El centro de gravedad de la política vasca (y catalana) se ha desplazado, en principio, a Madrid, porque la relación de fuerzas entre bloques a escala estatal abre la vía directa de cambios estructurales desde una posible alianza progresista-soberanista. Y no es malo, en esta coyuntura, que sea así, porque nos ahorramos el trámite de la reivindicación ante las instituciones vascas para que hagan valer su influencia ante el Estado.

Y es que, alimentada por la llegada del lobo feroz de las ultraderechas de carnet o de discurso, la situación es inédita. Primero, por el giro del PSOE –uno de los pilares del régimen del 78– que parece dispuesto a dar algunos nuevos pasos (y los andados no le han pasado factura). De todas formas, más que de una reforma del modelo político, seguramente quepa presionar sobre las aristas más hirientes para las periferias. Segundo, las fuerzas soberanistas pueden hacer valer su llave de gobernabilidad y aprovechar la oportunidad.

El cuatrienio sería a la defensiva en los temas de la paz, derechos humanos, democracia y revisión de leyes, si terminara por gobernar el PP por repetición electoral. Pero debe ser a la ofensiva si hubiera nuevo gobierno Sánchez, necesitado de apoyos progresistas y de las naciones sin Estado. Estas están, por fuerza, obligadas a apretar el acelerador y ser más ambiciosas que en el pasado, entendiendo que, dentro de cuatro años o menos, pueden volver las tornas. Sin embargo, esa presión no debe ser tanta que sobrepase las líneas rojas socialistas (siempre difusas) y se tire «el niño con el agua de la bañera».

La coyuntura también es favorable para Euskal Herria porque EH Bildu se ha cargado de legitimidad y prestigio en su hacer político responsable también en España. Hay condiciones para hurgar en reformas penales y condicionar a ellas los apoyos políticos.

Los grupos catalanes ya se están moviendo en la buena dirección: lenguas minoritarias, hipotética ley de amnistía o indulto generalizado para los enjuiciados por el procés, alguna fórmula consultiva... Dejando aparte la agenda social, una parte de esa agenda política es también vasca, aunque no quepa plantearle al Gobierno de España, hoy, una ley de amnistía para los presos de ETA. Sí cabe exigir que se incida en los órganos jurisdiccionales para introducir interpretaciones legales de normalización jurídica, judicial y penitenciaria y, asimismo, se acometan algunas reformas legales.

La más práctica, y de resultados a corto, sería devolver la competencia de vigilancia penitenciaria a los juzgados territoriales (modificar la Ley 5/2003). No tiene sentido una excepcionalidad que favorece la politización de la gestión penitenciaria mediante recursos de Fiscalía que, saltándose los dictámenes de las Juntas de Tratamiento de cada prisión, impiden las progresiones de grado.

Una segunda sería modificar la Ley 7/2003 del cumplimiento íntegro de las penas y de ampliación de prisión efectiva hasta cuarenta años, al menos para delitos de intencionalidad política, puesto que las personas penadas no suponen una amenaza para la sociedad, ni se trata de una conducta incorregible de desprecio por la vida (como es el caso de algunos violadores y algunos sicópatas asesinos). Y más cuando se sabe que más de treinta años en prisión es más que sobrado y destructivo castigo para cualquier persona.

Igualmente, debe modificarse la Ley 7/2014 que permite no computar las penas cumplidas en prisiones de la UE.

Y todo ello, en un contexto de estructural parcialidad de la injusta e hipócrita justicia vigente que, sistemáticamente, ha librado de juicio o de prisión a los perpetradores de la violencia de Estado y a sus inspiradores.

Nada de lo dicho es posible sin un movimiento y movilización social potente por la convivencia, el diálogo y la normalización que necesita la sociedad vasca. Además de las movilizaciones de Sare o de Gure Esku, para hacerlo hay que abrir, al menos, dos debates.

Por un lado, para recargarse de legitimidad ante estas demandas y como facilitador central para desactivar los discursos punitivos, podría (debería) ser el cuatrienio en el que Sortu ajuste cuentas sobre el pasado de la izquierda abertzale como conjunto, mediante informe de reflexión autocrítica política sobre lo que se hizo bien o mal en los decenios pasados. No hacerlo afecta a EH Bildu. Es hora. Viene exigido, también, por la expectativa del sorpasso en el 2024. Es necesario un relato colectivo de la corriente, aunque seguro que le parecerá insuficiente a sus adversarios que, además, no tienen ninguna intención de hacer su propia autocrítica. Cabe ayudarles a hacerla en ese informe para que se miren también en su propio espejo.

Por otro lado, tras su disolución hay un hueco que ha dejado el Foro Social en lo relativo a derechos humanos, convivencia, democracia y normalización. Son temas de profundidad social y de largo plazo que afectan a la sanación colectiva. Se requiere una estructura que pueda dialogar con todo tipo de víctimas y sea factor de educación social de una sociedad aún traumatizada. ¿Debe Sare irrumpir en ese campo más allá de la política penitenciaria que es solo una parcela? Seguramente no.

Alternativamente, ¿se puede rescatar parte de la estructura del Foro Social y de sus componentes para cubrir ese espacio de sociedad civil? ¿Pueden ayudar al respecto, junto a gente joven preparada para ello, por ejemplo, personas que estuvimos en Demokrazia bai?

Lo dicho. Es tiempo de reformulaciones y de ofensiva.