Entrados en el cuarto y último trimestre del año 2021, se da el hecho de que, después de 20 meses de «pandemia» de la covid-19, aún no se han cumplido las dos premisas más importantes, que sentarían base, para justificar las medidas que va tomando el Gobierno Vasco desde el primer confinamiento, hasta la inyección de la tercera dosis a los adultos y la «inoculación» a los niños

Al no conseguir la inmunidad de grupo con la tercera, Israel va a por la cuarta, a pesar de la alarmante subida de patologías pulmonares y cardiacas no covid (infartos, miocarditis e ictus derivadas de coagulopatías por las vacunas). Primero, por los cuantiosos y graves efectos secundarios que ya se dan, y segundo, al no alcanzar el objetivo de inmunización de grupo, esos dos hechos reales aunque ocultados, demuestran que no son eficaces ni necesarias  

Lo único que se ha conseguido bajar son «casos» de infectados asintomáticos en la misma proporción a haber bajado los test PCR… y esto es lo único que destacan los medios; el resto queda oculto puertas adentro en los hospitales.

Aunque monográfico, cuido mucho no repetirme con contenidos anteriores, pero como nadie da la cara y la salud global empeora, sigo destacando la cobardía y falta de transparencia en los cargos públicos. El personal sanitario obligado a callar, conoce el dato estrella entre todos los datos, y es: de los nuevos ingresos, ¿que porcentaje son enfermos vacunados y no vacunados?

Deduzco que su silencio es cautelar, ya que, quienes tienen mucho que ocultar y a su vez verse obligados a seguir una agenda política enmascarada como programa sociosanitario, lo más prudente es callar, que es la única manera de esquivar el compromiso de respondernos a los incómodos ruegos y preguntas, que solo tienen acogida en unos pocos medios que les dan curso.

Preguntas incómodas y alusiones a mentir por ocultamiento de información y manipulación de datos, tras lo cual optan, legal o ilegalmente, por el silencio institucional. Esta actitud prepotente y antidemocrática, obliga a la parte cívico-exigente a sospechar aún más, de sus verdaderas motivaciones e incentivos programáticos; máxime, al ver que todo el arco político y sindical incentivados por el mismo guion, se dan a alinearse con igual celo operativo.

Viendo que también el representante de nuestro penúltimo recurso, entra en esa misma linealidad y formalidad intelectual, hace sentirnos desamparados hasta por el Ararteko. Ello nos obliga a explorar la última vía, hasta ahora ladeada por falta de confianza… pero ya se van cosechando los primeros frutos.

A raíz de la promulgación del Decreto-Ley 11/2021 del 23 de julio, a favor de exigir el certificado de vacunación para acceder a ciertos espacios públicos en la CCAA de Canarias, la Asociación Liberum ha interpuesto denuncia contra su presidente Ángel Victor Torres, al entender que el Decreto contradice la Ley Orgánica 3/1986 y a su vez discrimina a una parte de la ciudadanía, máxime cuando el Tribunal Constitucional se reafirmaba en sentencia del 20 de julio, que dice que: «En España la vacunación es voluntaria».

Por indefinición jurídica e inacción de la oposición y del Defensor del Pueblo, queda en precario el ejercicio de hacer compatibles, el derecho a no medicarnos, con el derecho al libre acceso a todos los ámbitos de la vida pública en igualdad que los vacunados… el derecho a vivir sin coerción.

Entre los flecos jurídicos y el abuso patronal, un poder legislativo emulgente. En septiembre se ha dado una triple «coincidencia»: 1) Pfizer acuerda con el Departamento de Justicia pagar más de 60 millones de multa por soborno a médicos; 2) Pfizer se incorpora como nuevo miembro de la CEOE; 3) Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, clama al gobierno de Pedro Sánchez: «Hay que plantear en el diálogo social que se obligue a los trabajadores a vacunarse e incluirlo en los convenios»…otro socavón democrático por el covid-19.

«La gente que no se vacuna no puede circular por la calle. Es un peligro»; declaraba en DV, una profesora de física inglesa. Según datos del Ministerio de Sanidad, del 1 de junio al 31 de agosto de 2020 fallecieron por Covid 2.025 personas, y en ese mismo período de 2021, fallecieron 4.423, (solo en agosto 2.829) atribuidos a la variante Delta… ¿o efectos secundarios de las vacunas?

Pronunciamientos que pudieran encuadrarse, en apología de desobediencia a la Constitución. Anticonstitucionales sí, pero con desdecirse, todo queda en nada. Por ello siempre prueban, pues nunca pierden ya que su resolución siempre es ganar o en paz… también siempre es la parte popular quien paga las costas.

