores que esperan cambios.

Tampoco podrá obviar obras de reparación que deben acometerse en dependencias universitarias que presentan un estado penoso y con riesgo para las personas que las frecuentan. La lista no es corta.

En el caso del personal investigador, con 1.400 temporales y solo 70 permanentes, el equipo rectoral saliente no ha apostado por el desarrollo de su carrera, según fuentes sindicales. A las demandas presentadas, se respondió dilatando los procesos en los tribunales, práctica que los nuevos gestores han dicho que quieren evitar priorizando la negociación.

Algunas cuestiones están pendientes del pronunciamiento del Supremo español. En el Claustro en el que participaron sendas candidaturas, al ser interpelado por LAB por si retirará los recursos interpuestos en aquellas cuestiones en las que el Alto Tribunal ya se ha pronunciado, Bengoetxea respondió que «cuando la sentencia es clara y nos parece justa, no vemos sentido a la dilación de la causa». Además, existe un compromiso de negociar con celeridad incrementos salariales.

Aboga por una «gobernanza horizontal que amplíe el sentimiento de pertenencia y el cuidado de la comunidad universitaria». Para acabar con los estamentos es obligado reformar los estatutos.

Respecto al profesorado sustituto, han afirmado que están a favor de las contrataciones a jornada completa y de agilizar el procedimiento de las bolsas de trabajo. La situación de este profesorado, denuncia la representación sindical, empeoró en marzo de 2023 con la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) por «una lectura muy restrictiva» que hizo el equipo de Eva Ferreira, que llevó a la convocatoria de dos huelgas del personal docente investigador. Son en torno a 300 los profesionales afectados.

En el caso del PTGAS, la dignificación de las condiciones laborales se centra, por ejemplo, en la estabilización de la plantilla y mejora salarial, aspectos comunes en la mayoría de las reivindicaciones de los y las trabajadoras. En campaña, se ha prometido por el rector electo la creación anual de 200 nuevos puestos para reducir la temporalidad y la carga de trabajo. Habrá que ver en qué queda.

El papel del Gobierno de Pradales

En estas y otras materias son fundamentales la financiación pública y el modo en que se gestiona por parte del equipo rectoral. En el primero de los casos, aunque otras instituciones también lo hacen, es el Ejecutivo de Lakua quien más aporta. En este ejercicio, cuenta con un presupuesto total de 531 millones de euros.

La LOSU recoge como objetivo para 2030 –cuando concluye el mandato del equipo de Bengoetxea– que la financiación para las universidades públicas sea del 1% del Producto Interior Bruto. En la actualidad, solo el 0,4% del PIB de la CAV se destina a la UPV/EHU, cifra muy alejada de la inversión en muchas universidades públicas europeas, y se pretende llegar al 0,9%, «haciendo un esfuerzo especial en los primeros años para cubrir las carencias más graves».

Proponen analizar «en profundizar» cuál es la oferta en euskara y la materialización real de las asignaturas en los diferentes grados, así como los recursos humanos con los que cuentan los departamentos y sus perfiles lingüísticos.

Los sindicatos denuncian que la financiación de Lakua, que califican de «insuficiente», viene descendiendo desde 2012. En euros corrientes, la aportación ha subido de 331 millones de euros en 2012 a 386 millones en 2024, pero en euros constantes ha bajado desde 357 millones en 2012 a 325 millones en 2023, según un informe de Steilas. En porcentajes, en 2012 era el 0,5% del PIB de la CAV y desde 2018 es de 0,4%.

En el proyecto de presupuestos de 2025, el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación contempla una aportación de algo más de 401 millones de euros, de los que 317 son de contribución ordinaria. En su comparecencia ante el Parlamento, el consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias manifestó que «se trata de la subida más importante producida en la última década». Ese 5,2% más respecto a este ejercicio, según quien fuera rector de 2004 a 2008, es reflejo de la «apuesta» de su departamento «por asegurar la suficiencia financiera de la universidad pública, en consonancia con el compromiso del programa de gobierno».

Queda por aclarar si el PNV tiene voluntad política de aceptar un cambio en las reglas de juego en la relación entre el Gobierno y la UPV/EHU, como se propone por los ganadores de los comicios. Desde los sindicatos se ha acusado a Lakua de beneficiar a las universidades privadas.

Rector electo y consejero se han emplazado en la obligada salutación protocolaria a un encuentro. Primero, el equipo de Bengoetxea deberá conocer el estado real de la institución y fijar las prioridades para plantearlas al Gobierno y Parlamento, aunque ya han apuntado a que su deseo es que el cambio también debe alcanzar a esa esfera. Habrá que ver qué opina el Ejecutivo.

Definir las necesidades

Antes de acordar un calendario para garantizar la financiación, quienes van a ponerse al frente de la institución académica consideran fundamental completar la memoria integral de necesidades para abordar inversiones y mantenimiento de infraestructuras, aumento del personal PTGAS, cumplir las necesidades del Personal Docente Investigador (PDI) y mejorar las retribuciones de la plantilla. Se persigue definir las necesidades económicas de la Universidad y, con ese diagnóstico, negociar la aportación gubernamental, en vez de determinar qué hacer con el dinero que aporta el Ejecutivo autonómico.

En su programa –habrá que ver cómo se desarrolla– se propone que se debatan y aprueben los presupuestos en Consejo de Gobierno, se recojan aportaciones y se negocie con Lakua. Otro planteamiento es el de exigir, «como única universidad pública del Sistema Universitario Vasco», que «se lidere discursiva y políticamente la diferencia con el resto de entidades y solicitar que se garantice en la práctica».

Hay una apuesta por recuperar la autonomía digital y la propiedad de los datos que maneja la institución académica. Estiman que tienen «un gran potencial» para desarrollar herramientas pero necesitan inversión para poder hacerlo.

Ese trato diferenciado entre público y privado, dotando de autonomía y financiación adecuada, entienden que debe tener cabida en la nueva Ley del Sistema Universitario Vasco –la actual tiene 20 años– que el Ejecutivo de Pradales se ha comprometido a incluir en el calendario legislativo.

Otra de las reivindicaciones a las que tendrán que atender es la de promover una gobernanza más abierta y participativa, acabando con una participación muy limitada del personal y del alumnado, donde la burocracia se ha convertido en un obstáculo.

Así, por ejemplo, el nuevo equipo rectoral propone incrementar la periodicidad de las reuniones «para garantizar el carácter de centro de decisión del Claustro» y también que aumente la participación de los integrantes del Consejo de Gobierno mediante la presentación de propuestas.