La torpeza de manejar el concepto de Estado de Derecho para que España siga encarcelando dirigentes catalanes cambia el análisis político que se ha hecho de los últimos ochenta años en el marco de lo que se pregona hoy como democracia. Si vale el recurso al  Estado de Derecho vigente para eliminar la posibilidad de innovación política  mediante el empleo de los tribunales y las leyes que ahora manejan –convertidas en indeclinables– hay que revisar si muchos gobiernos que actualmente se proclaman democráticos no actuaron en su día –con evidente prevaricación– mediante el quebrantamiento por su parte del Estado de Derecho entonces existente. Si lo que planteo es correcto estamos viviendo una existencia de delito continuado al no haber procedido a la debida restauración del derecho quebrantado en su día. Nos guste o no el Estado de Derecho actual ese Estado surgió en España de un proceder violento ¿O no es así?

Procedamos con indicaciones concretas. En Chile se quebrantó sangrientamente un Estado de Derecho democráticamente indiscutible, lo que sí nos pone ante una rebelión que eliminó a muchos chilenos, entre ellos nada menos que a su presidente, y no fue repuesto lo criminalmente destruido, que era lo justo. En Alemania, y mediante la guerra, se eliminó un Estado de Derecho establecido por su parlamento y un gobierno triunfante en las urnas, incluso con el apoyo de los democristianos. En la Rusia comunista se desconoció con aplauso de todo Occidente un Estado de Derecho que había durado ochenta años y había funcionado diplomáticamente por todo el mundo. Italia actual procedió de la misma forma, ya que el Estado de Derecho mussoliniano intervenía con plena admisión en el conjunto democrático internacional ¿Y qué decir de España? ¿Acaso la restauración de la monarquía presente no aconteció mediante una previa rebelión violenta y genocida? ¿Acaso el referéndum sobre la reforma política no se hizo sin la debida y plena oferta entre República y Monarquía, con lo que se procedió sin juzgar la forma en que fue destruido el Estado de Derecho republicano, que debiera haber sido repuesto en principio?

Yo no sé qué pensará el juez Llarena de lo sucedido políticamente con el Estado de Derecho en los últimos y largos ochenta años? Pero me gustaría conocer su pensamiento acerca del origen del Estado de Derecho español cuando decide encarcelamientos por una rebelión en que no aparece por ningún lado la violencia básica que conforma ese delito, sino es por parte del Estado nacido tras una amplia serie de singladuras inadmisibles hasta por el mismo Partido Socialista que sus líderes  envenenaron para amortizar la historia de lucha socialista contra Franco, el Genocida. Esos socialistas apoyan a muerte un régimen que nació de la destrucción escandalosa de un Estado de Derecho.

Pero es que además esos encarcelamientos, innecesarios y retorcidos moralmente, se hacen a título preventivo, es decir, sin delito certificado en un juicio amplio y solemne sino decidido desde la sede de un juez al que el Parlamento español debiera advertir que la política, incluída la referente a una posible violencia, la hace la representación de la soberanía nacional y no un juez elevado a la dirección del país por medio de relatos inacabables surgidos de un cuerpo policial como la Guardia Civil, cuya misión es obedecer órdenes y no la de tomar el protagonismo de ese relato. Pero quizá lo que más me duela personalmente no es el 18 de julio en que ha vivido habitualmente España sino que la mayoría de su periodismo se haya constituido mayoritariamente en un misérrimo tribunal de justicia. Esos periodistas que de un modo habitual desbordan la información para confundirse con los protagonistas de la política dominante.

Como periodista al borde ya de la muerte me pregunto si esos periodistas no mancillan el recuerdo de aquella profesión brillante que trató de dar a España los datos necesarios para superar su triste historia. Periodistas que manejan debates absolutamente vacíos de toda inteligencia y con final sabido de antemano ¿Qué hacen ante tal panorama las Asociaciones de la Prensa? Yo no me voy de España no me «fugo», como suelen decir ladinamente los que reverencian el poder que deteriora la libertad y la democracia, porque me privaron de medios materiales, además de carecer ya de disposiciones físicas. Vamos a ser llanos y a confesar la verdad: vivir en la España de hoy, mi patria, equivale a permanecer estabulado leyendo la Constitución. Y hablo como cristiano a los «creyentes» y «progresistas» de mi pueblo y a los llamados hidalgos en una historia encallada, siguiendo a Hans Küng, a quien he elegido por maestro: «En un sistema libre  y abierto no se puede establecer por un procedimiento oficial y doctrinario qué es verdad, qué sentido tiene la vida y cuál deber ser su estilo, en qué consiste la autorrealización y la humanización, cuáles son los valores, las prioridades, los modelos, las ideas y las normas. En tal sistema (libre) está garantizada la tolerancia política, así como la libertad de conciencia, de información, de investigación y de opinión. Es un sistema que se basa en la irrenunciable dignidad y libertad del hombre y se propone garantizar los derechos inherentes a la condición humana y las libertades democráticas. Derechos y libertades que no son un fin en si mismos, sino las condiciones institucionales para que el hombre pueda asumir su plena libertad personal y encaminarse, sin presiones estatales o partidistas, hacia un fin razonable, hacia algo que dé sentido a la vida, hacia unos valores, normas e ideales, procurando así su realización y plena humanización. Eso nos  sitúa ante la problemática del Estado de Derecho, un Estado ideológicamente neutral, que no necesita fundarse en ninguna filosofía lo que debe presuponer absolutamente por otro capítulo: la dignidad y la libertad del hombre».

Realmente, como decía Romanones, «todo programa que no quepa en una cuartilla está destinado a no cumplirse». Por eso he reproducido la cuartilla anterior.

Ya no leo esos interminables textos en que los partidos me ofrecen programas interminables con puntualizaciones retóricas, pero no me garantizan cosas tan simples como la igualdad de sexos en cuanto a su única personalidad, la igualdad en el trabajo y su suficiente remuneración, los servicios sociales como sanidad y educación a cuantos llamen a la puerta de un hospital o de un centro de enseñanza, en cuanto no declaren bien extraeconómico los productos que nos regala la naturaleza, el respeto a la intimidad, la soberanía del pensamiento social, la libertad para ser persona o pueblo, la desmitificación de las leyes, la seguridad para que la expresión popular no sea objeto de medidas por celemines, el protagonismo de lo civil, la condena de la guerra y la honorabilidad ante los funcionarios ya sean vecinales o de toga y distinción…

Ante lo que sucede en el Estado español me echo las manos a la cabeza y me interrogo mil veces para qué sirven los parlamentos y las instituciones de presunta participación. Cómo son posibles esas escenas de represión con los jubilados, con las mujeres que expresan su hartura de falsedades y explotaciones y con los que con honesta determinación exigen en la calle el reconocimiento completo de su ser nacional o social. Si hay que subordinar todo eso al Estado de Derecho me declaro insumiso a quienes siembran la opresión desde ese Estado y ese Derecho. Y a quien Dios se la dé, san Pedro se la bendiga. Porque al fin y al cabo ni Dios me obliga a obediencia tan descabellada, ni Marx me invita a soslayar mis derechos. Y a los dos, en distinto peldaño, me debo.