En efecto, según el informe de la Misión de evaluación y de control de las leyes de financiación de la Seguridad social (MECSS) de 2011, el fraude a las prestaciones sociales efectuado por los particulares oscila entre dos y cuatro mil millones de euros. Dicho fraude puede consistir en no declarar inmediatamente la vuelta al empleo mientras se continúa percibiendo la prestación por desempleo, no señalar a los organismos sociales que las rentas del trabajo se han incrementado mientras se cobra la Renta de Solidaridad Activa (RSA), fingir una enfermedad para seguir cobrando las indemnidades por baja médica o beneficiarse indebidamente de las prestaciones familiares. En ese sentido, buena parte del llamado fraude a las prestaciones sociales resulta de un desajuste en los procedimientos administrativos que se subsana, en gran medida, gracias a un mayor control.

En cualquier caso, ese fraude social es muy inferior a la no-solicitud de los derechos sociales que consiste en el hecho de no beneficiarse de una prestación a la que una persona tiene derecho por ley.

Entre las rentas mínimas se encuentra la RSA que fue creada para conceder una renta complementaria a las rentas del trabajo cuando estas son insuficientes para poder vivir dignamente. Según la Dirección a la Animación de la Investigación, de los Estudios y de las Estadísticas (DARES), en 2011, la tasa de no-solicitud es del 68%, es decir que prácticamente 7 de cada 10 personas que tendrían derecho a obtener esta prestación no la solicitan, lo que representa una cuantía de 5,2 mil millones de euros, según el comité de evaluación de la RSA.
Pero no se trata de la única prestación social a la que no recurren los ciudadanos galos dado que la Cobertura Médica Universal (CMU), que es una cobertura sanitaria complementaria a destinación de las personas cuyos recursos son inferiores a 720 euros al mes, conoce en 2014 una tasa de no-solicitud que se sitúa entre el 21 y el 34% en función de los Departamentos. Esto representa una cuantía por repartir que oscila entre 160 y 560 millones de euros.

La Ayuda para la Complementaria Sanitaria (ACS) se encuentra en la misma situación dado que la ACS se dirige a personas cuyos recursos son inferiores a 973 euros mensuales. Se trata de un bono que las personas pueden utilizar para contratar a una complementaria sanitaria. Su tasa de no-solicitud se sitúa entre el 57 y el 70%, lo que representa una cuantía que varía entre 510 y 850 millones de euros.

Como lo subraya Céline Mouzon, se produce un fenómeno análogo con las prestaciones por desempleo, las tarifas sociales del gas y de la electricidad o el derecho a la vivienda. La no-solicitud de las ayudas sociales se explica a la vez por la escasa información, la falta de habilidades sociales, la complejidad administrativa, la vergüenza que sienten numerosos usuarios y la estigmatización de la que son víctima los beneficiarios de las prestaciones sociales. Y las administraciones públicas no intentan combatir esa no-solicitud porque les permite cuadrar las cuentas públicas o, al menos, no incrementar el déficit público.

Paralelamente a esa no-solicitud de las prestaciones sociales, es preciso mencionar el fraude social practicado por las empresas que supera de lejos el fraude de los ciudadanos. En efecto, según el último informe del Tribunal de Cuentas, el fraude de las empresas a la Seguridad social, por impago de las cotizaciones sociales, representa 21 mil millones de euros en 2012 y alcanza incluso 25 mil millones de euros si se amplía al seguro por desempleo y a las pensiones de jubilación complementarias, lo que representa el 5% del importe total de las cotizaciones sociales. En otros términos, el fraude social de las empresas representa un importe seis veces superior al fraude de las personas a las prestaciones sociales.

Los principales defraudadores constituyen la mayor parte del fraude social ya que representan entre 18,5 y 22,9 mil millones de euros, mientras que el resto (de 1,7 a 2 mil millones de euros) concierne las irregularidades contables. El fraude social es notable en ciertos sectores económicos tales como la construcción. En ese sector, el fraude social representa el 13,7%, aunque existan diferencias notables en función de la antigüedad de la empresa, el número de empleados y la edad del empresario. De hecho, el fraude aumenta con el carácter reciente de la empresa ya que es del 35,6% entre las empresas de menos de dos años mientras que se reduce al 2,9% en las empresas de más de 20 años. De la misma forma, el fraude es del 25,3% en las empresas con un empleado pero se reduce al 4,2% entre las empresas de más de 20 asalariados. Por último, el fraude es del 28,8% cuando el empresario tiene menos de 35 años mientras que esa tasa disminuye al 7,3% cuando el empresario tiene entre 50 y 60 años.

A la hora de luchar contra el fraude social, las administraciones públicas galas han puesto en marcha mecanismos de control adicionales, tales como una mayor conexión de los datos entre organismos sociales, la reforma de la inspección del trabajo que desemboca en la creación de unidades de control regionales de lucha contra el trabajo ilegal y la constitución de un grupo estatal especializado en el fraude sofisticado. La Delegación nacional de lucha contra el fraude (DNLF), compuesta por una decena de encargados de misión que apoya, desde 2008, los organismos sociales en el marco del Plan nacional de lucha contra el fraude, dirige desde hace un año un grupo que trabaja en red sobre el «datamining». Analiza los datos gracias a la ayuda de un método econométrico que corrige las desviaciones estadísticas y permite identificar a los defraudadores sociales.

Como lo precisa Sandrine Foulon, el «datamining» permite no limitarse a los sectores de la construcción y hostelería a los que se asocia habitualmente el fraude social. En función de ciertos criterios (tamaño, sector, retraso en los pagos, etc.), los estadísticos interpretan los datos y evitan así que ciertas empresas escapen al control de las instituciones encargadas de controlarlas. Pero, esto supone que los estadísticos y controladores colaboren, sabiendo que los controladores son reticentes a perder el monopolio de la lucha contra el fraude social, lo que dificulta la cooperación entre ambas profesiones.

Por último, el Ministerio de Hacienda galo contempla la posibilidad de lanzar una amplia encuesta nacional para identificar, con mayor precisión, el perfil de los defraudadores sociales, a imagen de lo que ha realizado el gobierno canadiense con cierto éxito. Esta encuesta ha sido seguida por una amplia campaña de comunicación que aspira a estigmatizar a los defraudadores.

En definitiva, el fraude de los ciudadanos a las prestaciones sociales es muy inferior a la no-solicitud de los derechos sociales y al fraude empresarial. No en vano, tanto el debate político como el discurso mediático centran su atención en el fraude ciudadano, por una parte, porque no interesa a las instituciones poner de manifiesto la no-solicitud por razones presupuestarias y, por otra parte, porque no interesa a las empresas insistir en el fraude por impago de las cotizaciones sociales. En ese sentido, convendría reorientar el debate y poner el énfasis sobre las principales fuentes de fraude social.