Por un lado, hace más de 40 años, septiembre de 1976, iniciaba mi compromiso con la izquierda abertzale (IA) integrándome en LAB, entonces una recién nacida organización de masas ilegal que intentaba ensamblar las luchas obreras con el proceso de liberación nacional. Y por otro, hace hoy siete años un enorme dispositivo policial y mediático sacudió la sede de LAB de Igara en Donostia. Estábamos ante la operación «Bateragune», como seguramente Rubalcaba la bautizó, una acción político-judicial para condicionar a la IA en su reflexión para afrontar el cambio estratégico.

Entre ambos momentos una etapa política donde la IA se enfrenta a la estrategia de asimilación a «fuego lento» que la transición española intentó desarrollar con un «autonomismo» dirigido y controlado por los resortes de poder legislativo y judicial español, e incluso, con la «unilateral» (el Estado siempre actúa unilateralmente) decisión de los partidos del régimen PP-PSOE de no desarrollar algunos contenidos de la autonomía como Seguridad Social, prisiones, puertos y aeropuertos…

La lucha y compromiso de miles de militantes del conjunto de la IA no solamente impidió que ese «cebo» autonomista se convirtiera en diluyente de la conciencia nacional y «estación» final política, sino que fuimos desarrollando un tejido social y organizativo en ámbitos institucionales, sindicales, sociales y culturales determinante para derrotar al autonomismo y dar cauce al reconocimiento nacional y al derecho de autodeterminación, como contenidos indispensables de un «campamento base» que abra una vía democrática hacia la independencia y el socialismo. Años de resistencia, con grandes esfuerzos, sufrimiento y aportaciones y, por supuesto, también con cuestiones para un análisis crítico con la perspectiva que nos da el tiempo y nuestro propio compromiso revolucionario. Pero, ¿alguien piensa que el autonomismo hubiera sido políticamente neutralizado y que, ahora, estaríamos con una mayoría exigiendo una democracia vasca sin la aportación de la militancia de la IA?

Los primeros síntomas de agotamiento de la estrategia del Estado se empiezan a constatar cuando ELA y LAB, con una reflexión desde nuestro espacio sociolaboral, cuestionamos conjuntamente el marco autonómico poniendo en valor la necesidad de una acumulación de fuerzas soberanistas con el horizonte de un nuevo marco político y social. Fue una gran sacudida social abriendo nuevas reflexiones en todo el espacio nacionalista y abertzale, tanto en el autonomismo del PNV como en la IA.

Las iniciativas públicas y movilizaciones y ambos sindicatos en 1994-95, preludio del acto de Gernika en el 1997, fueron factores determinantes en los acercamientos entre PNV e IA que alumbraron Lizarra-Garazi en 1998. El modelo autonómico había tocado techo, su gestor político en la CAPV (PNV) no tenía «gasolina» para situarlo como herramienta estratégica, el espacio sindical y social estaba movilizado en clave soberanista y la IA se convertía en referente independentista para una hegemonía política a medio plazo. Sigo pensando que no supimos gestionar ese momento político con «luces largas», con paciencia estratégica, con un sentido «gramsciano» de la hegemonía ideológica, social y cultural. Ahora que acertadamente situamos la unilateralidad como catalizador de avances colectivos para condicionar el rechazo del Estado a las mayorías vascas, creo que en aquel contexto histórico, podíamos haber utilizado progresivamente un unilateralismo institucional, sindical y social, dando fuerza y proyección a una mayoría soberanista, pero…

De todas formas la estela de Lizarra-Garazi no sólo se mantuvo con el Plan Ibarretxe (ejemplo de unilateralismo sin sociedad) sino que, desde entonces, en el seno de la IA dos conceptos adquirieron fuerza y centralidad para un futuro cambio estratégico: la acumulación de fuerzas soberanistas y la confrontación democrática.

Con posterioridad, tras la llegada de Zapatero en 2004, tuvimos la oportunidad de encauzar el capital político acumulado por la IA en su lucha contra la trampa autonomista en el marco de un proceso negociador con importante soporte internacional pero, otra vez, no acertamos a abordar ese tránsito de una fase a otra, de una estrategia a otra, incrementándose, como consecuencia, el debilitamiento del movimiento abertzale a nivel político, social y organizativo. Es decir, el tránsito se atasca y las condiciones se debilitan.

En estas condiciones, tras la ruptura del proceso de negociación 2006-07, la izquierda abertzale, al igual que hizo al inicio de la transición, tenía que plantearse un debate de características estratégicas. Las variables internas (invisibilidad institucional, reflujo organizativo…) demandaban una reflexión de fondo pues, no se podía cambiar de fase política sin cambiar de estrategia.