Pero además del recurso interpuesto al gobierno de Pedro Sánchez por la Asociación Liberum sobre pruebas de la existencia del virus SARS-Cov2, se ha pasado a explorar la vía judicial con argumentos de otra índole y calado, que esta vez sí, les va remover en el asiento, al haberse admitido a trámite, denuncias por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos.

A finales de septiembre, el ciudadano y activista a favor de los derechos fundamentales Fernando Vizcaino del canal digital ReVelión en la Granja, ha presentado una querella por la Ley de enjuiciamiento criminal artículos 259 y siguientes contra el Presidente del gobierno de Canarias Ángel Victor Torres y otros dos relevantes cargos públicos dependientes de ese gobierno, por malversación de caudales públicos, administración desleal, cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y tráfico de influencias.

La base de la denuncia, deviene del diferencial de precio de compra de los Test PCR por el Gobierno Canario a la empresa Biomaxima (15 euros/U) y el ofertado por la misma empresa a ReVelión en la Granja (5,80 euros/U).

¿Sabremos algún día a qué precio ha comprado el Gobierno vasco? Solo si EH Bildu o Podemos presentan la pregunta en el Parlamento Vasco. Hoy por hoy, estando amarrados e incentivados como se deduce… jamás sabremos a tiempo.

De la respuesta del Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Gipuzkoa en DV del 24/9 pudiera deducirse también, que en Euskadi y con la PCR, algo huele a podrido. Pero si líderes de la oposición como el Sr. Otegi, escapa de todo debate popular, ni pide ese dato al gobierno… ¿cual es su función real?

El presidente del CFG Miguel Ángel Gastelurrutia mostraba su decepción con el Gobierno Vasco, por su negativa continua a sus propuestas de colaboración: «… para ayudar y descargar de trabajo la Atención Primaria durante toda la pandemia. No han contado con nosotros. Puede ser que hayan pensado que utilizando el sistema de Osakidetza era suficiente… y lo que se ha visto es que han tenido muchos problemas».

Enfatiza con disgusto y sorpresa, cuando le preguntan sobre los test PCR en las farmacias a sabiendas de los excelentes resultados y coordinación que se han dado en el resto de países europeos y comunidades autónomas como Navarra, Aragón y Murcia…: «Les ofrecimos hacerlos en las farmacias y pasarles los resultados para que no hubiera positivos perdidos. La respuesta fue que no… ¿Por qué esa negativa? No lo sabemos».

Al igual que el cáncer tendría mas curación, el test PCR dejaría de hacerse, cuando deje de incentivar a más personas que lo que diagnostica en falso, y ese día ha llegado. Osakidetza a primeros de octubre abandona esta práctica, quizás previendo lo que se les viene encima… la vuelta del boomerang.

Once abogados acusan de prevaricación, homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, contra el Sr. Simón, Sr. Illa y Sr. Sánchez y el Gobierno al completo. Pero hoy, el «talón de Aquiles» para esos abogados, es de si hubo o no delito en las compras de suministros sanitarios (se refiere también a los test PCR)… «todo lo cual se hizo sin la preceptiva fiscalización administrativa».  

Todo el arco político, sindical, patronal y Ararteko, está alineado con las tesis sanitarias del Gobierno Vasco, y la gran mayoría de la ciudadanía cualificada desde lo universitario hasta lo médico, pasando por lo cultural y lo docente, está enmudecida, ante las cada vez mayores evidencias de que se trata de un fraude político a escala global y no de un problema sanitario. Si un 98% de la población goza de buena salud, ¿a que viene semejante prisa y propaganda institucional, para «inocularnos» con un medicamento experimental, desde sin receta hasta con coerción discriminatoria, (en el ámbito laboral, docente, etc.) condicionando el derecho a una vida normalizada y en igualdad para todos?

Los excesos impunes de autoritarismo sanitario del Sr. Urkullu, sobrepasan las líneas rojas del civismo democrático, envalentonando al Ararteko y Patronal, hasta el límite de mostrarse insensibles con los derechos humanos y laborales.

¿Qué hay detrás de todo este movimiento político erosivo/destructivo de la salud, del ánimo, de las economías familiares y pequeñas empresas, si con el aval de científicos acreditados, en todas las rogatorias cursadas a diferentes gobiernos, incluso al español, todos han contestado que no pueden demostrar de que el virus existe? Y aún se atreven: «Estamos en total disposición de ir a vacunar a los centros escolares». ¡Basta ya de tanta crueldad institucional y persecución a nuestros niños!!!… paren de una vez este holocausto.

Esta indisimulable persecución-coerción ilegal, es el segundo «talón de Aquiles» al que se deberá enfrentar el gobierno de Pedro Sánchez y presidentes autonómicos… como antesala del que les llegará como tercero y último.