Digo mutilado porque su largo documento de 82 páginas, silencia las páginas más negras de violencia de nuestra historia reciente. No da ninguna explicación de por qué se salta el golpe militar y más de la mitad de la dictadura franquista. Habla de aclarar el pasado, todo el pasado, pero recorta una parte trascendental y muy dolorosa, presente en la conciencia de la población.

¿Por qué razón arranca del año 1960? ¿Por qué se calla el golpe militar más sangriento de la época y las 2 primeras décadas de la dictadura? ¿Considera que esa etapa está ya suficientemente liquidada con la Ley de 2007 de Ibarretxe, remisa en fondos y reparaciones? ¿Deja para mejor ocasión la Memoria Histórica que nos corresponde? Tanto la fecha de 1960 como lo del ‘suelo ético’ en que se basa el Plan, son un legado tendencioso del trienio Patxi&PP, empeñados ambos en arrancar a toda costa el fenómeno ETA de su contexto histórico y bloquear a la izquierda abertzale.

En dicho documento, Franco y el franquismo no se mencionan. La guerra civil y la dictadura del Generalísimo se mencionan solo 2 veces. El término ‘víctimas del terrorismo’ se repite 24 veces, y acapara capítulos. Es, sin duda, el leitmotiv del Plan. Por contra, la expresión ‘todas las víctimas’ se repite solo 6 veces. Por supuesto, se descarta la expresión ‘conflicto político’ o similares. A última hora y por presiones de PSEE y PP, se ha agregado el preámbulo referido al ‘suelo ético’, pese a sus connotaciones partidistas.

Este silencio sobre el golpe y la dictadura franquistas choca de frente con el reciente informe del Comité de la ONU, cuando concluye: «en España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975). Según un auto de la Audiencia Nacional,....el número de víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascendería a 114.226. En cuanto a secuestro sistemático de niños, se mencionan 30.960 niños». Estos hechos siguen aún en carne viva en buena parte de la población. El silencio equivale a mantener la impunidad de un régimen equiparable por su criminalidad al nazismo.

El informe de la ONU reconviene duramente al Estado español por incumplir su responsabilidad para con los desaparecidos de la guerra. Debiera de tomar nota de ello el Gobierno Vasco, aunque el documento reconoce que algo se ha hecho en la CAV. Se calculan en 8.660 los desaparecidos vascos. Ibarretxe sacó una ley a favor de estas víctimas e inició entre otras cosas un contrato con la Fundación Aranzadi en la búsqueda de testimonios y fosas, pero la ley no tuvo continuidad y el actual plan la relega al olvido. Se ha dado, en cambio, una profusión de decretos sobre las víctimas del terrorismo que son las que marcan el Plan, por encima de la breve referencia a las otras víctimas de la guerra sucia o de abusos policiales, que curiosamente las cataloga como «las víctimas sin amparo» y las limita –dale con las limitaciones- al período desde 1960 a 1977. ¡Horror!

Por el contrario, nos ha llamado la atención la reciente Ley del Parlamento Navarro, en favor de las Víctimas del 36, responsabilizándose de su reparación con una provisión de fondos para su búsqueda e identificación, con el voto positivo de PSN, abstención de UPN y negativa del PP. Supera a la ley de Memoria Histórica de Zapatero. El gobierno vasco se ha apresurado a explicar que aquí no hay una ley semejante, pero que se han hecho cosas. Ninguna referencia a la ley de Ibarretxe. Al contar Nafarroa con 4.400 entre fusilados y desaparecidos, es grande su sensibilidad en el tema. También Euskadi pagó un fuerte tributo a la guerra en los frentes y en las poblaciones inermes con los bombardeos y los consejos de guerra. ¡Sorprendente! Nafarroa aprueba una ley de Memoria Histórica, mientras aquí evitan coger la patata caliente.

Jonan Fernández insiste en que la «verdad a medias o amnésica» no sirve. ¿Por qué arranca entonces del relato la historia de la guerra y más de la mitad de la dictadura? No quiere imponer un relato, pero fija arbitrariamente la fecha de inicio, con lo que destroza el principio de la verdad. La conciencia popular sabe de sobra dónde, cómo y cuándo arranca el cuadro de violaciones principal y determinante de los últimos 75 años. Viven aún testigos de la guerra y muchas familias sufren el trauma del franquismo, agravado por el silencio y la impunidad. Está bien intentar consensos políticos, pero no a costa de ocultar la historia, sobre todo, cuando se trata de asentar una plataforma firme a la verdad y a la memoria, nada menos que para lograr la paz y la convivencia.

El Comité de la Convención de Desaparecidos de la ONU en su reciente visita nos advirtió que tratáramos sólo de los Dasaparecidos a partir de 1945. Protestamos por la limitación tan absurda, pues aquí la bolsa grande de Desaparecidos se da en el golpe militar y años siguientes. Todas las asociaciones memorialistas coincidimos en esto. Así es que el Comité rectificó y en su informe recoge los testimonios de la guerra, olvidando la fecha inicial propuesta.

Se ha impuesto la ley de los hechos, de la historia. Es lo que le pedimos a Jaurlaritza que haga. ¿Es que no tenemos nada que decir las numerosas organizaciones memorialistas? Ninguna impunidad al franquismo.