Es cierto que ese debate llegaba tarde e, incluso, nos preguntábamos metafóricamente si «no estaba el arroz pegado», es decir, si la sociedad vasca no estaba cansada y desconectada del debate político tras las frustradas experiencias de Lizarra y Loiola. Pero, más allá de esas consideraciones, era necesario recomponer la posición política de la IA implementando una dinámica que permitiese encauzar el capital social mayoritario por un cambio político y situar con fuerza la referencia independentista. Aunque la formulación política fue desarrollada por un grupo reducido de personas, sus principales contenidos conectaban con las reflexiones de militantes de todas las organizaciones de la IA y, especialmente, con las posiciones de nuestra base social. De esta manera se fue abriendo paso el cambio estratégico con la ponencia “Argitzen” y posteriormente Zutik EH!

Es aquí donde Rubalcaba entró en escena intentando condicionar ese proceso de cambio estratégico. El Estado español tenía elementos para valorar las diferentes posiciones que en aquel momento se daban en la IA y buscó un escenario de escisión del proyecto político independentista. Es decir, más que el fin de la lucha armada y un escenario de paz y solución del conflicto, su objetivo era debilitar al independentismo, una prioridad que el unionismo ha mantenido después de la decisión de ETA con sus provocaciones y no gestión de un «proceso de paz» integral. Parece evidente que algunos hubieran preferido cierta continuidad de ETA y una izquierda abertzale envuelta en escenarios de escisión para que el unionismo pudiese mantener la máquina política «antiterrorista» como factor de cohesión social en el Estado e instrumento de condicionamiento de las reivindicaciones soberanistas de Euskal Herria y Catalunya.

Con el caso «Bateragune» se pretendía un descabezamiento de los promotores del debate para crear un escenario de confusión y confrontación interna. Las detenciones, la rapidez con que se plantea el juicio y las resoluciones a los recursos tuvieron un impulso político evidente. La percha jurídica que sostuvo nuestro encarcelamiento y sentencia ha quedado desnuda por los hechos; toda la clase política conocía perfectamente el montaje que sustentaba la misma. En este sentido la célebre frase del socialista y exministro de Justicia López Aguilar sobre la «construcción de imputaciones» para lograr sentencias de prisión, refiriéndose a miembros de la IA, se volvió a repetir con total descaro en el caso «Bateragune».

El cambio estratégico era una necesidad para dar continuidad al movimiento político surgido en los años 60, asentando sus señas de identidad de independencia y socialismo. Era, también, un reto difícil ya que planteaba también un cambio de la cultura política de la IA que pivotaba sobre la negociación con el Estado. Una cuestión que quisimos enfatizar en el artículo escrito desde la cárcel de Estremera bajo el título de “Nueva estrategia, nueva fase, nuevos instrumentos”.

Sin embargo, hoy podemos decir que ese cambio estratégico ha permitido reubicarnos en el escenario político poniendo bases para dinamizar el proceso de tránsito del autonomismo y la división territorial a un marco de reconocimiento nacional y soberanía. Han sido unos años con avances que generaban euforias y espejismos y con retrocesos que nos llenaban de dudas. El Estado y el PNV han buscado neutralizar los efectos del cambio estratégico con su «no al proceso de paz» y su freno al «proceso de cambio político» respectivamente. La enorme activación del proceso en Catalunya, y el gran apoyo cosechado por Bildu al inicio de esta nueva fase fueron elementos claves para entender la posición que, tanto el Estado como el PNV, han mantenido estos años en relación con los presos y presas o el proceso político.

Esto no significa obviar la etapa de desorientación y el retroceso de los últimos 2-3 años. Además de factores como el bloqueo del Estado o la irrupción de Podemos, la izquierda independentista pecó, en mi opinión, de ansiedad política, buscando acelerar fases y «catalanizar» nuestro proceso, al no realizar una lectura adecuada de la «foto» real de la sociedad vasca y de la fase en que nos encontramos. Es decir, me parece que abandonamos la construcción progresiva de un pensamiento hegemónico (ideológico, social y cultural), que lógicamente necesita tiempo para ir tejiendo alianzas sociales e ir creando nuevas dialécticas y pretendimos alcanzar una rápida hegemonía institucional ante el PNV en la CAPV. Esto, a mi entender, dificultaba centrar el debate sociopolítico y la articulación e impulso de un proceso institucional y social compartido, cuestión que acertadamente se desarrolla en Nafarroa.

De todas formas, hemos demostrado capacidad de autocrítica y de reacción para, identificando la fase política, centrar nuestra propuesta y retos colectivos. Llegamos a este momento, tras las elecciones del 25-S, con importantes bases para relanzar el proceso de cambio político ante un Estado con una crisis irreversible del modelo territorial, un unionismo minorizado en Hegoalde y Catalunya, un PSOE reventado como estructura de Estado, un espacio de izquierda española defendiendo la plurinacionalidad y el derecho a decidir, y un proceso catalán con una clara hoja de ruta independentista.

