Cabía pensar que, tres años después del cese de la violencia de ETA, la situación de presas y presos vascos continuase igual –o incluso peor– que entonces? Cierto es que el dolor y el sufrimiento derivado de tantos años de enfrentamientos permanece en quienes padecieron sus consecuencias, pero también lo es que, mientras que han desaparecido la mayoría de las causas de nuevos dolores en Euskal Herria, persiste y se ahonda en el sufrimiento de miles de personas: las presas y presos vascos y sus familiares y personas allegadas. Y ello se debe a la prolongada aplicación de medidas como la dispersión y al retorcimiento de la legislación que regula tanto el cumplimiento de penas como el régimen penitenciario.

Cuando, a finales de 1978, se abordó en el Congreso el debate de la nueva Ley General Penitenciaria se dijo que iba a ser: «solo un primer paso en la normalización de la situación penal y penitenciaria» y que su aprobación constituiría «la implantación de un sistema de ejecución de penas más justo y humano en el marco de un Estado democrático de derecho». El entonces proyecto concluía sosteniendo que la ley suponía una «llamada de atención a la conciencia de la sociedad, sin cuya participación y colaboración activa y convencida, el problema de las prisiones carecerá de solución definitiva».

Si nunca se han cumplido esos objetivos en general, en el caso de presos y presas vascas se ha implantado un sistema de cumplimiento de penas inhumano y vengativo, que se mantiene vigente pese a los cambios de los últimos años en el panorama político vasco.

Por eso, hoy más que nunca, es necesario pedir a la sociedad vasca que no renuncie a su papel de motor para conseguir el fin de todas las violaciones que sufren los derechos de los  presos y presas vascos. Comenzando por la dispersión.

No es posible que una ley como la General Penitenciaria utilice la dispersión como herramienta política al servicio de una Administración obediente al Gobierno de turno.

Hoy, 25 años después de su inicio, debemos recordar que esa vengativa medida ha ocasionado, y sigue ocasionando, mucho sufrimiento, incluso muertes, a familiares y allegados de estos presos y presas. Se trata de personas a quienes la aplicación de la dispersión supone un castigo añadido inhumano y despreciable, teniendo en cuenta, además, que no pesa sobre ellas condena ni medida restrictiva alguna.

De las aproximadamente 470 personas presas, el 83% se encuentra a más de 400 kilómetros de distancia de su entorno familiar; 80 se encuentran entre 800 y 1.000. Estas cifras suponen que, de media, una familia recorra al año 63.000 kilómetros en visitas, vuelta y media al mundo. Con lo que supone de esfuerzo físico, económico y psicológico. Y muchos de estos familiares tienen ya una edad muy avanzada o son menores cuyas madres y/o padres están en prisión.

Resulta patético escuchar al presidente del Gobierno español defender la dispersión, como hacía hace poco en el Senado, como un elemento casi sustancial de la Ley Penitenciaria que, además, jugaría a favor de la reinserción. Patético, porque él sabe perfectamente que eso es mentira. Radical y absoluta mentira. El sabe que esa Ley, en ningún caso, contempla la justicia de la dispersión y mucho menos valora esa posición política como favorable a la reinserción de la persona privada de libertad.

No se puede argumentar, como hace Rajoy, que «no caben excepciones con ETA», cuando lo cierto es que la mayoría de las decisiones, por no decir todas, que ha adoptado su Gobierno en cuestiones relacionadas con el colectivo de presos y presas vascos constituyen una permanente excepción. No podemos aceptar el desprecio con el que el Gobierno español aborda una cuestión que afecta a cientos de familias y que origina un sufrimiento inútil. Y es que tras tanto dolor sufrido durante años, de tantas violencias, nos preguntamos hoy: ¿para qué añadir más dolor al dolor ya acumulado? No encontramos otra respuesta que la de la venganza.

Al PP, pero también al PSOE, les gusta acomodar los hechos a los lemas que adoptan, pero ese ejercicio de propaganda topará siempre con miles y miles de vascas y vascos que no están dispuestos a desviar su mirada; que no están dispuestos a ignorar que todas las recomendaciones de la mejor legislación internacional en la materia abogan por un cumplimiento de penas en centros del entorno social y familiar, y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha manifestado, también, la ilegalidad de la dispersión.

Ante la obcecación del Gobierno, ante el silencio cómplice de algunos partidos y ante la mirada hacia otro lado de algunos medios de comunicación, tenemos que multiplicar nuestra pacífica denuncia de una actitud que no tiene anclaje en la Ley y que choca con los más elementales criterios de humanidad.

Por eso se hace preciso que nos movilicemos, que salgamos a la calle y exijamos respeto a los derechos de todas las personas. También los de las personas presas.

Si algo ha caracterizado a la sociedad vasca, durante muchísimos años, es su voluntad de convivencia y su disposición a manifestarla una y otra vez. Ahora se trata de que el próximo día 10 de enero, en Bilbo, demos de nuevo un ejemplo de fortaleza a favor del futuro y de la convivencia, pidiendo esta vez el fin de la dispersión.

Acabar con esta inhumana medida supondrá avanzar en una apuesta a favor de un futuro sin odios. Una apuesta que deberá tener su final en un proceso que permita la salida de prisión de estos presos y presas, poniendo fin así a una de las consecuencias del conflicto.

El 10 de enero, unamos nuestras manos, nuestras razones y nuestros corazones en una marea humana que no pueda esconderse ni relegarse de los noticiarios. Demos prueba, una vez más, de que la sociedad vasca mantiene su palabra contra la dispersión porque sabemos que así estamos trabajando por un futuro mejor para todos y todas.