La salida de la crisis económica que afecta a los países europeos supone tener una visión clara de lo acontecido y una comprensión de las  causas que nos han conducido a esta situación. En otras palabras, acertar con el tratamiento exige realizar un diagnóstico adecuado de la crisis.

Conviene recordar que todos los países de la Unión Europea se han enfrentado a una crisis financiera que se desarrolla a partir de la quiebra del banco de inversiones multinacional Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008. Esta quiebra, que resulta de la práctica generaliza de los subprimes o hipotecas basura por las entidades bancarias norteamericanas y, en menor medida, europeas, provoca un crisis de confianza entre los inversores y una caída rápida y notable de las bolsas del mundo entero. La generalización de esta crisis pone en peligro un gran número de entidades bancarias, aseguradoras y fondos de inversiones, hasta el punto de provocar un riesgo de crisis sistémica del sistema bancario internacional.

Ante esta situación, los bancos hacen un llamamiento a los estados miembros, al Banco Central Europeo y a las entidades internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional, para que los rescaten, bien nacionalizándolos temporalmente o tomando participaciones en estas entidades bancarias, bien prestándoles dinero en condiciones favorables en lo relativo a los tipos de interés, plazos de devolución, etc. Simultáneamente, los estados miembros elaboran e implementan planes de reactivación económica para evitar una recesión de la economía comparable al duro y largo periodo de depresión económica consecutivo al crack bursátil de 1929. Esta doble intervención de los estados provoca un aumento notable del déficit y de la deuda.

En ese momento, la Unión Europea y los estados que la componen hubiesen podido aprovechar la ayuda prestada para regular el sistema financiero. No en vano la virulencia de las declaraciones esconde cierta inacción en la materia, de modo que, a partir de 2009, los mercados financieros empiezan a expresar su preocupación sobre la capacidad de los estados para hacer frente a sus deudas soberanas. La consecuencia de esta preocupación ha sido el incremento de las primas de riesgo, lo que ha aumentado los tipos de interés practicados y ha dificultado la capacidad de financiación de los estados en los mercados financieros. Los tipos de interés han alcanzado tales niveles que varios países, entre los cuales se encuentran Grecia, Irlanda y Portugal, se  han visto obligados a solicitar la intervención de la troika (Unión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional).

A cambio de concederles préstamos con intereses razonables, la troika ha impuesto la aplicación inmediata de políticas macroeconómicas drásticas, sinónimo de recortes presupuestarios y de incrementos de impuestos. Estas políticas de austeridad han desembocado en la reducción de la inversión pública, del número de funcionarios y del gasto social, sanitario y educativo. Conviene añadir el aumento de los impuestos directos (IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto de Sociedades) e indirectos (IVA, impuestos especiales, etc.), lo que ha provocado una disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos y, por lo tanto, del consumo interno. Estas políticas pretendían reducir el déficit y el endeudamiento de los estados miembros en un plazo de tres años, a pesar de suponer una contracción de la economía y un aumento del desempleo a corto plazo.

En realidad, las políticas de austeridad han resultado ser ineficaces económicamente y desastrosas socialmente, puesto que, además de provocar un aumento del desempleo, de la precariedad laboral y de la pobreza, no han permitido reactivar la economía y reducir el déficit y el endeudamiento. Esto se debe a una infravaloración del efecto multiplicador de los recortes aplicados. Los economistas de la UE pensaban que una reducción del gasto equivalente al 1% del PIB generaría una reducción del déficit del 0,5%. En la práctica, el efecto multiplicador ha sido equivalente a -1,5% o -1,7%. Esto significa que la reducción del gasto ha propiciado un incremento del déficit y del endeudamiento del 0,5% al 0,7%.

La razón de esta situación es simple: la reducción de la inversión y del gasto   públicos provoca una contracción de la demanda, lo que obliga las empresas a reducir su producción y sus inversiones productivas, lo que, a su vez, las conduce a disminuir sus plantillas. El incremento del desempleo y el temor que genera un futuro incierto reducen el consumo interno y aumentan el gasto público, dado que es preciso indemnizar directamente o indirectamente a los parados. La consecuencia de todo ello es una profundización de los desequilibrios presupuestarios, lo que lleva los estados a aplicar nuevos recortes que agravan la situación en lugar de solucionarla o, al menos, de enderezarla.

Las consecuencias son notables para los estados de bienestar, ya que los recortes presupuestarios afectan a todos los sectores estratégicos, desde la educación y la sanidad hasta las políticas sociales y de empleo. Concretamente, las administraciones públicas reducen la oferta de empleo público, despiden a los interinos, disminuyen los salarios, reducen las prestaciones, indemnizaciones y ayudas de todo tipo, implementan el copago sanitario, posponen o abandonan la construcción de infraestructuras, etc. Asimismo, las partidas financieras destinadas a las becas, a los proyectos de investigación y a la compra de materiales y equipamientos retroceden. En otras palabras, en lugar de preparar el futuro, se hipoteca el mismo en nombre de consideraciones presupuestarias a corto plazo.