Por tanto, si hacemos un balance del ciclo abierto con la operación «Bateragune» nos encontramos que el Estado, manteniendo un discurso militarista de «vencedores» ante el fin de la actividad armada de ETA y cambio estratégico de la IA, está perdiendo la batalla política de forma contundente. Ahí están algunas referencias objetivas. En la CAPV se ha pasado de un gobierno López (PSE-PP) en 2009 a un espacio unionista con un raquítico 25%, de la ilegalización a una izquierda independentista como segunda fuerza política en un parlamento con 75% favorable al reconocimiento nacional y derecho a decidir y, en Nafarroa, se ha pasado de un gobierno de UPN a una izquierda independentista tomando parte en una nueva mayoría política y social. Además el reforzamiento global del sindicalismo abertzale con LAB como segundo sindicato en la CAPV superando a CCOO, y la reactivación del movimiento social (GED, Sare, feminismo, Carta Social…) nos indica que existe un músculo social con grandes potencialidades. Es verdad que esa foto política y social no ha sido todavía adecuadamente dinamizada y que el impasse impuesto por el PNV nos crea sensaciones contradictorias, pero tenemos los ingredientes (sujetos institucionales y sociales) para que, con un liderazgo compartido y una agenda social integrada, la sociedad vasca empiece a dar cauce a lo sembrado en Lizarra, Ibarretxe, Loiola… superando el autonomismo y objetivando Euskal Herria como una nación con voluntad de constituirse en un Estado que sea referente por su modelo social, democrático y solidario.

El proceso «Abian» ha reforzado las raíces del cambio estratégico, reafirmando los objetivos de independencia y socialismo, y ha dibujado con más claridad el tránsito político en propuestas e instrumentos para ir construyendo el Estado Vasco. La refundación de Sortu unida a la profundización de EH Bildu como referente institucional de un espacio independentista de izquierdas, tiene que fijar un modelo organizativo que facilite el desarrollo de alianzas estratégicas en el sindicalismo abertzale y el impulso de un movimiento social con agenda y dinámica autónoma.

Asimismo, se tienen que acoplar el cambio abierto en Nafarroa, la institucionalización de Iparralde a partir de enero y la propuesta realizada en la CAPV para conformar una mayoría institucional, sindical y social con el objeto de reflejar pedagógicamente el coste de la dependencia con el Estado y plantear un nuevo estatus de soberanía político-económica como garante de un modelo social, democrático y solidario. Una demanda que, en ausencia de bilateralidad por parte del Estado, cuestión previsible, exigirá un esfuerzo colectivo, sopesado pero firme, para encauzar con efectividad la voluntad mayoritaria de cambio en una dialéctica política donde el independentismo deberá reforzar su carácter de alternativa como marco idóneo para un modelo social democrático. Hay que poner, pues, en marcha los tres motores del proceso de cambio (institucional, sindical y social), sincronizándolos para que se retroalimenten, pero con autonomía que permita el desarrollo de cada uno en extensión y métodos de lucha.

Para dar cuerpo a todo esto es fundamental la activación de los elementos «inmateriales» que dan vida a un proyecto nacional (euskara, cultura…) escapando de ese falso antagonismo que se plantea entre lo «nacional» y lo «social». Necesitamos implementar y extender socialmente un gran acuerdo en torno al euskara y cultura vasca evitando que los factores «materiales» de un proceso de cambio político debiliten estratégicamente las raíces en nuestro ser nacional.

Así pues, debemos abrir una etapa ilusionante y creativa, con una fusión de capacidades y energías de generaciones protagonistas de la historia última de nuestro pueblo con la fuerza y nuevas ideas de la juventud. Tenemos una gran oportunidad para ofrecer Euskal Herria unidad política para construir un Estado «decente», modelo de reparto de la riqueza y bienestar colectivo y sinónimo de una democracia vasca que priorice a la «gente». El cambio político tiene que traer libres a todos las y los presos y refugiados a Euskal Herria en un proceso que tiene que iniciarse con el respeto de sus derechos básicos, el fin de la dispersión y la desaparición de las leyes de excepción.

En este, pues, aniversario de la operación «Bateragune» reafirmarme tanto en la idoneidad de la apuesta política que permitió abrir un nuevo horizonte en Euskal Herria, como en la militancia ininterrumpida de más de 40 años en LAB y en la IA, de la cual me siento orgulloso y comprometido.

Animoak eta Aurrera Bolie!